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POLÍTICA

20 de noviembre de 2026 · 09:54

Pagano encendió la alarma por los depósitos bancarios de la gente: qué votó realmente el Congreso

La legisladora nacional planteó en el programa de Viviana Canosa que una decisión parlamentaria podría permitir utilizar depósitos como respaldo de operaciones crediticias. Detrás de la advertencia hay una discusión concreta sobre las reservas del Banco Central, una reforma que todavía no consiguió sanción definitiva y otro proyecto financiero que el Gobierno terminó retirando del Congreso.

Pagano encendió la alarma por los depósitos bancarios de la gente: qué votó realmente el Congreso

La discusión sobre qué puede hacer el Banco Central con los activos que administra volvió a instalarse en el centro de la escena política. Esta vez, a partir de las declaraciones de la diputada nacional Marcela Pagano en el programa de Viviana Canosa, donde advirtió sobre la posibilidad de que depósitos bancarios puedan funcionar como garantía para operaciones de crédito. El planteo tiene un trasfondo legislativo real, pero para comprender su alcance es necesario distinguir qué activos están involucrados, qué aprobaron las cámaras y qué parte de las reformas continúa pendiente.


El punto más sensible está en el artículo 13 del proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Esa disposición introduce una facultad para que la autoridad monetaria utilice determinados activos externos como garantía en operaciones propias de banca central. La redacción contempla depósitos en instituciones bancarias del exterior, oro, activos financieros líquidos y otros instrumentos de reconocida solvencia y liquidez.

La diferencia no es menor: el texto se refiere a activos que integran las reservas del Banco Central, entre ellos depósitos que la propia autoridad monetaria mantiene en entidades financieras extranjeras. No establece, en esos términos, que cualquier banco comercial pueda tomar los ahorros de sus clientes y ofrecerlos como garantía de créditos ajenos. Tampoco convierte automáticamente el dinero depositado por los ciudadanos en un respaldo disponible para cualquier operación financiera.

El artículo que abrió la controversia

La iniciativa oficial, identificada como expediente 0007-PE-2026, propone reformar la Carta Orgánica del BCRA y modificar disposiciones de las leyes 23.928 y 21.526. Su objetivo general es redefinir el mandato de la autoridad monetaria, limitar el financiamiento al Tesoro y establecer nuevas reglas para el funcionamiento institucional del organismo.

Sin embargo, uno de sus artículos concentró buena parte de las objeciones opositoras. El artículo 13 sustituye el artículo 33 de la Carta Orgánica y establece que los bienes que integran las reservas son inembargables, pero habilita al Banco Central a utilizar una parte de sus activos externos como garantía en operaciones propias de banca central. La disposición incluye expresamente depósitos en bancos del exterior y tenencias de oro, dos componentes que explican por qué el debate trascendió la discusión técnica sobre la autonomía del organismo.

La controversia se concentra en el alcance de esa facultad. Una garantía permite respaldar una obligación financiera y puede comprometer el activo ofrecido si la operación no se cumple en las condiciones pactadas. Por eso, aunque el proyecto no dispone una apropiación directa de los depósitos particulares, sí abre una discusión relevante sobre la utilización de activos que forman parte del patrimonio de la autoridad monetaria y, en consecuencia, de las reservas internacionales del país.

Dos cámaras votaron, pero la reforma todavía no es ley

El recorrido parlamentario explica buena parte de la discusión. El 26 de agosto de 2026, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto con 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. Durante ese tratamiento, el artículo que habilita el uso de activos externos como garantía quedó comprendido en el título aprobado por la mayoría oficialista.

El Senado trató la iniciativa el 24 de septiembre y la aprobó en general con 46 votos afirmativos y 22 negativos. Sin embargo, introdujo modificaciones vinculadas con el procedimiento de designación y remoción de las autoridades del Banco Central. Esa modificación obligó a devolver el expediente a la Cámara de Diputados para una nueva consideración.

El 28 de octubre, las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de Diputados emitieron dictamen favorable para aceptar los cambios introducidos por el Senado. El oficialismo buscaba completar el recorrido legislativo el 18 de noviembre, pero la sesión especial se cayó por falta de quórum: hubo 126 diputados presentes cuando se necesitaban 129 para abrir el debate.

La consecuencia es concreta. Aunque el proyecto obtuvo aprobaciones en ambas cámaras durante su recorrido, todavía necesitaba el pronunciamiento definitivo de Diputados sobre las modificaciones senatoriales. La reforma no había completado el procedimiento de sanción y, por lo tanto, el artículo 13 todavía no podía considerarse una facultad incorporada a la Carta Orgánica vigente.

El otro proyecto que también hablaba de saldos bancarios como garantía

Hay un segundo antecedente que ayuda a entender por qué la discusión sobre los depósitos y las garantías financieras adquirió mayor dimensión. Se trata de la denominada Ley de Competitividad Financiera, una iniciativa de 240 artículos que el Poder Ejecutivo envió a Diputados el 2 de noviembre mediante el expediente 0012-PE-2026.

