La propuesta oficial
El gobierno de Mendoza, encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, presentó un proyecto para reformar parcialmente el Estatuto del Empleado Público vigente desde 1973 mediante el Decreto Ley 560, junto con ajustes al Escalafón regulado por la Ley 5126.
Entre los objetivos declarados por el Ejecutivo figuran:
- Actualizar una normativa con más de cincuenta años que ha quedado desfasada.
- Adaptarla a criterios de responsabilidad fiscal y ajustarla a la jurisprudencia vigente, tanto de la Suprema Corte provincial como de la Corte Suprema del país.
- Eliminar disposiciones que se consideran obsoletas o incompatibles con los principios constitucionales de igualdad, idoneidad en el acceso a los cargos públicos y la carrera administrativa.
- Reconocer la figura del “personal interino de planta”, otorgándole una estabilidad formal diferente a la del agente permanente, pero sin equiparar completamente ambos estatus.
Oficialmente el Ejecutivo ha señalado que no tiene como intención despedir empleados ni excluir a nadie, sino “ordenar las categorías, dar uniformidad a la legislación y alinearla con la jurisprudencia vigente”.
Lo que ya pasó: el recorrido legislativo
- Diputados ya le dio media sanción al proyecto, lo que autoriza su tratamiento en el Senado.
- Actualmente, el proyecto está siendo analizado en comisiones del Senado: Legislación y Asuntos Constitucionales; Hacienda y Presupuesto; Asuntos Sociales y Trabajo.
- En las reuniones, se dio lugar a exposiciones de asesores del Gobierno (Ricardo Canet, Javier Urrutigoity) y se acordó que los gremios estatales expongan sus posturas próximamente.
La reacción gremial y los puntos de conflicto
Los sindicatos estatales han sido críticos desde el inicio, advirtiendo que la reforma representa una amenaza para derechos adquiridos. Algunas de las principales objeciones:
- Estabilidad laboral: se denuncia que el proyecto debilita la estabilidad que hoy tienen muchos agentes estatales.
- Antigüedad: se critica que algunos de los planteos dejarían de reconocer antigüedad para ciertos agentes o modificarían su cómputo.
- Indemnizaciones: hay preocupación por los ajustes propuestos en los plazos o formas de indemnizar al personal que sufra bajas o cesantías.
- Ingreso y acceso a cargos: los gremios advierten que podrían quedar reforzadas figuras discrecionales, como cargos fuera de escalafón o vinculados directamente al gobernador, que podrían vulnerar los concursos y la meritocracia.
- Manifestaciones y movilización: ATE, AMPROS, Empleados Judiciales, entre otros gremios, convocaron a vigilias, clases públicas y protestas frente a la Legislatura.
Lo que está en juego
El Estatuto modificado podría implicar cambios sustanciales en las condiciones laborales de los empleados públicos. Algunas de las consecuencias posibles:
- Reordenamiento de la planta de personal, con posibles reclasificaciones y evaluaciones distintas de antigüedad.
- Mayor discrecionalidad en los nombramientos o cargos especiales fuera de escalafón.
- Cambios en la mecánica de indemnizaciones y cesantías.
- Interpretaciones legales distintas sobre estabilidad, especialmente para personal interino.
Además, hay alarma en el ámbito gremial porque si se aprueba, podría abrir litigios constitucionales y judiciales en función de los derechos que los sindicatos consideran vulnerados.
Panorama político: ¿cómo se resolverá?
- En el Senado está el momento clave. El oficialismo cuenta con una bancada fuerte, y aunque la oposición suma votos, la votación definitiva podría depender del desempate de la vicegobernadora Hebe Casado en caso de igualdad.
- El Ejecutivo busca mostrar que la reforma es necesaria por razones técnicas, legales y económicas. La necesidad de ordenar normativas superpuestas, evitar litigios y alinear la legislación provinciales con estándares judiciales se defienden como argumentos sólidos.
- No obstante, la presión social, las movilizaciones gremiales y el rechazo de buena parte de la sociedad estatutaria podrían generar modificaciones al texto final o condicionamientos al momento de sancionarse la norma.
La reforma del Estatuto del Empleado Público en Mendoza se encuentra en una encrucijada histórica. Representa por un lado una apuesta por modernizar un sistema viejo, resolver contradicciones legales existentes y ajustar el gasto público; por otro, plantea riesgos reales para la estabilidad laboral, la antigüedad y los derechos consagrados de los trabajadores estatales. El Senado será la instancia decisiva para determinar qué versión de esta reforma saldrá finalmente sancionada: la que impulsa el Ejecutivo o aquella moderada por las demandas gremiales.
