La causa de las llamadas “cooperativas truchas” llegó este martes a una nueva instancia decisiva. La jueza Dolores Ramón confirmó la elevación a juicio del expediente P-65.010/23, que investiga una serie de contrataciones realizadas durante la gestión de Daniel Orozco en la Municipalidad de Las Heras. Entre los principales acusados están el exintendente, su entonces secretaria de Gobierno y actual diputada provincial suspendida Janina Ortiz y el exsubsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart, todos señalados por la Fiscalía como presuntos coautores de peculado.

El expediente tiene como eje cuatro procedimientos administrativos realizados entre 2021 y 2023: dos licitaciones públicas y dos contrataciones directas mediante las cuales el municipio contrató a la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra para tareas vinculadas con limpieza de calles y espacios públicos. Según la acusación fiscal, por esas operaciones salieron del patrimonio municipal $35.511.386,14, que terminaron depositados en una cuenta bancaria perteneciente a la cooperativa.

La hipótesis de los investigadores sostiene que la cooperativa, constituida originalmente dentro del programa Las Heras Verde, se encontraba sin actividad cuando fue utilizada para participar en las contrataciones cuestionadas. La Fiscalía sostiene que los procedimientos fueron direccionados y que se pagaron servicios que no habrían sido prestados en las condiciones pactadas. Eso es lo que deberá probarse durante el juicio y no constituye todavía una condena contra ninguno de los imputados.

La historia comenzó a tomar forma judicial en 2023, después de una investigación periodística que puso bajo la lupa el funcionamiento de distintas cooperativas vinculadas con la Municipalidad de Las Heras. La fiscalía avanzó luego con allanamientos, secuestro de expedientes municipales, análisis de movimientos bancarios y declaraciones testimoniales. Entre la documentación incorporada al expediente aparece también información de INAES sobre Manos a la Obra.

Hay un dato oficial que resulta particularmente relevante para reconstruir qué ocurrió con la entidad. INAES informó en 2023 que había iniciado actuaciones sobre Manos a la Obra Limitada, matrícula 58.064, y posteriormente resolvió retirar su autorización para funcionar. La documentación del organismo consigna además una inspección y un procedimiento sumarial vinculados con la cooperativa. Esto no significa que la entidad haya sido “falsa” jurídicamente desde su nacimiento: significa que existió como cooperativa registrada, pero que su operatoria fue posteriormente cuestionada y su autorización retirada por el organismo nacional.

El caso también tuvo una derivación administrativa. El Tribunal de Cuentas de Mendoza analizó la rendición de la Municipalidad de Las Heras correspondiente a 2022 y, mediante el Fallo 18.025, observó como erogaciones sin justificar determinados pagos vinculados con la cooperativa. En esa instancia se formularon cargos contra Janina Ortiz y Osvaldo Oyhenart por más de $60 millones considerando capital e intereses, mientras Orozco recibió una multa y otros funcionarios fueron sancionados.

Orozco y Ortiz recurrieron esas sanciones ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En septiembre de 2024, el máximo tribunal provincial suspendió provisoriamente la ejecución del fallo del Tribunal de Cuentas mientras se resolvían las acciones procesales administrativas. Esa medida no anuló las sanciones ni determinó que los funcionarios fueran inocentes: simplemente frenó su ejecución hasta resolver el planteo de fondo.

En paralelo avanzó el expediente penal. La defensa de Orozco intentó cuestionar la imputación por peculado y pidió el sobreseimiento, pero un Tribunal Penal Colegiado rechazó esos planteos en marzo de 2025. De esa manera quedó firme la imputación que había realizado el fiscal Juan Ticheli. La acusación dejó atrás la figura inicial de fraude y pasó a concentrarse en el delito de peculado, contemplado por el artículo 261 del Código Penal.

El delito de peculado atribuido a funcionarios públicos tiene una definición concreta en el Código Penal: alcanza al funcionario que sustrajere caudales cuya administración, percepción o custodia le hubiera sido confiada por razón de su cargo. La escala prevista actualmente es de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Esa es la figura por la que la Fiscalía acusa a Orozco, Ortiz y Oyhenart en los hechos principales.

