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El ajuste fiscal que comanda el Ministerio de Economía ha encontrado en la vulnerabilidad un nuevo campo de batalla. Bajo el pomposo título de "Proyecto de Ley Contra el Fraude en Pensiones por Invalidez", el Poder Ejecutivo ha formalizado una ofensiva que, lejos de buscar transparencia, parece diseñada para generar una caída sistémica de beneficios por vía administrativa.

El eje de la discordia es la obligatoriedad de que 1,2 millones de beneficiarios revaliden su condición médica y socioeconómica en apenas tres meses. En una Argentina donde conseguir un turno con un especialista en el sistema público puede demorar ese mismo tiempo, la exigencia de presentar un nuevo Certificado Médico Oficial (CMO) digital se traduce en una trampa burocrática. Quien no llegue a tiempo, perderá el derecho de forma automática.

La letra chica del proyecto esconde una de las medidas más regresivas de las últimas décadas: la incompatibilidad total entre la pensión y el trabajo formal. Si un beneficiario logra insertarse en el mercado laboral, el Estado le retira la asistencia. Es, en los hechos, un castigo a la autonomía. En lugar de fomentar la integración, el Gobierno fuerza a las personas con discapacidad a elegir entre la subsistencia mínima o la incertidumbre del mercado laboral sin red de contención.

Esta avanzada no ocurre en el vacío. Se da mientras el Ejecutivo ignora sistemáticamente la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. A pesar de los fallos judiciales de marzo de 2026 que ordenaron el flujo inmediato de fondos, las partidas llegan "por goteo", paralizando tratamientos y dejando a miles de familias sin cobertura de transporte y medicación. El Presupuesto 2026, presentado recientemente por Manuel Adorni, confirmó los temores: no se asignaron partidas específicas para cumplir con esta ley ni con la de financiamiento universitario.

El conflicto se extiende al ámbito académico, donde el Gobierno ha decidido que la inclusión es un "gasto superfluo". Mientras el Ministerio de Economía se resiste a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) —judicializando cada peso destinado a las aulas a pesar de los fallos en contra de la Cámara Contencioso Administrativo Federal—, los programas de accesibilidad han quedado desfinanciados.

La respuesta judicial

La escalada ha llegado a los tribunales. Esta semana, el Presidente y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fueron denunciados penalmente ante el Juzgado Federal N°5 por "abandono de persona" e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia señala que el ajuste no es solo financiero, sino que pone en riesgo la vida de quienes dependen de estas prestaciones, calificando la situación como un "genocidio por goteo".