Los trabajadores de Coviara, la empresa constructora dependiente de la Armada, anunciaron un paro de 72 horas para los días 22, 23 y 24 de septiembre en reclamo de salarios adeudados, paritarias incumplidas y bonificaciones atrasadas. La medida, comunicada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), expone una nueva crisis en el ministerio de Defensa que conduce Luis Petri.

La carta enviada por ATE al presidente de Coviara, Leonardo Salvini, enumera los puntos más urgentes: falta de pago de sueldos de agosto, cargas sociales impagas, malas condiciones de higiene y seguridad, y la ausencia de información sobre el futuro de la empresa y los puestos laborales. En paralelo, el gremio exigió una reunión urgente para garantizar la continuidad de la firma y frenar lo que califican como “políticas de ajuste” que la están llevando a la paralización.

Este será el segundo paro en lo que va de la gestión de Petri. El primero ocurrió en julio y marcó un hito: en 60 años de historia, Coviara jamás había vivido una huelga, ya que sus empleados, muchos provenientes de familias militares, se habían mantenido alejados de la sindicalización.

Una empresa en caída libre

Fuentes internas aseguran que la situación es crítica: los 38 trabajadores cobran de manera salteada, no se realizan los aportes patronales y la deuda con proveedores supera los 1.200 millones de pesos. “Recibieron la empresa con un superávit modesto, de entre 40 y 50 millones por año. Ahora no pueden pagar ni las expensas del edificio”, señalaron a este medio.

El malestar se agudizó el pasado 25 de agosto, cuando se notificó al personal que debía decidir si aceptaba ser reubicado en otros organismos. Sin precisiones sobre salarios ni condiciones, la mayoría rechazó la propuesta y quedó en estado de alerta para defender sus fuentes de trabajo.

Tensiones en Defensa

La crisis en Coviara derivó en cambios dentro del ministerio. Petri desplazó a Mario Katzenell, secretario de Investigación y Producción para la Defensa, y designó en su lugar a Luciana Carrasco, jefa de gabinete de la cartera, quien asumió una suerte de intervención y envió un equipo de funcionarios a revisar la situación.

El conflicto se suma a una larga lista de problemas que enfrenta el ministro: el recorte en la cobertura de la obra social militar, la crisis en el Instituto Dámaso Centeno, los rumores de cierre del Hospital Naval y la decisión de eliminar el Fondo de Defensa en el Presupuesto 2026, una medida que impacta de lleno en el financiamiento de las Fuerzas Armadas y que podría poner en riesgo la operatividad de los aviones F-16.

Con la huelga en Coviara, Petri suma un frente gremial inesperado en un sector históricamente disciplinado, lo que agrava el clima de malestar en Defensa y deja abierta la incógnita sobre el futuro de la constructora de la Armada.