Uno de los elementos que complicó particularmente la situación de Ortiz fue una pericia caligráfica realizada en 2025. El estudio concluyó que seis documentos incorporados a la investigación contenían firmas realizadas de puño y letra por la entonces secretaria de Gobierno. Esos documentos estaban vinculados con procedimientos administrativos relacionados con las cooperativas investigadas. La existencia de esas firmas no demuestra por sí sola que Ortiz haya cometido un delito, pero sí constituye una pieza probatoria que la Fiscalía incorporó para sostener su acusación sobre el funcionamiento de los expedientes.

La investigación también reconstruyó una cadena de decisiones administrativas. Según la acusación, desde la Subsecretaría de Políticas Sociales se impulsaron los pedidos de contratación; posteriormente intervinieron distintas áreas de Compras, Hacienda, Contaduría y Asuntos Legales, mientras que Orozco terminó adjudicando los procedimientos mediante decretos municipales. El requerimiento fiscal sostiene que ese conjunto de pasos permitió que los fondos terminaran en la cuenta de Manos a la Obra.

La documentación incorporada al expediente incluye además un dato que ayuda a dimensionar la mecánica investigada: una licitación de $10.260.000, otra operación por $26.364.800 y dos contrataciones directas por aproximadamente $1,15 millones y $690.000, respectivamente. El total de las cuatro operaciones investigadas alcanzó los $35.511.386,14.

El proceso tampoco estuvo libre de obstáculos. La defensa de Ortiz llevó uno de sus planteos hasta la Suprema Corte de Mendoza. En mayo de 2026, la Sala II del máximo tribunal provincial rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la diputada suspendida y ordenó continuar el trámite de la causa. Esa decisión dejó firme el avance del expediente hacia el juicio y redujo considerablemente las posibilidades de seguir frenando el proceso mediante recursos dentro de la Justicia provincial.

Durante la investigación hubo, además, diferencias en la situación procesal de los distintos acusados. El expediente llegó a contar con 13 imputados. Seis de ellos habían sido acusados por peculado culposo y, al amparo del mecanismo previsto para delitos reprimidos con multa, abonaron más de $62 millones entre multas y reparación, quedando encaminados a salir del proceso penal. Los siete restantes —entre ellos Orozco, Ortiz, Oyhenart, Pandolfi, Mostaccio, Herrera y Adrián Pérez— quedaron vinculados a la acusación por peculado doloso y, según el estado procesal informado, son quienes concentran el núcleo de la causa que llega al debate.

En términos políticos, el caso tiene además una característica singular: involucra al matrimonio que estuvo al frente de la Municipalidad de Las Heras y que luego intentó continuar su carrera política fuera del oficialismo radical. Orozco fue intendente durante dos períodos y posteriormente buscó competir como candidato a vicegobernador; Ortiz llegó a la Legislatura provincial y permanece suspendida mientras afronta sus procesos judiciales.

La importancia de la decisión de Dolores Ramón no está entonces solamente en el destino de esos $35 millones. El juicio deberá determinar si detrás de los trámites administrativos hubo una maniobra deliberada para direccionar contrataciones, si los servicios fueron realmente prestados, quiénes intervinieron en las decisiones, quién tuvo dominio sobre los fondos y cuál fue el destino final del dinero.

Eso es precisamente lo que diferencia una investigación penal de una condena anticipada. La Fiscalía considera que reunió elementos suficientes para sostener la acusación y la jueza permitió que el caso avance hacia el debate oral. Pero la responsabilidad penal todavía debe probarse en juicio.

El dato político, sin embargo, ya está instalado: una administración municipal que durante años sostuvo un discurso de gestión y eficiencia terminó dejando expedientes observados por el Tribunal de Cuentas y a varios de sus principales funcionarios sentados en el banquillo de los acusados. La discusión ya no se resolverá en una conferencia de prensa ni en las redes sociales.

Ahora deberán hablar los documentos, los testigos, las pericias y las pruebas.

Y si la acusación fiscal logra demostrar lo que sostiene, el caso de Las Heras dejará de ser solamente la historia de una cooperativa y se convertirá en el retrato judicial de cómo una cadena de decisiones dentro del Estado pudo terminar poniendo millones de pesos municipales bajo investigación.

Por ahora, Orozco, Ortiz y los demás acusados siguen siendo inocentes hasta que una sentencia firme diga lo contrario. Pero después de tres años de investigación, el caso ya cruzó una frontera decisiva: las explicaciones deberán darse frente a un tribunal.