Por Redacción Qué tal tu Día
Mientras el discurso oficial pregona el "no hay plata" y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se jacta de achicar el Estado, los papeles de Cancillería cuentan una historia de privilegios. En los últimos días estalló un escándalo que pone la lupa sobre el ministro y su esposa, María Josefina Rouillet, tras confirmarse que el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó un contrato de 114 millones de pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad que ella dirige.
La cifra se vuelve obscena al desglosar los datos: el propio Gobierno admitió que para el ciclo actual solo se inscribieron 10 alumnos. Esto significa que el Estado nacional desembolsará más de 11 millones de pesos por cada estudiante, una cifra que pulveriza cualquier estándar de mercado.
Para justificar la falta de licitación, la Cancillería —bajo la gestión de Pablo Quirno— utilizó la figura de "Adjudicación Simple por Especialidad", alegando que la AACI era el único "centro platino" en la Ciudad de Buenos Aires para ciertos exámenes de Cambridge. Sin embargo, la realidad desmiente el argumento oficial: existen otras entidades con acreditaciones similares que podrían haber competido en una licitación pública. La supuesta exclusividad fue el paraguas para una contratación directa que evitó la comparación de precios.
El contraste con años anteriores es demoledor. En 2024, el Estado pagaba un promedio de 400 mil pesos por alumno a la misma entidad. Para 2026, el pliego prevé saltar a 132 agentes, multiplicando sospechosamente la previsión de alumnos para intentar "licuar" el costo por cabeza en los papeles, aunque hoy la realidad muestra aulas vacías pagadas a precio de oro.
La situación ya escaló al plano judicial. Esta semana se radicaron denuncias penales en Comodoro Py contra Sturzenegger y Quirno por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias. La agrupación Arco Social impulsó la presentación que recayó en el juzgado de Sebastián Ramos, donde se investigará si el "Pacto de Integridad" que firmó el Gobierno fue solo una formalidad para cubrir un beneficio familiar.
En un país donde el ajuste golpea a jubilados y trabajadores, los 114 millones para el "inglés premium" de la familia ministerial suenan a una bofetada de privilegio en plena crisis.
