Una mañana de tensión y angustia se vivió en las oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio porteño de Belgrano, cuando un grupo de trabajadores, profesionales y familiares de personas con discapacidad decidió ingresar por la fuerza al edificio ante la falta de respuestas del Gobierno.
El reclamo, que se desarrollaba desde temprano frente a la sede ubicada en avenida Cabildo 3067, giraba en torno a la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial, pero luego congelada por decisión del Ejecutivo.
Según los manifestantes, las autoridades del organismo —encabezadas por el interventor Alejandro Vilches— habían prometido una reunión para abordar una larga lista de reclamos: bajas injustificadas de pensiones, falta de medicamentos, atrasos en pagos a prestadores y la demora en terapias esenciales. Sin embargo, la reunión fue suspendida sin previo aviso, lo que desató la indignación de los presentes.
“Nos dijeron que se juntaba el directorio para tratar el aumento del nomenclador, pero a las tres horas avisaron que no. Es una falta de respeto. Estamos cansados de la indiferencia”, expresó la actriz Valentina Bassi, quien participó de la protesta junto a otras familias. “Cuando vinimos a entregar el petitorio, ni siquiera lo aceptaron. Es un destrato enorme”, agregó visiblemente conmovida.
Ante la cancelación del encuentro, el grupo rompió el vallado de seguridad y entró al edificio entre cánticos y gritos. Una vez dentro, lograron que el interventor Vilches los recibiera brevemente, aunque se negó a aceptar el petitorio con las exigencias formales.
El hecho se produce en medio de una fuerte crisis institucional y judicial dentro del organismo, donde avanza una investigación por presuntas coimas y contrataciones irregulares durante la gestión anterior de Diego Spagnuolo.
La ley que no se aplica
El Gobierno había promulgado la Ley de Emergencia en Discapacidad hace un mes, pero el decreto 681/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, suspendió su ejecución hasta que el Congreso asigne fondos específicos.
“Corresponde que los recursos necesarios sean considerados en el marco del Presupuesto 2026”, señala el texto oficial, que justifica la medida en la “falta de financiamiento” para cubrir las erogaciones previstas por la ley.
La decisión generó malestar en asociaciones civiles, prestadores y organizaciones del sector, que acusan al Gobierno de “abandonar a las personas con discapacidad”. En el Congreso, la oposición pidió la interpelación de Francos para que brinde explicaciones sobre el incumplimiento de la norma.
Desde el oficialismo, en tanto, defendieron la suspensión al afirmar que “no existen los recursos” para su aplicación inmediata. Según fuentes cercanas al jefe de Gabinete, se están reasignando fondos dentro de la ANDIS “para cubrir urgencias”, aunque sin habilitar el paquete completo de beneficios.
Mientras tanto, las familias viven una situación límite, con tratamientos interrumpidos, demoras en pagos y falta de acompañamiento estatal. “Nos cansamos de promesas vacías. La ley se votó y debe cumplirse”, resumió una madre de dos chicos con discapacidad al borde del llanto.
La escena en las oficinas de Belgrano, con trabajadores y familias exigiendo ser escuchados, refleja una crisis que va más allá de la burocracia: una emergencia humana que sigue sin respuesta.
