La reforma laboral de Javier Milei, que el oficialismo busca sancionar en febrero, atraviesa su momento más crítico. Lo que nació como una iniciativa para "modernizar" el mercado de trabajo ha terminado por unir en el reclamo a actores tradicionalmente enfrentados. Por un lado, las tres cámaras patronales con mayor peso territorial y sectorial —CAME, CAC y Adimra— han hecho pública su desconfianza; por el otro, los gobernadores advierten que no acompañarán un texto que desfinancie sus provincias.
El "fuego amigo" de las patronales
La mayor sorpresa para la Casa Rosada fue la rebelión de las cámaras empresarias. A través de notas enviadas a senadores y gobernadores, la Cámara de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) objetaron cinco artículos clave.
El núcleo de la discordia es el Artículo 126, que elimina las "cláusulas obligacionales". Para el ministro Federico Sturzenegger, son "cajas" que encarecen el costo laboral; para las cámaras, son el sostén del sistema de capacitación y previsión sectorial.
"La aprobación de estos artículos traería aparejada conflictividad jurídica y social, además de inestabilidad e incertidumbre", advirtió Ricardo Diab, titular de CAME.
El factor Ganancias: El ultimátum de las provincias
En paralelo, la liga de gobernadores —encabezada por mandatarios de peso como Axel Kicillof (PBA), Martín Llaryora (Córdoba) y Alfredo Cornejo (Mendoza)— ha marcado la cancha. El proyecto incluye una reforma tributaria encubierta que reduce las alícuotas de Ganancias para sociedades, lo que impactaría en la coparticipación con una caída de $1,5 billones anuales.
La respuesta oficial: La "zanahoria" de la mesa política
Ante la posibilidad de una derrota legislativa, la mesa política del Gobierno (integrada por Santiago Caputo, Diego Santilli y los hermanos Menem) ya trabaja en una concesión mayor: retirar el capítulo de Ganancias. El objetivo es que los gobernadores "bancan" el núcleo de la reforma laboral a cambio de no ver afectados sus ingresos. La apuesta libertaria es dar una "señal de mercado" antes de marzo, aunque para ello deba sacrificar uno de los pilares de su desregulación impositiva.
