En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación terminó de sellar un cambio de paradigma ambiental en Argentina. Con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) ya es un hecho. Lo que para el Gobierno de La Libertad Avanza y el sector minero representa "eliminar ambigüedades para atraer inversiones", para las organizaciones ambientales y la oposición es el inicio de una degradación irreversible de las reservas estratégicas de agua dulce del país.

El corazón de la reforma ataca directamente la definición del ambiente periglacial. Hasta hoy, la ley vigente desde 2010 aplicaba un principio precautorio: donde hay hielo o suelo congelado que actúa como reserva hídrica, no se toca. Ahora, el nuevo texto introduce una "flexibilidad" técnica: las provincias tendrán la potestad de determinar si un área periglacial cumple una "función hídrica relevante" o no. El Inventario Nacional de Glaciares, antes una barrera científica infranqueable, ahora deberá convivir con informes técnicos provinciales que podrían "excepcionar" áreas bajo estos nuevos criterios discrecionales.

El mapa del poder en el recinto

La victoria del oficialismo no fue casual. LLA logró amalgamar un bloque sólido junto al PRO y sectores de la UCR, pero la llave la tuvieron los gobernadores. Los bloques de "Innovación Federal" (Misiones, Salta) y diputados de provincias con fuerte peso minero como San Juan y Catamarca fueron determinantes. Proyectos de gran escala como Josemaría, que se encontraban en zonas de interpretación "gris", encuentran ahora un horizonte despejado para su expansión, dependiendo de la reglamentación final.

En la vereda de enfrente, el rechazo fue encabezado por Unión por la Patria y la Izquierda. Sin embargo, hubo fisuras en el oficialismo que marcaron la agenda: la diputada Lourdes Arrieta votó en contra, sumando una voz de disidencia interna que alertó sobre el riesgo de debilitar las reservas estratégicas en un contexto de crisis climática.

¿Qué implica esto en el territorio?

El control pasa de un ente nacional y autárquico a las autoridades locales, las mismas que en muchos casos son las principales promotoras de la actividad extractiva. Esto genera un evidente conflicto de intereses: el mismo Estado que necesita las regalías mineras es el que debe decidir si el glaciar de escombros se protege o se explota.

Especialistas advierten que la reforma viola el principio de "no regresión ambiental" —un pacto constitucional que impide bajar los estándares de protección ya alcanzados—. Por este motivo, mientras el oficialismo celebra la "seguridad jurídica" para los inversores del RIGI, las ONG ya preparan una catarata de amparos. La batalla por el agua dejó el Congreso para instalarse, seguramente, en los pasillos de la Corte Suprema.