Por: Que tal tu día
El fútbol de Mendoza atraviesa sus horas más oscuras. Lo que comenzó como un conflicto por la organización de partidos derivó en una crisis institucional sin precedentes. El gobernador Alfredo Cornejo tiene sobre su escritorio un informe técnico lapidario que justifica la intervención de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF) a través de la Dirección de Personas Jurídicas.
El detonante final fue el "bochorno" —en palabras de funcionarios oficiales— vivido este domingo en el estadio de Gutiérrez Sport Club. La final del fútbol femenino entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia debió suspenderse por segunda vez consecutiva debido a incidentes violentos y la presencia de barras que duplicaron el aforo permitido, poniendo en riesgo la integridad de jugadoras y familias.
Las claves de la intervención
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, encabezado por Mercedes Rus, y a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad liderada por Hernán Amat, se han detallado tres ejes que fundamentan la medida:
1. Irregularidades Administrativas: Autoridades (vicepresidentes y secretarios) que no están debidamente asentadas ni registradas en Personas Jurídicas.
2. Crisis Financiera y Judicial: Una causa penal en curso por presunto fraude con certificados médicos apócrifos y malversación de fondos que involucra a la cúpula directiva.
3. Connivencia con Barras: El Gobierno apunta a una "connivencia" entre dirigentes y sectores violentos para sabotear eventos, especialmente en el ámbito del fútbol femenino.
La reacción de la Liga: ¿Renuncia o resistencia?
Ante la inminencia del decreto, el presidente de la LMF, Omar Sperdutti, emitió un comunicado en el que anunció su intención de adelantar las elecciones para "preservar al fútbol mendocino". Sin embargo, para el entorno de Cornejo, este movimiento es visto como un intento tardío de evitar que el Estado tome el control de los libros y las cuentas de la institución.
La intervención, que se ampara en el artículo 61 de la ley de Personas Jurídicas, tendría un plazo inicial de 6 meses con el objetivo exclusivo de regularizar la entidad y convocar a una asamblea transparente.
