El exintendente de la localidad mendocina de Guaymallén Luis Lobos (PJ) fue condenado este miércoles a la pena de seis años de prisión por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta, en el marco de un juicio abreviado, y pasará 8 años en la cárcel, dado que la justicia unificó una pena anterior por la cual ya estaba detenido, informaron fuentes judiciales.
El Tribunal Penal Colegiado 2, integrado por Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Nancy Lecek, acordó una pena de prisión por un término de 6 años por estos dos delitos y se estableció la unificación en 8 años en relación a otra causa donde ya fue condenado a 4 años y medio, pena que actualmente Lobos cumple en la penitenciaria mendocina de San Felipe.
En mayo de 2019 Lobos había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado.
Asimismo, su esposa Claudia Sgró fue condenada en aquel momento a 3 años y cuatro meses como partícipe primaria del mismo delito.
Lobos, quien era presidente del Concejo Deliberante de ese municipio ubicado en el Gran Mendoza, asumió la intendencia entre 2013 y hasta 2015, en reemplazo de Alejandro Abraham (PJ), quien fue electo diputado nacional.
Lobos tiene varias causas por corrupción y esta es la segunda vez que es declarado culpable en un juicio.
En juicio abreviado, al momento de admitir su culpabilidad ante el tribunal, el exdirigente peronista aceptó declarar y dijo a los presentes que "lo que tienen que agradecerle a Luis Lobos todos, todo el sistema, son los códigos de Luis Lobos. Nada más".
Como parte de este acuerdo judicial, se declaró culpable de enriquecimiento ilícito al no poder justificar la adquisición de bienes de lujo y también reconoció que incurrió en administración fraudulenta respecto del caso que involucró a la empresa Wanka SA, a la cual se le pagó por la pavimentación de calles, aunque las obras nunca se realizaron.
La audiencia final del juicio abreviado fue negociada por el fiscal en jefe de Delitos Económicos, Javier Pascua, y la defensa de Lobos, a cargo de Mariela Ponce y Eugenia Moyano.
A la vez, se acordó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una multa económica y la pena de decomiso en la suma actualizada -al 30 de noviembre de 2022- de $147.895.237,61.
También se incluyó la decisión de Lobos de desistir en los recursos que había presentado contra la ejecución de la Ley de Extinción de Dominio mediante la cual le expropiaron los bienes cuya compra no podía justificar.