A diferencia de la reforma del Banco Central, este proyecto proponía modificar el régimen de garantías para ampliar el conjunto de bienes y derechos que podrían respaldar operaciones de crédito. Entre las alternativas incorporadas aparecían activos digitales, propiedad intelectual, participaciones societarias, inventarios y flujos de ingresos futuros. También contemplaba la posibilidad de constituir garantías sobre saldos en cuentas bancarias y cuentas de proveedores de servicios de pago.

La propuesta tenía un alcance mucho más amplio sobre los instrumentos utilizados para obtener financiamiento. En lugar de limitarse a los activos externos del Banco Central, buscaba modernizar el régimen de garantías para permitir que diferentes activos y derechos económicos pudieran respaldar obligaciones financieras.

Pero esa iniciativa tampoco llegó a convertirse en ley. El proyecto ingresó el 2 de noviembre y el Gobierno solicitó retirarlo el 3 de noviembre, después de que se desatara una controversia por los cambios tributarios que incluía para determinadas operaciones con CEDEAR. El retiro alcanzó al paquete completo, por lo que las modificaciones sobre garantías y saldos bancarios quedaron sin tratamiento.

Son dos expedientes distintos y con alcances diferentes: uno apunta a las reservas y los activos externos del Banco Central; el otro proponía ampliar las garantías disponibles para operaciones financieras, incluyendo saldos en cuentas bancarias. Ninguno permite afirmar que ya exista una autorización general y vigente para utilizar indistintamente los depósitos de los argentinos como respaldo de cualquier crédito.

La discusión sobre las reservas y el antecedente que vuelve a aparecer

La utilización de activos externos como garantía no es una cuestión menor dentro de la política monetaria. El Banco Central administra reservas internacionales que cumplen distintas funciones: respaldan la capacidad de intervención cambiaria, permiten atender obligaciones externas y forman parte de los recursos disponibles para sostener la estabilidad financiera.

El proyecto oficial busca ampliar las herramientas operativas del organismo, pero la oposición cuestionó que esa facultad pueda habilitar operaciones de endeudamiento respaldadas por activos que cumplen una función estratégica para la economía argentina. Durante el debate en el Senado, legisladores como Martín Soria y Flavia Royón plantearon objeciones sobre los límites de la autorización, la información que debería recibir el Congreso y las condiciones bajo las cuales podrían comprometerse esos recursos.

La discusión también recuperó un antecedente histórico que en Argentina conserva una enorme sensibilidad: la crisis financiera de 2001. Sin equiparar automáticamente ambos escenarios, el recuerdo del corralito vuelve a aparecer cada vez que se discuten modificaciones sobre la disponibilidad, protección y utilización de los depósitos bancarios. La diferencia jurídica entre los ahorros particulares y las reservas del Banco Central resulta indispensable para comprender el debate actual, pero no elimina la importancia de discutir qué facultades tendrá el organismo sobre los activos que administra.

La Ley 24.485, que creó el sistema de seguro de garantía de los depósitos bancarios, y la Ley de Entidades Financieras 21.526 conforman parte del marco legal que regula la protección de los depositantes y el funcionamiento del sistema financiero. Son normas distintas de la Carta Orgánica del BCRA y no deben confundirse con la autorización que propone el artículo 13.

Una advertencia política en medio de una reforma inconclusa

Las declaraciones de Marcela Pagano en el espacio televisivo de Viviana Canosa colocan nuevamente en discusión un aspecto de la política financiera del Gobierno que generó cuestionamientos desde el comienzo de su tratamiento parlamentario. La posibilidad de utilizar activos externos como garantía es una facultad que figura expresamente en el texto aprobado durante las instancias anteriores del trámite legislativo, pero todavía pendiente de sanción definitiva.

La discusión tiene dos dimensiones que conviene mantener separadas. Por un lado, está la utilización de reservas del Banco Central como respaldo de operaciones propias de la entidad. Por otro, la ampliación de los bienes y derechos que pueden utilizarse como garantía para obtener créditos, una cuestión que aparecía en el proyecto de Competitividad Financiera que el Ejecutivo retiró.

En ese escenario, la advertencia de Pagano vuelve a poner sobre la mesa una pregunta decisiva para el futuro del sistema financiero: hasta dónde podrán llegar las facultades del Banco Central para comprometer sus activos externos y bajo qué controles se realizarán esas operaciones. La respuesta no depende de una interpretación televisiva, sino del texto definitivo que eventualmente apruebe el Congreso y de las normas que regulen su aplicación.

Por ahora, el dato parlamentario más importante es otro: la reforma del Banco Central no consiguió completar su sanción el 18 de noviembre porque Diputados no reunió el quórum necesario. El debate sobre las garantías sigue abierto y la diferencia entre los depósitos de los ahorristas, los activos externos del BCRA y los saldos bancarios utilizados como respaldo crediticio es precisamente el punto que no puede perderse de vista.

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