La causa que involucra al exsubsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, volvió a sacudir el escenario político y judicial de la provincia. A las denuncias de su expareja por presuntos hechos de violencia de género, abuso sexual y lesiones se sumó ahora la difusión de un video que, según una investigación periodística, lo mostraría participando de una videollamada de contenido sexual desde su despacho en Casa de Gobierno. La aparición de esas imágenes reabrió el debate sobre el uso de recursos públicos durante su gestión, mientras el expediente penal incorporó nuevos testimonios y se encamina hacia una instancia pericial prevista para diciembre.
Las novedades de las últimas horas muestran que la investigación sigue avanzando, aunque también permanece atravesada por fuertes diferencias entre la querella y la defensa. Este viernes 6 de noviembre se conoció la declaración de un empresario que fue empleador de la denunciante y negó haber recibido presiones del entonces funcionario para desvincularla. Al mismo tiempo, quedó confirmada la realización de una pericia psicológica sobre la mujer durante diciembre, una medida que ambas partes consideran relevante, aunque le asignan interpretaciones muy diferentes.
Los videos y el despacho del tercer piso
El 3 de noviembre, el portal El Otro publicó una investigación titulada “Caso D’Agostino: si hay foto, hay video”, en la que difundió registros de una videollamada que atribuye al exsubsecretario de Justicia. Según el medio, en las imágenes se observa al entonces funcionario participando de una comunicación de contenido sexual mientras se encontraba en el despacho que ocupaba en el tercer piso de Casa de Gobierno, a pocos metros de la oficina del gobernador Alfredo Cornejo.
La publicación sostiene que pudo identificar el lugar por las ventanas, las cortinas y distintos elementos del mobiliario que ya habían aparecido en fotografías difundidas anteriormente. También afirma que accedió a archivos digitales vinculados con un teléfono celular que el Gobierno provincial le había proporcionado a D’Agostino durante su desempeño como funcionario. El medio asegura que algunas capturas de la videollamada habrían sido compartidas desde plataformas digitales vinculadas al exsubsecretario con otras personas.
La investigación periodística agrega así un nuevo elemento a las fotografías de contenido sexual que el mismo portal había difundido en septiembre y que también atribuyó al dispositivo oficial del exfuncionario. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se conoció una comunicación oficial que certifique la autenticidad técnica de los nuevos registros, determine la fecha exacta en que fueron grabados o confirme que el material haya sido incorporado formalmente a la causa penal. Esa distinción es importante: la publicación existe y sus afirmaciones son de interés público, pero su contenido todavía requiere las comprobaciones correspondientes.
El interrogante institucional, de todos modos, es inevitable. Si se confirma que D’Agostino utilizó su despacho oficial para realizar actividades ajenas a sus responsabilidades y que el dispositivo entregado por el Estado almacenaba o compartía ese material, el Gobierno provincial deberá explicar qué controles existieron sobre esos recursos y si se inició alguna revisión administrativa. El interés público no está en la intimidad de la mujer que aparece en la videollamada —cuya identidad debe preservarse—, sino en la conducta atribuida a quien ocupaba un cargo estratégico y en el eventual uso de bienes financiados por los contribuyentes.
La denuncia que terminó con su salida del Gobierno
El expediente penal comenzó el 10 de abril de 2026, cuando una expareja de D’Agostino presentó una denuncia en la que lo acusó por presuntos hechos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y graves, amenazas coactivas y otros episodios de violencia de género. Al día siguiente, el entonces funcionario presentó su renuncia y el gobernador Alfredo Cornejo aceptó su salida. D’Agostino ocupaba la Subsecretaría de Justicia desde 2015 y había tenido participación en áreas centrales de la estructura institucional de la provincia.
El 23 de abril, la fiscal de Instrucción Valeria Bottini avanzó con la imputación por amenazas coactivas en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de guerra. Esta última acusación se relacionó con un arma encontrada durante un procedimiento realizado en su vivienda, cuya autorización de tenencia se encontraba vencida. El exfuncionario se presentó ante la Justicia, negó las acusaciones y sostuvo que el permiso del arma había sido renovado.
