NACIONALES
31 de enero de 2026
Baja de imputabilidad en Argentina: entre la urgencia por la seguridad y la advertencia de la Iglesia
El Gobierno nacional impulsa en sesiones extraordinarias la reducción de la edad de responsabilidad penal a los 13 años. Mientras el oficialismo busca dar respuesta al reclamo social por la inseguridad, la Iglesia y expertos advierten que la medida es insuficiente sin un cambio estructural en el sistema de protección.
POR: Que tal tu Día
La discusión sobre el Régimen Penal Juvenil ha salido del terreno de las promesas para instalarse en el Congreso. El proyecto oficial, que busca derogar la ley de la última dictadura (22.278), plantea que los adolescentes de 13 años sean penalmente responsables. El argumento central del Ministerio de Seguridad es que "el Estado no puede ser espectador ante delitos graves cometidos por quienes comprenden la criminalidad de sus actos".
La postura de la Iglesia: El límite de lo punitivo
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ha sido clara en su última declaración: la baja de la edad no es una "solución mágica". Para la Iglesia, el foco debe estar en la prevención del reclutamiento de menores por parte de bandas narcocriminales.
Desde la Pastoral Social advierten que:
• El 90% de los menores que ingresan al sistema penal presentan consumos problemáticos de sustancias.
• La falta de infraestructura en las provincias convertiría a los nuevos centros de detención en "depósitos de jóvenes" sin horizonte de reinserción.
• Es imperativo fortalecer la Ley de Protección Integral de Niñez antes de ampliar el alcance de la ley penal.
El espejo regional: ¿Sirvió bajar la edad?
Al observar la experiencia de países vecinos que ya cuentan con edades de imputabilidad más bajas, los datos de los ministerios de justicia locales muestran un panorama complejo:
• Uruguay (13 años): A pesar de tener una edad baja, el país debatió en 2014 bajarla aún más (a los 16 para delitos graves, mediante plebiscito) y la ciudadanía lo rechazó. Los datos indican que el endurecimiento de penas en adolescentes no se tradujo en una baja proporcional de la criminalidad adulta.
• Chile (14 años): Implementó un sistema donde la privación de libertad es el último recurso. Si bien ha logrado niveles de reincidencia controlados, el costo por cada plaza de rehabilitación es 5 veces superior al de una cárcel común, algo que hoy es un desafío presupuestario para Argentina.
• España (14 años): Es el modelo que el Gobierno mira con atención. Allí, la Ley del Menor prioriza el régimen cerrado solo para casos de extrema gravedad. Los expertos españoles coinciden en que la clave no fue la edad, sino la rapidez del juicio y la calidad de los equipos de psicólogos y trabajadores sociales.
Dato Clave: Según el último informe de la Corte Suprema de Justicia, los delitos cometidos por menores de 16 años representan menos del 3,5% del total de hechos violentos en el país, lo que alimenta el debate sobre si la medida tendrá un impacto real en la seguridad general o si es una respuesta simbólica.
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