La narrativa de la seguridad pública ha dado un giro inquietante. En la previa de una semana marcada por el debate de la reforma laboral en el Congreso —previsto para los días 18, 19 y 20 de febrero—, el Ministerio de Seguridad de la Nación difundió un documento que, bajo la apariencia de "recomendaciones logísticas", funciona como un condicionamiento directo al ejercicio periodístico.
El texto oficial instruye a periodistas, camarógrafos y personal de apoyo a ubicarse en una zona exclusiva sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 1700. Sin embargo, el punto que genera mayor rechazo es la advertencia de que cualquier cobertura fuera de los límites establecidos será considerada una "autopuesta en peligro".
Este término no es inocuo: es una construcción legal y política que busca eximir al Estado de su responsabilidad primaria. Al etiquetar la labor informativa en el lugar de los hechos como una imprudencia personal, el Gobierno intenta blindar el accionar de las fuerzas de seguridad. Si un trabajador de prensa resulta herido por gases o postas de goma mientras registra una detención o un exceso policial fuera del perímetro, la respuesta oficial ya está escrita: fue su propia negligencia la que lo expuso.
La medida se da en un clima de extrema tensión, donde el Ejecutivo parece considerar la presencia de cámaras como un obstáculo y no como una garantía democrática. Intentar convertir a los cronistas en espectadores de palco es, en la práctica, una forma de censura logística. El periodismo no es una actividad de oficina; su esencia es testificar lo que ocurre, especialmente cuando el uso de la fuerza pública entra en juego.
La seguridad de quienes informan debe ser garantizada por el Estado, no utilizada como una moneda de cambio para que la prensa se limite a mostrar solo lo que el protocolo permite ver.
