En un nuevo capítulo del creciente escándalo en torno al PAMI, el intendente de General Madariaga, Esteban Santoro (UCR), denunció penalmente la existencia de una presunta asociación ilícita dentro de la obra social de los jubilados. La acusación apunta a una maniobra sistemática mediante la cual se reasignan de manera compulsiva y sin aviso miles de afiliados a clínicas privadas elegidas “a dedo”, generando un desfinanciamiento directo para hospitales públicos y afectando la atención de adultos mayores.

La gravedad del caso no solo radica en el número de personas perjudicadas —se habla de al menos 10 mil jubilados solo en la región de Madariaga, Pinamar, Villa Gesell y La Costa—, sino en el hecho de que estas acciones se estarían llevando a cabo bajo la actual gestión libertaria, sin control ni respuesta por parte de las autoridades nacionales.

Según la presentación judicial, desde diciembre pasado el PAMI quitó sin previo aviso alrededor de 3.000 cápitas al hospital municipal de Madariaga para transferirlas al Instituto Médico Madagariense, una clínica privada que, de acuerdo a la denuncia, no cuenta con la capacidad ni presta efectivamente los servicios. Este desvío de fondos implicaría un giro mensual de más de 80 millones de pesos.

“El sistema informático del PAMI registra cada modificación. No se reasignan 10 mil cápitas sin la intervención directa de autoridades de alto nivel”, advirtió Leandro Alonso, abogado del municipio.

Una trama que se extiende

La denuncia de Santoro, respaldada por la Unidad Fiscal especializada en el PAMI, no sería un hecho aislado. Casos similares se detectaron en Jujuy, donde pacientes fueron derivados a una clínica propiedad del diputado libertario Manuel Quintar, también sin justificación aparente ni mejora en la atención.

En Villa Gesell, el secretario de Salud Jorge Villalba confirmó la pérdida de 1.000 cápitas desde agosto pasado. “Nos faltan 12 millones de pesos por mes. Los jubilados siguen viniendo al hospital, pero no podemos facturar su atención. El sistema está siendo vaciado”, denunció en radio Municipal.

En Pinamar y el Partido de La Costa se replican las quejas: jubilados trasladados en remís hasta Madariaga cuando podrían atenderse en sus ciudades, incluso en clínicas privadas que anteriormente recibían cápitas.

Responsabilidades bajo la lupa libertaria

El PAMI está actualmente bajo la órbita del ministro de Salud Mario Lugones, designado por el presidente Javier Milei, y quien proviene del sector de la salud privada, siendo socio del Sanatorio Güemes. A cargo del PAMI fue nombrado Esteban Leguizamo, otro hombre de estrecho vínculo con el círculo de poder libertario.

Lugones, además, es padre de Rodrigo Lugones, socio en la consultora Move de Santiago Caputo, estratega de la comunicación presidencial. Esta relación quedó en tensión luego de que el PAMI adjudicara a Grupo Clarín un contrato de 500 millones de dólares para proveer pañales, en momentos en que Milei acusaba públicamente a ese medio de “carpetear” a su gestión.

A pesar de las múltiples denuncias y del impacto concreto sobre la salud pública, ni la Cámara de Diputados ni la Justicia Federal han tomado cartas en el asunto hasta ahora. Tampoco hubo declaraciones del ministro Lugones ni del titular del PAMI, lo que alimenta las sospechas sobre un posible blindaje político.

“El problema es que esto no es una simple irregularidad administrativa. Es un sistema montado para derivar fondos públicos a privados con total impunidad”, afirmó Alonso, quien además pidió una pericia informática para rastrear cómo se realizaron los cambios masivos en el sistema del PAMI.

¿Un modus operandi nacional?

Funcionarios de otras localidades comienzan a elevar la voz y se espera que en los próximos días se sumen nuevas denuncias en distritos del interior bonaerense. Todo indica que lo ocurrido en Madariaga sería solo la punta del iceberg de una operatoria más amplia.

Desde el radicalismo bonaerense y sectores de la oposición se pidió formalmente que el Congreso y la Auditoría General de la Nación intervengan para investigar la presunta red de beneficios cruzados y desfinanciamiento sanitario que salpica a la conducción libertaria.