En los primeros meses del gobierno de Javier Milei, una operación realizada con absoluto hermetismo encendió una de las mayores controversias económicas de la administración libertaria: el traslado de parte de las reservas de oro del Banco Central al exterior.

Lo que inicialmente fue una versión periodística terminó siendo reconocido por el propio Banco Central. Sin embargo, la confirmación oficial nunca vino acompañada de las respuestas que reclamaban legisladores, organismos de control, economistas y la Justicia.

Dos años después, el interrogante continúa abierto: ¿qué ocurrió realmente con el oro argentino?

Del secreto a la confirmación oficial

Las primeras sospechas aparecieron durante junio y julio de 2024, cuando trascendieron movimientos de lingotes desde las bóvedas del Banco Central.

Durante semanas el Gobierno evitó brindar precisiones.

Finalmente, el propio BCRA confirmó que había realizado transferencias de parte de sus reservas de oro al exterior, aunque decidió no informar públicamente ni la cantidad trasladada, ni el destino de los lingotes, ni las operaciones financieras involucradas, argumentando razones de seguridad y confidencialidad.

El entonces ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la decisión sosteniendo que mantener el oro inmovilizado no generaba rendimiento y que colocarlo en entidades del exterior permitía obtener rentabilidad o utilizarlo como garantía para operaciones financieras internacionales.

¿Londres? ¿El BIS? ¿Un repo?

Desde el comienzo aparecieron distintas hipótesis sobre el destino del oro.

Diversos medios especializados y analistas financieros señalaron que los lingotes podrían haber sido depositados en el Banco de Inglaterra o en cuentas vinculadas al Banco de Pagos Internacionales (BIS), organismos utilizados habitualmente por bancos centrales para operaciones de custodia, préstamos o acuerdos de recompra (repo).

Sin embargo, el Gobierno nunca confirmó oficialmente cuál fue el destino definitivo de esos activos, por lo que esas versiones permanecieron como hipótesis periodísticas y financieras.

La Justicia intervino

El secreto oficial terminó trasladando la discusión a los tribunales.

La Asociación Bancaria y el diputado nacional Sergio Palazzo promovieron distintos pedidos de acceso a la información pública para conocer:

• cuántos lingotes fueron enviados;

• qué monto representaban;

• quién autorizó la operación;

• qué empresas participaron del traslado;

• cuál fue el destino;

• bajo qué contratos se realizó la maniobra.

El Banco Central rechazó inicialmente entregar esa documentación alegando que revelar esos datos podía comprometer la seguridad de las reservas y afectar la estabilidad financiera.

Pero a fines de 2025 la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó esa postura y ordenó al organismo responder los pedidos de información o justificar, de manera concreta y específica, por qué determinados datos debían permanecer reservados.

La falta de documentación quedó bajo la lupa

Uno de los aspectos que más controversia generó fue la documentación que respaldó la operación.

Distintas publicaciones periodísticas difundieron que el propio Banco Central reconoció, en el marco de requerimientos institucionales y judiciales, la inexistencia de determinados contratos de colocación vinculados con esa operatoria, situación que derivó en nuevas críticas sobre los mecanismos utilizados para administrar un activo estratégico del Estado.

Ese punto pasó a formar parte de los cuestionamientos que hoy continúan bajo análisis.

¿Dónde está hoy el oro?

A julio de 2026 esa pregunta sigue sin tener una respuesta pública completa.

No existe información oficial difundida que detalle:

• la ubicación precisa de todos los lingotes trasladados;

• qué rendimiento obtuvieron;

• qué costos implicó la operación;

• qué garantías financieras se constituyeron;

• ni cuál fue el beneficio económico concreto para el Banco Central.

La propia Auditoría General de la Nación manifestó en distintas oportunidades las dificultades para acceder a esa información, mientras la Justicia continúa exigiendo mayores precisiones.

Un debate que excede la economía

El traslado del oro no abrió solamente un debate financiero. También puso sobre la mesa una discusión institucional.

Las reservas internacionales constituyen uno de los principales activos estratégicos del Estado argentino y forman parte del respaldo patrimonial del Banco Central.

Por esa razón, especialistas sostienen que las decisiones sobre su administración requieren no solo fundamentos técnicos sino también adecuados niveles de transparencia y control parlamentario.

El Gobierno, por su parte, continúa defendiendo que la administración de reservas exige confidencialidad para proteger los intereses financieros del país.

Dos años después, más preguntas que respuestas

A casi dos años de aquella decisión, el caso permanece abierto. Lo que sí está confirmado es que el oro salió del país. También está confirmado que el Banco Central reconoció el traslado y que la Justicia ordenó entregar información sobre la operatoria.

Lo que todavía no aparece con claridad es el detalle completo de una maniobra que involucró miles de millones de dólares en uno de los activos más sensibles de la República Argentina.

Mientras tanto, el misterio sobre el destino definitivo del oro argentino continúa siendo uno de los capítulos menos transparentes del comienzo del gobierno de Javier Milei.