Hay una precisión procesal que no debe perderse de vista: al 6 de noviembre, D’Agostino permanece imputado por coacciones y tenencia ilegal de arma de guerra, pero no se había informado una imputación formal por abuso sexual con acceso carnal. Esa acusación forma parte de la denuncia de su expareja y continúa bajo investigación. El exsubsecretario permanece en libertad mientras avanza el expediente.
La defensa, integrada por los abogados Daniel Sosa Arditi, Sofía Sosa Arditi y Eduardo de Oro, cuestionó distintos aspectos de la investigación y sostuvo que se produjeron demoras en la incorporación de pruebas. En paralelo, D’Agostino presentó una contradenuncia contra su expareja por presunta denuncia falsa, falso testimonio y tentativa de extorsión. De esta manera, la causa quedó atravesada por acusaciones cruzadas y estrategias judiciales contrapuestas, mientras la fiscalía debe avanzar sobre los hechos denunciados y determinar qué elementos cuentan con respaldo probatorio.
La pericia psicológica que se realizará en diciembre
Una de las novedades centrales de esta semana es la confirmación de la pericia psicológica sobre la denunciante. Según informaron Los Andes y MDZ el 5 de noviembre, el estudio se realizará durante diciembre y comprenderá seis sesiones a lo largo del mes. La medida había sido dispuesta por la fiscalía, pero su concreción quedó postergada por el estado emocional y de salud de la mujer, una circunstancia que generó un fuerte contrapunto entre la querella y la defensa.
La abogada de la denunciante, María Elena Quintero, confirmó que fue su propia representada quien solicitó avanzar con la evaluación. Según explicó, anteriormente no se encontraba en condiciones personales y de salud para afrontar una instancia que implica reconstruir hechos que denuncia como traumáticos. La querella sostiene que someterla a ese proceso sin un abordaje adecuado podía implicar una nueva situación de revictimización y rechaza que las demoras hayan respondido a una maniobra para obstaculizar la investigación.
Desde la defensa de D’Agostino, en cambio, vienen cuestionando los plazos y sostienen que la realización de la pericia se demoró de manera injustificada. Los abogados consideran que sus resultados serán relevantes para la estrategia defensiva y para el análisis del relato de la denunciante. La diferencia entre ambas posiciones volvió a quedar expuesta en las últimas audiencias, donde también se discutieron cuestiones vinculadas con la historia clínica y el acceso a información médica.
La evaluación será una medida más dentro de una investigación que debe reconstruir hechos, analizar testimonios y valorar evidencia de distinta naturaleza. Su resultado no puede convertirse en una sentencia anticipada ni en un mecanismo automático para determinar si una denuncia es verdadera o falsa. La responsabilidad de establecer qué ocurrió corresponde a la investigación judicial a partir del conjunto de las pruebas, no de una lectura aislada de un informe psicológico.
El empresario declaró y negó presiones para despedir a la denunciante
La última novedad judicial, conocida este viernes 6 de noviembre a través de Sitio Andino, fue la declaración de un empresario mendocino que había sido empleador de la denunciante. El testigo permaneció aproximadamente tres horas ante la fiscalía y negó haber recibido presiones de D’Agostino para desvincular laboralmente a la mujer. Según su versión, la decisión respondió a un recorte de personal que alcanzó a cientos de trabajadores durante ese período.
La declaración se relaciona con uno de los episodios mencionados por la denunciante, quien había sostenido que perdió su empleo luego de finalizar la relación con el exfuncionario y atribuyó esa desvinculación a supuestas gestiones de D’Agostino para perjudicarla. El empresario negó conocer al exsubsecretario y aseguró que nunca mantuvo contacto con él, ni directo ni indirecto, para resolver la situación laboral de la mujer.
La defensa presentó el testimonio como un elemento que contradice esa parte del relato y destacó que el empresario atribuyó el despido a una reducción general de personal. La declaración deberá ser valorada por la fiscalía junto con el resto de las pruebas y los antecedentes laborales que se incorporen al expediente. Que un testigo niegue haber recibido presiones es un dato relevante, pero no resuelve por sí mismo el conjunto de las acusaciones que se investigan.
