En un fallo con alto impacto político y sindical, la jueza laboral Moira Fullana declaró la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25 impulsado por el gobierno de Javier Milei para restringir el derecho a huelga. Se trata del primer pronunciamiento de fondo que invalida el intento del Ejecutivo de imponer limitaciones al ejercicio de la protesta mediante un decreto.
La resolución responde al amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y marca un nuevo freno institucional a los intentos del oficialismo por avanzar en reformas laborales por fuera del Congreso. La semana pasada, Fullana ya había adoptado una postura similar ante una presentación de la CTA.
Según el fallo, el Gobierno no logró justificar ni la necesidad ni la urgencia de dictar la medida sin discusión legislativa. “El Congreso estaba en pleno funcionamiento”, remarcó la magistrada, y agregó que no existían “circunstancias excepcionales” que impidieran llevar el tema al Parlamento, como exige la Constitución Nacional.
El DNU en cuestión fue presentado bajo el argumento de una supuesta emergencia en la Marina Mercante, pero introdujo modificaciones de fondo en el régimen de servicios esenciales y creó una nueva categoría de “servicios de importancia trascendental”, imponiendo exigencias mínimas de prestación del 75% y 50%, respectivamente, durante medidas de fuerza.
Fullana fue enfática al señalar que el Ejecutivo “se arrogó funciones legislativas”, y advirtió que su lógica implicaría habilitar el gobierno por decreto ante cualquier emergencia, desmantelando el equilibrio de poderes establecido en la Constitución.
Aunque el fallo se centra principalmente en la forma —el abuso del instrumento del DNU—, hacia el final también desliza observaciones sobre el fondo del asunto. Allí, la jueza recuerda que ya existe una regulación específica en la ley 25.877 y su decreto reglamentario 272/2006 respecto a los servicios esenciales, y subraya que incluso la OIT advierte sobre la imposibilidad de establecer listas rígidas de actividades que deban mantenerse activas durante una huelga.
La presentación judicial de la CGT fue impulsada por el abogado laboralista Pablo Topet, histórico asesor de gremios y gobiernos, junto al equipo jurídico de la central obrera. Además de acudir a la Justicia argentina, las centrales sindicales también denunciaron el decreto ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este fallo se suma al precedente del DNU 70/23, cuyo capítulo laboral también fue desactivado por los tribunales. El nuevo traspié judicial plantea un fuerte límite institucional a la estrategia de Milei de avanzar con reformas estructurales por decreto, sin pasar por el Congreso.
