Por Qué tal tu Día

La gestión de Javier Milei ha decidido redoblar la apuesta en su conflicto con el sistema universitario nacional. Bajo la premisa de un ajuste fiscal que no admite excepciones, el Ejecutivo ahora impulsa un nuevo proyecto de ley para el sector. Sin embargo, detrás del anuncio se esconde una maniobra política de manual: intentar legislar hacia adelante para invisibilizar el incumplimiento de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso el año pasado tras el veto presidencial.

El escenario es, cuanto menos, paradójico y alarmante. Mientras el Gobierno apela medidas cautelares y se niega a girar los fondos que por ley corresponden para recomponer salarios y gastos de funcionamiento, envía al Parlamento un texto que desconoce la deuda acumulada. No se trata de una "nueva etapa", sino de un intento de blanqueo del ajuste: el nuevo proyecto no reconoce la recomposición salarial 2023-2024 y ofrece partidas que, frente a la inflación proyectada, huelen más a asfixia que a solución.

Cifras que duelen: un viaje en el tiempo a 2006

El rigor de los datos desmiente el relato oficial de "priorizar la educación". Según el informe del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN), de consolidarse el presupuesto previsto para 2026, el financiamiento universitario real se ubicará un 40% por debajo de los niveles de 2023. Esto significa que, en términos de poder de compra, la universidad pública argentina está siendo retrotraída a los niveles presupuestarios de hace 20 años.

El corazón del ajuste sigue siendo el bolsillo de los trabajadores. El 86% del recorte se explica por la licuación de los salarios de docentes y nodocentes, quienes ya arrastran una pérdida del 31% de su poder adquisitivo. La diferencia entre lo que marca la ley vigente y lo que propone el nuevo proyecto es de 2,5 billones de pesos; ese es el monto exacto que el Gobierno pretende "ahorrarse" a costa del sueldo de quienes sostienen las aulas.

La ingeniería del desacato: borrar la ley con un nuevo proyecto

La estrategia oficialista de enviar este nuevo proyecto al Congreso —cuya discusión se pretende acelerar en las comisiones de Educación y Presupuesto durante las próximas semanas— busca desactivar el conflicto legal por el incumplimiento de la norma vigente. Al proponer un esquema de actualización del 12,3% en tres tramos para todo el año frente al 63,7% que estipula la ley 27.795, el Gobierno intenta forzar una nueva mayoría legislativa que acepte el "borrón y cuenta nueva" sobre los salarios de 2024 y 2025.

Este retroceso de dos décadas no es solo simbólico. Volver a niveles de 2006 implica que el sistema universitario, que ha crecido exponencialmente en matrícula, cantidad de sedes y desarrollo científico en los últimos 20 años, deberá sostener una estructura de 2026 con los recursos que tenía cuando el sistema era sensiblemente más pequeño. El impacto directo se verá en el cierre de laboratorios, la suspensión de proyectos de investigación y una degradación de la oferta académica.

La disputa que asoma es total. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes ya advierten que el tratamiento de esta nueva ley será recibido con una nueva escalada de movilizaciones. El trasfondo es una colisión de poderes: un Ejecutivo que ignora una ley aprobada por insistencia parlamentaria y un sistema universitario que se niega a ser la moneda de cambio para alcanzar el déficit cero. La pregunta que queda flotando en los pasillos del Congreso es si el Poder Legislativo permitirá que una nueva ley sirva de amnistía para el ajuste ilegal que el Gobierno viene ejecutando por goteo.