El presidente de Argentina, Javier Milei, ha tomado una decisión crucial al vetar en su totalidad la ley de movilidad jubilatoria, aprobada hace apenas una semana por el Congreso. La medida fue formalizada mediante la firma del decreto correspondiente este viernes por la noche, y su publicación en el Boletín Oficial está prevista para el lunes próximo, momento en que la decisión adquirirá plena vigencia.

La determinación de Milei llega tras intensas reuniones mantenidas en la Casa Rosada con parlamentarios afines y aliados. Entre los participantes se encontraban líderes de los bloques del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y La Libertad Avanza (LLA), quienes respaldaron firmemente la postura del mandatario. Milei, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, articuló la estrategia con el objetivo de asegurar un respaldo sólido que le permita sostener el veto en el Congreso.

Durante las reuniones, Milei se enfocó en presentar los fundamentos de su decisión. El presidente subrayó que la ley vetada no era compatible con las políticas de austeridad que su gobierno promueve, advirtiendo que su implementación podría comprometer la estabilidad fiscal del país. Las preocupaciones por la sostenibilidad económica del sistema previsional fueron el eje central de los argumentos esgrimidos por el mandatario, quien insistió en la necesidad de implementar reformas que, a largo plazo, aseguren la viabilidad del sistema.

El apoyo de los bloques parlamentarios afines resulta crucial para Milei, ya que le permitirá enfrentar los esfuerzos de la oposición que buscarán reinstaurar la ley en el Congreso. Para contrarrestar el veto, la oposición deberá reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras, una tarea que, según fuentes cercanas al oficialismo, se vislumbra como extremadamente complicada.

La ley de movilidad jubilatoria, que fue impulsada por otros sectores del Congreso, buscaba realizar modificaciones significativas en el sistema de jubilaciones y pensiones, con el objetivo de actualizar los beneficios y mejorar las condiciones de vida de los jubilados. Sin embargo, el veto presidencial deja en suspenso estas reformas, generando un clima de incertidumbre entre los sectores más vulnerables y abriendo un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.