Detrás de la salida del ahora exsuperintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, se esconde mucho más que una simple decisión “por motivos personales”. El escándalo que sacude al sistema de salud revela cómo el gobierno de Javier Milei estaría utilizando el aparato estatal para beneficiar a empresas privadas, en este caso, prepagas que fueron blanco de denuncias por aumentos desmedidos y falta de control.

Oriolo, ex directivo de OSDE y mano derecha del ministro de Salud, Mario Lugones, dejó el cargo a fines de junio en medio de crecientes sospechas. Fuentes del sector aseguran que favoreció a Medicus, una de las prepagas más importantes del país, al no controlar su cumplimiento de un acuerdo judicial que la obligaba a devolver a sus afiliados el dinero cobrado de más por subas injustificadas.

Pero eso no fue todo. Mientras el gobierno obligaba a la mayoría de las prepagas a retrotraer aumentos en las cuotas mensuales que superaban la inflación, a Medicus se le permitió aplicar una suba del 2,6% en junio, cuando el último dato oficial marcaba una inflación del 1,5%. Desde el sector privado señalan que “llamativamente” no hubo objeciones por parte de la SSS, en una actitud que refuerza las sospechas de connivencia.

El entramado se agrava con una trama aún más oscura: versiones coinciden en que dentro del organismo oficial se habría montado un sistema paralelo de habilitaciones y trabas a gestiones, donde los permisos y beneficios para las empresas se habrían negociado como parte de un circuito informal de dinero.

Además, el manejo del Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud también está bajo la lupa, al igual que una serie de intervenciones a obras sociales gremiales que terminaron favoreciendo siempre a la misma empresa: Modum Salud. Esa firma, según el portal Infogremiales, habría sido beneficiada por decisiones tomadas bajo la gestión de Claudio Stivelman, quien hasta hace poco se desempeñaba como gerente general del organismo y hoy reemplaza a Oriolo en la conducción.

La acumulación de hechos sugiere que el gobierno libertario, que se presentó como adalid de la transparencia, estaría utilizando las instituciones del Estado para realizar negocios con empresas privadas, acomodando reglas y controles según conveniencia. En lugar de liberar al mercado, parece estar liberando beneficios a sus aliados.

La caída de Oriolo podría ser apenas la primera ficha de un dominó que compromete a toda la cúpula del sistema de salud nacional, y que evidencia una peligrosa mezcla entre desregulación selectiva, discrecionalidad estatal y posibles negocios espurios.