El Gobierno de Javier Milei cerró otra semana sin avances legislativos significativos, tras posponer nuevamente el tratamiento de la Ley Bases en el Senado. La demora se debió a una batería de solicitudes de modificación al proyecto por parte de la oposición, específicamente del sector denominado "dialoguista".

Desde el entorno del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), se mencionaba con frustración que la situación permanecía estancada "igual que la semana pasada". La oposición, integrada por sectores que buscan negociar cambios en el proyecto de ley, ha mantenido su postura crítica y exigente.

En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, las exposiciones iniciales del actor Jorge Marrale y del coordinador de la multisectorial Audiovisual, Guillermo Tello, dieron paso a un debate intenso entre los senadores. Las demandas de cambios comenzaron a surgir después de un cuarto intermedio al mediodía.

Los senadores Víctor Zimmerman y Martín Lousteau de la Unión Cívica Radical (UCR), Edgardo Kueider y Alejandra Vigo de Unidad Federal, y Edith Terenzi de Juntos por Chubut, fueron algunos de los que presentaron propuestas. Entre las principales coincidencias, destacaron la protección de los organismos de cultura, educación, ciencia y tecnología de posibles intervenciones del Ejecutivo, la exclusión del Banco Nacional de Datos Genéticos y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) de cualquier eliminación, y la oposición a la privatización de Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas.

Zimmerman, en particular, insistió en que si se privatiza la aerolínea de bandera, se debe garantizar la continuidad de todas las rutas, sean o no deficitarias. Por su parte, Kueider propuso que el capítulo de procedimientos administrativos y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se discutan en una ley separada. Además, Zimmerman sugirió incentivos para las Pymes y revisiones de redacción relacionadas con las competencias provinciales.

En cuanto a las leyes laborales, el radicalismo reiteró su solicitud de que las cuotas sindicales requieran consentimiento previo y que el bloqueo de plantas se considere causal de despido. Vigo, en materia previsional, pidió que se mantenga la moratoria actual antes de implementar nuevos cambios, incluyendo la modificación de la edad jubilatoria de las mujeres a 60 años. Zimmerman también solicitó que en los proyectos de obra pública se consideren las opiniones de los gobernadores para evitar interrupciones.

Unión por la Patria, manteniéndose firme en su oposición al proyecto, llamó a sus pares a no apoyar una ley que consideran inconstitucional y perjudicial para los derechos provinciales. "Este Senado no puede habilitar una ley inconstitucional que va a arrasar con los derechos de nuestros coprovincianos", afirmó el senador Martín Doñate.

Lousteau, por su parte, señaló que había solicitado cambios para 40 artículos, mientras que Kueider pidió modificaciones en 28 y Zimmerman en 20. Ante la necesidad de revisar estas propuestas, Bartolomé Abdala, presidente de la comisión de Legislación General, anunció un nuevo cuarto intermedio para la semana siguiente.

La situación se repitió en la comisión de Hacienda y Presupuesto, cuyo presidente, Ezequiel Atuche, también decidió posponer el tratamiento del paquete fiscal hasta la próxima semana.

A principios de la semana, altos funcionarios del Ejecutivo, incluyendo al jefe de Gabinete Nicolás Posse y al ministro del Interior Guillermo Francos, se reunieron con los líderes de los bloques "dialoguistas". Pese a estos esfuerzos, las negociaciones no avanzaron significativamente.

La falta de avance se refleja en la necesidad del oficialismo de convencer a un amplio espectro de senadores, incluidos los 13 radicales, 3 de Cambio Federal, 1 de Comunidad Neuquén, 2 del Frente Renovador de la Concordia Social, 2 de Por Santa Cruz, 1 de Juntos Somos Río Negro, 1 de Por la Justicia Social y 3 de Unidad Federal, entre otros.

El PRO, con 6 senadores, y Unión por la Patria, con 33, también juegan roles cruciales en este complejo escenario legislativo. La aprobación de la Ley Bases, que era un paso previo para el fallido "Pacto de Mayo", sigue siendo una incógnita, y la fecha de resolución parece cada vez más distante.