El caso vuelve a mostrar la importancia de analizar cada episodio por separado. La discusión sobre la desvinculación laboral tiene sus propios elementos y testimonios, pero no reemplaza la investigación de las denuncias por violencia de género, amenazas y abuso sexual. La causa debe avanzar sobre cada hecho con evidencia concreta, sin que una declaración sea utilizada para cerrar anticipadamente cuestiones que todavía permanecen abiertas.
Nulidades y una nueva instancia ante un tribunal de segunda instancia
El expediente también estuvo atravesado por una sucesión de controversias procesales. Uno de los episodios más relevantes fue la recusación de la conjueza María Jimena Pina González, cuya intervención fue cuestionada por la querella. El planteo llegó a una instancia superior y finalmente no prosperó, por lo que la magistrada continuó interviniendo en el proceso.
En septiembre, Pina González rechazó nueve planteos de nulidad presentados por la representación de la denunciante. Entre los cuestionamientos figuraban pedidos relacionados con la intervención de organismos técnicos del Ministerio Público Fiscal en las pericias, el alcance del secreto periodístico durante una declaración testimonial y otras decisiones adoptadas durante la investigación. La querella anticipó que apelaría la resolución.
La revisión en segunda instancia sigue pendiente. Las últimas publicaciones periodísticas señalan que la audiencia ante un tribunal penal se realizará en los próximos días y que el tratamiento alcanzaría dos de las nueve incidencias rechazadas. Al cierre de esta nota no se había difundido una resolución que permita informar el resultado de esa revisión. Por eso, el expediente todavía tiene abierto ese frente de discusión procesal.
La sucesión de recusaciones, nulidades y presentaciones cruzadas convirtió el caso en una causa de fuerte exposición pública. También instaló interrogantes sobre la independencia y la transparencia del trámite, especialmente por los vínculos institucionales que D’Agostino construyó durante su extensa permanencia en el área de Justicia. Esos cuestionamientos deben resolverse con decisiones fundadas y procedimientos verificables, no mediante sospechas ni operaciones de una u otra parte.
El Gobierno también tiene preguntas que responder
La renuncia de D’Agostino puso fin a su paso por la Subsecretaría de Justicia, pero no clausuró las responsabilidades institucionales que pueden derivarse de su gestión. La difusión de videos atribuidos al exfuncionario desde su despacho y la referencia a un teléfono entregado por el Estado abren una discusión que no debería quedar absorbida por la disputa penal entre la denunciante y el exsubsecretario.
Si el material difundido por El Otro es auténtico y se confirma que las comunicaciones se realizaron desde una oficina oficial, el Gobierno provincial debería informar qué sabe sobre esos registros, qué ocurrió con el dispositivo y si se inició alguna revisión interna sobre el uso de los recursos públicos. También corresponde aclarar si el teléfono fue sometido a una extracción integral de información y si existen elementos relevantes que todavía no fueron incorporados a la investigación. La salida del funcionario no reemplaza esas explicaciones.
Mientras tanto, la causa penal se encamina a diciembre con una pericia psicológica que se realizará en seis sesiones, nuevos testimonios incorporados y una disputa procesal que continúa abierta. D’Agostino sigue imputado por amenazas coactivas y tenencia ilegal de arma de guerra, mientras que las acusaciones por abuso sexual y lesiones esperan avances en la investigación.
El caso dejó de ser solamente el expediente de un exfuncionario denunciado por su expareja. También se convirtió en una prueba para las instituciones mendocinas: la Justicia debe investigar con rigor, proteger a quien denuncia y garantizar el derecho de defensa; el Gobierno, por su parte, debe explicar qué ocurrió con los recursos públicos bajo responsabilidad de uno de sus hombres de mayor confianza. La pregunta de fondo sigue vigente: ¿hasta dónde llegan los controles cuando las sospechas alcanzan a quienes ocuparon lugares centrales dentro del poder?
