Alfredo Cornejo volvió a poner al empleado público en el centro de su política de reforma del Estado, pero esta vez no con una discusión presupuestaria sino con una modificación profunda del régimen disciplinario. El Gobierno provincial envió a la Cámara de Diputados un proyecto que reemplaza íntegramente el anexo de la Ley 9.103, vigente desde 2018, y busca acelerar investigaciones, ampliar las facultades de la Oficina General de Sumarios y digitalizar prácticamente todo el procedimiento.

El dato salarial vuelve todavía más áspero el escenario: los estatales mendocinos no parten de una posición privilegiada en materia de ingresos. Un informe comparativo de EcoSur ubicó para 2024 el costo laboral promedio del empleo público de Mendoza en unos $1,5 millones mensuales a precios de agosto de 2025, por debajo del promedio de las provincias, estimado en $1,87 millones. El indicador incluye salario y cargas patronales, por lo que no equivale al sueldo de bolsillo, pero muestra que Mendoza se encuentra entre las jurisdicciones con menor costo laboral estatal. En el sector Salud, ATE Mendoza llegó a señalar en 2025 que los trabajadores provinciales estaban entre los peor remunerados del país. A esto se suma que los gremios vienen denunciando que las recomposiciones salariales no alcanzan para recuperar plenamente el poder adquisitivo perdido.

La reforma tiene una novedad que explica buena parte del impacto político de la iniciativa: en tres situaciones consideradas objetivas, la cesantía podría resolverse sin atravesar previamente un sumario administrativo completo. El mecanismo alcanzaría a agentes con más de seis inasistencias injustificadas dentro de seis meses, casos de abandono de servicio después de más de cinco ausencias consecutivas y una intimación sin respuesta, y trabajadores que acumulen 30 días de suspensión mediante al menos dos sanciones firmes por hechos distintos en un período de doce meses.

No significa, sin embargo, que el proyecto elimine el derecho de defensa. En esos procedimientos abreviados, el agente tendría diez días hábiles para efectuar su descargo, acompañar documentación y ofrecer pruebas. Además, si para establecer la causal fuese necesario discutir hechos controvertidos o determinar responsabilidades, el propio proyecto obliga a abandonar la vía abreviada y continuar por el régimen ordinario. Para las restantes sanciones graves se mantiene, en principio, la exigencia de sumario previo.

La discusión, entonces, no es solamente si se puede sancionar a quien incumple sus obligaciones. Eso ya está contemplado por la legislación vigente. La discusión es cuánto se quiere acelerar la herramienta expulsiva y cuánto espacio conserva el trabajador para defenderse antes de perder su puesto.

La Ley 9.103 actual establece como sanciones el apercibimiento, la suspensión, la cesantía y la exoneración, y contempla, entre las causales de cesantía, las inasistencias injustificadas superiores a seis días dentro de seis meses. También creó la Oficina General de Sumarios para instruir las investigaciones administrativas.

El Ejecutivo justifica la reforma precisamente por la lentitud de esos procesos. El Gobierno sostiene que existen investigaciones que se prolongan innecesariamente y que una estructura disciplinaria más especializada permitiría concentrar recursos, eliminar pasos burocráticos y evitar que faltas evidentes permanezcan durante años sin una resolución. El antecedente es significativo: cuando se creó la Oficina General de Sumarios durante la primera gestión de Cornejo, el propio Ejecutivo hablaba de procedimientos que en promedio duraban cinco años y que en algunos casos llegaban a once.

Ese argumento tiene una parte difícil de discutir. Un Estado que tarda años en resolver una falta comprobada tampoco protege al trabajador ni garantiza un buen servicio público. El problema aparece cuando la obsesión por la velocidad puede convertirse en la prioridad dominante y la garantía de estabilidad queda en un segundo plano.

Y la propuesta no aparece en un vacío político. En 2025, la Legislatura ya aprobó la Ley 9.665, que modificó distintos artículos del Estatuto del Empleado Público. La nueva norma reguló, entre otras cuestiones, la estabilidad, la reincorporación y las consecuencias de una cesantía posteriormente anulada. También estableció que, cuando una baja sea revocada o anulada, el agente debe ser reincorporado, pero limitó el reconocimiento de salarios caídos a períodos en los que hubiera existido una efectiva prestación de servicios.

