En un nuevo revés judicial para el Gobierno de Javier Milei, la Justicia laboral suspendió de forma provisoria parte del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340, que introducía severas restricciones al derecho a huelga. La decisión fue tomada por la jueza Moira Fullana, quien hizo lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El decreto, firmado el pasado 21 de mayo, incluía en sus artículos 2 y 3 un reordenamiento de los servicios considerados “esenciales” durante una huelga, ampliando su alcance a casi todas las actividades laborales. Esto implicaba que, en caso de medidas de fuerza, debía garantizarse una cobertura mínima del 75% en los servicios esenciales y del 50% en aquellos de “importancia trascendental”.
Fullana sostuvo en su fallo que el Congreso de la Nación se encuentra sesionando con normalidad, lo que invalida el argumento de “necesidad y urgencia” con el que el Ejecutivo pretende esquivar el debate legislativo. “La situación de crisis económica no justifica per se la utilización de esta herramienta excepcional”, expresó la magistrada, citando jurisprudencia previa de la Corte Suprema.
Además, la jueza remarcó que el fuero competente para tratar este tipo de medidas es el laboral, desestimando la intención del Gobierno de trasladar la causa al Contencioso Administrativo, un ámbito generalmente más receptivo a sus planteos.
DNU camuflado: reforma laboral bajo la excusa de la marina mercante
El DNU 340 fue presentado bajo el pretexto de avanzar en la desregulación de la marina mercante, pero en su contenido escondía una ofensiva más profunda sobre el derecho laboral. La maniobra fue interpretada por distintos sectores sindicales como una estrategia para reinstalar aspectos de la reforma laboral que ya había sido bloqueada en el DNU 70/2023.
Este nuevo intento del Ejecutivo de avanzar con reformas estructurales sin pasar por el Congreso vuelve a chocar con los límites constitucionales y la resistencia del fuero laboral, que ya frenó previamente otras iniciativas similares del oficialismo.
La CGT celebró la resolución y advirtió que seguirá acudiendo a la Justicia cada vez que se intente vulnerar los derechos laborales por vía de decreto.
