Con 4.249 muertes autoprovocadas en 2024, el país alcanzó el nivel más alto desde que existen registros oficiales. El suicidio ya es la principal causa de muerte violenta y expone un entramado de factores sociales, económicos y sanitarios que siguen sin respuesta suficiente.
La Anmat confirmó la presencia de una bacteria peligrosa en un lote de queso Cremón Doble Crema. Aunque el producto ya estaría vencido, advierten sobre riesgos graves y cuestionan la comunicación de la empresa.
Mientras Washington prepara una venta simbólica de 250 vehículos Stryker a Polonia, vuelve al centro del debate la decisión del gobierno argentino de pagar 100 millones de dólares por apenas 27 unidades usadas, descartando alternativas más baratas, nuevas y con componentes nacionales.
El oficialismo insiste en modificar la norma que protege las reservas de agua estratégicas del país. Científicos alertan por el impacto del cambio climático y organizaciones sociales advierten que el avance responde más a intereses económicos —en especial de Estados Unidos— que a las necesidades ambientales y territoriales de la Argentina.
La Asociación de Trabajadores del Estado advirtió que el plan del Gobierno de recortar un 10% de la planta pública podría traducirse en miles de despidos en áreas clave del Estado. Ante la amenaza, el sindicato evalúa adelantar el paro nacional y endurecer su estrategia frente a un ajuste que califican de “brutal e injustificado”.
Presionado por el FMI, el Gobierno avanza con la quita del 75% de los subsidios a luz y agua. La medida impactará en casi la mitad de los hogares del país, especialmente en clases medias y sectores con ingresos que no superan el millón y medio mensual. El ajuste que debía recaer en “la casta” termina golpeando a los usuarios comunes.
La UCR de La Plata cuestionó la decisión del Gobierno de designar al general Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa. Advirtieron que rompe un consenso democrático vigente desde 1983 y recordaron las denuncias contra su padre, quien comandó un regimiento durante la dictadura. Funcionarios libertarios y cuentas afines al oficialismo respondieron con ataques.
El gigante tecnológico de Marcos Galperin fue uno de los principales beneficiarios del régimen de promoción de la Economía del Conocimiento. Mientras acumula exenciones fiscales y mantiene su residencia en Uruguay, su cúpula reclama al Gobierno que limite el ingreso de plataformas como Shein y Temu.
Un documento interno advierte que la infraestructura y el equipamiento están en estado crítico. Las máquinas tienen más de 30 años y no hay presupuesto operativo. “Si llegaran los 24 aviones, sólo podrían volar dos horas al año”, reconoció un militar.
El conflicto estalló en la sede porteña del organismo, donde manifestantes ingresaron por la fuerza tras la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Reclaman por bajas de pensiones, falta de terapias y el incumplimiento de los compromisos oficiales. El interventor Alejandro Vilches se negó a recibir el petitorio.
La empresa de Sam Altman aclaró que no invertirá en Argentina hasta que una firma local —la desconocida Sur Energy— construya el datacenter con fondos propios. El comunicado contradice el anuncio del gobierno, que había celebrado una supuesta inversión récord de 25 mil millones de dólares.
La empresa que el Gobierno presentó como clave en el acuerdo con Sam Altman no tiene trayectoria, directivos visibles ni presencia real en el sector energético.
La constructora de la Armada entra en un paro de 72 horas por falta de pagos y de certezas sobre su futuro. Es la segunda huelga en la historia de la empresa y profundiza la crisis en Defensa.
El Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA advirtieron que los fondos previstos por el Gobierno están 30% por debajo de lo necesario. Denuncian salarios docentes por debajo de la pobreza y alertan que ya hubo 10 mil renuncias en el último año.
El diputado jujeño de La Libertad Avanza fue denunciado por desvío de fondos en Ospail. La auditoría gremial reveló contratos truchos, sobrefacturación y coimas. La trama salpica también a uno de los principales operadores políticos del oficialismo.
La tragedia que golpea a la Argentina destapó un entramado de negligencias, irregularidades y falta de control estatal. El ministro de Salud, Mario Lugones, y la ANMAT enfrentan cuestionamientos directos por su responsabilidad en el mayor escándalo sanitario de los últimos años.
El ministro de Desregulación adelantó cambios en la Justicia y generó fuertes cuestionamientos por parte de abogados, jueces y constitucionalistas. Las referencias a la Revolución Francesa encendieron aún más la polémica.
Guillermo Francos encabezó la segunda reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada. La presencia del secretario de Trabajo anticipa que la reforma laboral será una de las prioridades. También se abordaron temas fiscales y tributarios en un clima de hermetismo y negociaciones sectoriales.
El Ministerio de Seguridad creó un consejo académico para capacitar agentes encubiertos en delitos complejos. La iniciativa, liderada por el juez Ricardo Basílico, fue criticada por sectores de las fuerzas federales que acusan al Gobierno de “hollywoodizar” la inteligencia criminal.
La renuncia de Gabriel Oriolo, hombre clave del ministro Lugones, expuso una red de privilegios a empresas privadas desde el Estado. Sospechan que favoreció a Medicus y que su sucesor también está vinculado a maniobras irregulares con otra firma.
Tras detectar tratamientos sin autorización, el organismo advirtió que podrían contener formol, una sustancia tóxica y cancerígena.
Una encuesta de Atlas Intel revela un giro en las prioridades sociales: la falta de trabajo lidera el ranking de inquietudes, seguida por la inflación y la corrupción. El 67,5% califica de “mala” la situación económica actual.
