Por Redacción Que tal tu Día
La democracia argentina vivió hoy una jornada de contrastes violentos. Por un lado, una ciudadanía movilizada digitalmente que alcanzó la cifra inédita de 100.000 inscripciones para defender la Ley de Glaciares; por el otro, un Congreso de la Nación blindado por fuerzas de seguridad y una metodología de participación que roza el simulacro. El Gobierno Nacional, decidido a modificar la normativa que protege las reservas estratégicas de agua dulce, optó por el camino del embudo: de ese universo de voluntarios, apenas permitió el acceso a la palabra a una ínfima minoría.
La opacidad fue el denominador común del inicio de las audiencias en las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. A pesar de los pedidos de la oposición y de las organizaciones ambientales, el oficialismo se negó a publicar el listado completo de los 400 oradores supuestamente admitidos. Peor aún: no se informó bajo qué parámetros técnicos o políticos se eligió a quienes podían hablar y quiénes debían callar. Durante la jornada de este miércoles, el "filtro" fue todavía más estrecho, permitiendo la intervención de solo 80 personas, dejando en el aire la incertidumbre de si el resto podrá hacerlo en los días subsiguientes o si el dictamen se firmará a espaldas del padrón de inscriptos.
El nudo del conflicto no es solo formal, sino de supervivencia ambiental. El proyecto que impulsa la Casa Rosada pretende recortar el área de protección, quitándole el estatus de "intocable" al ambiente periglacial. En términos llanos: si la reforma avanza, miles de hectáreas de suelo congelado que alimentan nuestras cuencas hídricas en épocas de sequía quedarán a merced de la dinamita y el cianuro de la megaminería transnacional. Para el Gobierno, estos suelos son solo "obstáculos geológicos" para el desarrollo; para los científicos del IANIGLA y las asambleas del agua, son el seguro de vida de las futuras generaciones.
"Es una lista fantasma. No sabemos quiénes son los 400, ni por qué ellos sí y los otros 99.600 no", fustigaron desde las organizaciones que permanecieron fuera del vallado policial. La estrategia oficial parece clara: agotar el tiempo, burocratizar la protesta y ofrecer una fachada de "debate público" para cumplir con las formas legales, mientras el fondo del asunto ya parece estar sellado en los despachos del Ministerio de Economía.
Mientras el frío de la alta montaña se siente cada vez más lejos de los despachos porteños, la tensión política sube de temperatura. El oficialismo busca dictaminar antes del 8 de abril, acelerando un proceso que, por su magnitud y consecuencias, requeriría meses de análisis transparente. Por ahora, la Ley de Glaciares está en el limbo, atrapada entre la urgencia de divisas y el clamor de un país que, aunque le cierren el micrófono, ya dejó claro que el agua no se negocia.
