Por Redacción Qué tal tu Día

Mendoza nació de un desierto gracias a un acuerdo tácito: el agua es de todos, pero su prioridad es la vida y la producción de alimentos. Ese pacto, cristalizado en la Ley de Aguas de 1894, hoy tambalea. Bajo la bandera de la "modernización" y la "eficiencia hídrica", la gestión de Alfredo Cornejo avanza con un nuevo Código de Aguas que, para especialistas y asambleas, esconde un caballo de Troya extractivista.

El nudo del conflicto tiene número propio: el Artículo 69. En el borrador oficial, este apartado otorga al Gobernador de turno la facultad de alterar el orden de prioridades en el uso del recurso. Actualmente, tras el consumo humano, el riego agrícola es la prioridad absoluta. Con el nuevo texto, el Ejecutivo podría decidir que un proyecto minero o un desarrollo inmobiliario de lujo tienen "mayor valor económico o social", desplazando así el derecho de los regantes históricos.

El fin de la "certeza" para el productor

La preocupación en las Inspecciones de Cauce es total. "Si el agua deja de estar atada a la tierra para pasar a estar atada a la voluntad política, se acaba la seguridad jurídica del productor", señalan desde los oasis del sur. La crítica no es caprichosa: en un contexto de crisis hídrica estructural (con los ríos en mínimos históricos), cualquier gota que se entregue a la minería es una gota que se le resta a la vid, al olivo o al arbolado público.

Desde el Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli defiende el proyecto alegando que la ley de finales del siglo XIX no contempla el cambio climático. Sin embargo, el "clima" que se respira en la calle es de desconfianza. El antecedente del "Distrito Minero Malargüe" y la presión por flexibilizar la Ley 7722 alimentan la teoría de que este Código es la herramienta legal necesaria para "limpiar" el camino a las multinacionales sin pasar por debates legislativos exhaustivos cada vez que se necesite agua.

¿Eficiencia o privatización?

Otro punto gris es el concepto de "eficiencia". El nuevo esquema propone que aquellos que no cumplan con ciertos estándares tecnológicos de riego podrían perder sus turnos de agua. Lo que suena lógico desde la ingeniería parece una sentencia de muerte para el pequeño productor que, asfixiado por la inflación y la falta de crédito, no puede invertir en sistemas de goteo.

¿Es una modernización necesaria o una ingeniería social para desplazar al pequeño campesino y concentrar el recurso en manos de grandes capitales? Mendoza se asoma a una discusión que no es técnica, sino profundamente política: quién decide qué vida florece y cuál se seca en el desierto.