Aquella reforma generó una fuerte reacción gremial. ATE y AMProS acudieron a la Justicia para cuestionar algunos de sus cambios. AMProS sostuvo que la modificación implicaba retrocesos en materia de estabilidad, defensa y reparación ante cesantías, y pidió su inaplicabilidad por considerar que afectaba garantías constitucionales. Esa posición corresponde al gremio y no constituye una conclusión judicial sobre la constitucionalidad de la ley.

Ahora Cornejo vuelve a tocar la misma zona sensible: la relación entre estabilidad y potestad disciplinaria. Y lo hace mientras el Ejecutivo provincial busca sostener una política salarial que los gremios vienen cuestionando por insuficiente.

Para el segundo semestre de 2026, por ejemplo, el Gobierno acordó con ATE una suba del 7% en agosto y del 4% en noviembre, calculados sobre el básico de junio y sin carácter acumulativo. El primer semestre había contemplado otro 7% en marzo y 3% en mayo sobre la base de diciembre de 2025.

La comparación con los precios permite entender el reclamo. La inflación mendocina acumuló 19,5% entre enero y agosto de 2026, mientras que los aumentos generales acordados hasta agosto para esos sectores habían representado aproximadamente 17% respecto de la base de diciembre, sin contar mejoras específicas de algunos regímenes. Es decir, la actualización general del básico todavía marchaba por debajo del costo de vida provincial.

El dato nacional tampoco permite hablar de una recuperación extraordinaria de los salarios públicos. En julio, el índice de salarios del INDEC mostró una suba mensual del 3% para el sector público, frente al 2,1% del IPC nacional de ese mes; pero durante buena parte de 2025 e inicios de 2026 los salarios públicos habían atravesado meses en los que quedaron por debajo de la inflación. En enero de 2026, por ejemplo, los ingresos públicos aumentaron 1,8% frente a un IPC de 2,9%.

Un informe del Centro de Estudios de Economía Política de Mendoza había estimado, además, que entre noviembre de 2023 y junio de 2025 los salarios públicos mendocinos habían quedado por debajo de la inflación acumulada, con una pérdida real cercana al 8% para el conjunto del sector público provincial. Ese dato es anterior a la recuperación posterior y no puede trasladarse mecánicamente a septiembre de 2026, pero sirve para explicar por qué el conflicto salarial continúa formando parte del escenario en el que aparece la nueva reforma disciplinaria.

Y hay otra cuestión que el Gobierno difícilmente pueda separar de esta discusión: la cantidad de empleados públicos provinciales no viene creciendo de manera descontrolada. El Consejo Empresario Mendocino estimó que el empleo provincial cerró 2024 en unos 105.114 puestos, por debajo de los 107.689 de 2023, y que la cantidad de agentes por cada 1.000 habitantes cayó a 50,6.

El Presupuesto 2025 también estableció una reducción de la planta permanente respecto de 2024, con una proyección de 26.338 cargos permanentes para una de las principales jurisdicciones del Estado y 929 temporarios, según la estructura presupuestaria. Para todo el sector provincial, el presupuesto destinó $1,778 billones a personal.

Entonces el argumento de que toda reforma disciplinaria es necesaria para reducir una supuesta expansión descontrolada del empleo público tampoco surge de manera automática de las estadísticas. La planta provincial ya viene siendo contenida y reducida. La discusión actual parece concentrarse menos en cuántos empleados hay y más en qué poder tiene el Estado para controlar, sancionar y eventualmente expulsar a quienes considera que incumplen.

Ese es justamente el cambio que introduce el proyecto.

La Oficina General de Sumarios pasaría a tener autonomía técnica y funcional dentro del Poder Ejecutivo y podría iniciar investigaciones de oficio sin esperar que una repartición le remita formalmente el expediente. A la vez, los trabajadores y funcionarios tendrían la obligación de entregar documentación, expedientes, registros y demás información requerida por la oficina. El incumplimiento injustificado podría generar, a su vez, una nueva investigación disciplinaria.

Sobre el papel, eso puede fortalecer el control interno. Pero existe una pregunta política inevitable: ¿qué significa hablar de autonomía cuando la Oficina seguirá dependiendo del Ministerio de Gobierno del propio Poder Ejecutivo? El proyecto intenta resolver esa tensión declarando su autonomía técnica y funcional y prohibiendo instrucciones particulares sobre la orientación o conclusión de un expediente. Será la práctica institucional la que determine si esa independencia es efectiva o solamente una formulación legal.

También se descentralizan las faltas consideradas leves. Incumplimientos horarios e inasistencias injustificadas podrán investigarse y resolverse en las propias reparticiones, mientras la Oficina General de Sumarios quedaría concentrada en los casos de mayor complejidad. La reforma incorpora además notificaciones digitales mediante Mendoza por Mí, correo electrónico y, cuando corresponda, WhatsApp, junto con audiencias virtuales grabadas.

La digitalización no debería ser el problema. Al contrario: un Estado que todavía tramita expedientes disciplinarios durante años necesita modernizarse. El verdadero debate es si modernizar significa hacer más eficiente el debido proceso o simplemente hacer más rápida la sanción. La respuesta dependerá de cómo funcione en la práctica la defensa del trabajador, la valoración de la prueba, la imparcialidad de quienes investigan y las posibilidades reales de recurrir las decisiones.

El proyecto también establece plazos concretos: las informaciones sumarias deberían durar 30 días, con una única prórroga excepcional por otros 30; la Junta de Disciplina tendrá diez días para pronunciarse una vez recibido el alegato, y si no lo hace perderá competencia sobre el expediente.

El Gobierno puede defender estos cambios bajo una premisa sencilla: quien cobra del Estado debe cumplir con sus obligaciones y quien no lo hace debe ser sancionado en un plazo razonable. Esa es una función legítima de cualquier administración. El problema aparece cuando el discurso de eficiencia termina confundiendo al empleado público con el enemigo interno del Estado.

Y allí reaparece un viejo posicionamiento de Cornejo. Durante su primera gestión, el gobernador hablaba abiertamente de reducir la planta estatal mediante jubilaciones, cesantías y cortes de contratos, y presentaba la reducción del personal como una herramienta para liberar recursos destinados a otras áreas.

Años después, el lenguaje cambió: ahora se habla de “celeridad”, “profesionalización”, “digitalización”, “autonomía técnica” y “mejor funcionamiento del Estado”. El contenido, sin embargo, vuelve a colocar en primer plano una herramienta concreta para sancionar y, en determinados casos, cesantear empleados públicos con mayor rapidez.

Eso no permite afirmar que la intención del gobernador sea perseguir al conjunto de los trabajadores estatales. Sí permite señalar una orientación política sostenida: la disciplina del empleado público aparece nuevamente como una prioridad del programa de reforma estatal, mientras la discusión salarial continúa abierta y numerosos trabajadores reclaman que sus ingresos recuperen poder adquisitivo.

El proyecto recién comienza ahora su recorrido legislativo. Deberá pasar por comisiones, recibir modificaciones y eventualmente ser aprobado o rechazado por la Legislatura. También puede enfrentar nuevos cuestionamientos judiciales si los sindicatos consideran que alguna disposición afecta garantías constitucionales.

Pero el mensaje político ya está dado.

Para Cornejo, el Estado necesita empleados más controlados, procedimientos disciplinarios más rápidos y una herramienta más veloz para separar a quienes incumplan. Para los trabajadores, la discusión será otra: quién controla al que controla, cuánto vale la estabilidad y qué garantías quedan cuando la administración puede acelerar el camino hacia una cesantía.

En una provincia donde los salarios estatales todavía discuten cómo recuperar terreno frente a los precios, la decisión de acelerar las sanciones tiene un inevitable impacto político.

Porque una cosa es exigir que un empleado cumpla. Y otra es construir un sistema en el que sancionarlo sea mucho más rápido que mejorarle el sueldo.