La muerte de Faustino Díaz Crimi dejó una pregunta que durante mucho tiempo no tuvo una respuesta institucional: ¿quién controla las condiciones en las que funcionan las escuelas de verano y quién garantiza que los chicos estén realmente cuidados mientras participan de esas actividades?
Después de más de un año de reclamos familiares y un recorrido legislativo que incluyó demoras y modificaciones, Mendoza aprobó una regulación específica para estos establecimientos. El Senado provincial dio sanción definitiva y por unanimidad a la denominada Ley Faustino, que establece requisitos obligatorios para las escuelas de verano públicas y privadas, clubes, asociaciones, sindicatos, complejos deportivos y organismos municipales o provinciales.
La iniciativa surgió después del fallecimiento de Faustino, ocurrido el 5 de febrero de 2025, cuando participaba de una escuela de verano en el Marista Rugby Club, en Luján de Cuyo. Sus padres, María José Crimi y Diego Díaz, impulsaron el proyecto para que la tragedia no quedara reducida a una investigación judicial y se transformara en una modificación concreta de las condiciones de seguridad para miles de chicos.
La sanción llegó, pero también dejó una cuestión pendiente: las nuevas exigencias no estarán plenamente operativas para el verano que está por comenzar. La adecuación del registro y la reglamentación demandarán un plazo de 180 días desde la publicación de la norma. Por eso, la temporada 2026-2027 todavía tendrá una etapa de transición, mientras que la aplicación integral está prevista para el período 2027-2028.
Un registro para que las familias sepan dónde llevan a sus hijos
Uno de los cambios centrales es la creación de una nómina de Escuelas de Verano dentro del Registro Provincial de Instituciones Deportivas, previsto por la Ley 6.457. La inscripción alcanzará tanto a organizadores privados como a clubes, asociaciones civiles, sindicatos, entes comunitarios y organismos públicos que desarrollen estas actividades.
Para obtener la constancia de inscripción, cada responsable deberá presentar una declaración jurada con información que permita identificar quién organiza la actividad, quién está a cargo de la coordinación técnica y dónde funciona el establecimiento. También tendrá que acreditar la habilitación municipal del predio, con las condiciones edilicias y sanitarias correspondientes.
A esa documentación se suman la descripción del proyecto pedagógico, una póliza de seguro de responsabilidad civil y la cobertura de un servicio de emergencias médicas con traslado urgente. La constancia tendrá vigencia hasta el final del período estival y deberá renovarse para la temporada siguiente.
La norma incorpora, además, una herramienta que apunta directamente a las familias: la autoridad de aplicación deberá publicar en su página web el listado de las instituciones que cumplieron con los requisitos. Cada establecimiento registrado tendrá que exhibir la documentación en un lugar visible de su ingreso, para que cualquier persona pueda consultarla.
La idea es que elegir una escuela de verano no dependa solamente de una recomendación, de la cercanía o del precio. Los padres podrán verificar quién está detrás de la actividad, qué habilitaciones tiene el predio y qué cobertura existe ante una emergencia. El registro, sin embargo, será útil en la medida en que la información se mantenga actualizada y exista una fiscalización efectiva.
Profesores matriculados y antecedentes penales: quiénes podrán estar a cargo
La regulación también establece condiciones para el personal que trabaja con niños y adolescentes. Cada escuela deberá contar con un responsable del proyecto que sea profesor o licenciado en Educación Física matriculado, además de disponer de equipos adecuados para las actividades que se desarrollen.
Los integrantes del personal deberán presentar certificados de antecedentes penales. La exigencia busca que las instituciones identifiquen formalmente a quienes estarán en contacto cotidiano con los participantes y que esa información forme parte de las condiciones para funcionar.
La ley establece una proporción específica para los grupos de menor edad: por cada 15 niños y niñas menores de cinco años deberá haber un profesor de Educación Física y un auxiliar. Para los participantes mayores de esa edad, la cantidad de profesionales y auxiliares quedará determinada por la reglamentación.
Este último punto será importante. La norma establece una obligación concreta para los más pequeños, pero deja en manos de la autoridad de aplicación la definición de las proporciones para el resto de los grupos. La reglamentación deberá traducir ese criterio en parámetros claros para establecimientos con distintas edades, cantidad de concurrentes y modalidades de actividad.
Piletas: un guardavidas cada 50 chicos y capacitación obligatoria en RCP
La seguridad en los natatorios ocupa un lugar central en la nueva legislación, por el contexto en el que nació el proyecto. Los establecimientos que tengan piletas deberán contar con al menos un guardavidas habilitado y registrado cada 50 niños, niñas y adolescentes durante el uso del natatorio. También deberán disponer de cerramientos de protección.
La ley establece que todo el personal debe recibir capacitación en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), identificación de factores de riesgo y manejo de situaciones que puedan comprometer la seguridad de los participantes. No alcanza con que haya una persona capacitada dentro del establecimiento: la obligación comprende al equipo de trabajo.
Otro aspecto novedoso es que los propios chicos deberán recibir contenidos adaptados a sus edades para aprender a reconocer situaciones de riesgo y saber cómo actuar frente a ellas. La reglamentación deberá establecer cómo se instrumentarán esas instancias de capacitación.
La norma también deja expresamente establecido que la guardia, custodia y vigilancia directa de los chicos dentro del agua es una responsabilidad inherente al personal del establecimiento. En paralelo, el titular del predio y el responsable de la actividad deberán supervisar de manera directa y permanente el estado de las instalaciones y el cumplimiento de las condiciones de seguridad.
No se trata solamente de disponer de un guardavidas o de tener un protocolo guardado en una oficina. La obligación de vigilancia durante el uso de la pileta queda incorporada como una responsabilidad propia del funcionamiento de la escuela de verano.
Seguro y emergencias: qué deberán garantizar los organizadores
La inscripción también exigirá una cobertura de responsabilidad civil vigente durante todo el período de funcionamiento. El seguro deberá contemplar a los participantes ante accidentes o contingencias que puedan producirse dentro del establecimiento.
Además, los organizadores deberán acreditar un servicio de emergencias médicas con capacidad de traslado urgente. Es importante distinguir este requisito de la exigencia de una ambulancia permanentemente estacionada en la puerta: el texto legislativo difundido oficialmente habla de cobertura médica y traslado urgente, no establece en esos términos una ambulancia presencial durante toda la jornada.
La diferencia no es menor, especialmente para clubes y organizaciones que trabajan con presupuestos limitados. En declaraciones a Radio Regional, referentes de instituciones plantearon preocupación por el costo que podría representar contratar servicios médicos permanentes. El medio recogió valores estimados de entre $350.000 y $500.000 por una jornada de cinco horas, aunque esos montos corresponden a consultas realizadas por la emisora y no a una tarifa oficial fijada por la ley.
La discusión sobre los costos deberá formar parte de la implementación. La exigencia de seguridad no puede quedar subordinada a la capacidad económica de cada institución, pero tampoco puede ignorarse que los clubes barriales y las organizaciones comunitarias tienen estructuras muy diferentes a las de un complejo privado. La reglamentación y los mecanismos de control tendrán que contemplar esa diversidad sin convertirla en una excusa para reducir las garantías de los chicos.
Excursiones y pernoctes: también habrá reglas fuera del predio
La regulación no se limita a las actividades dentro de los clubes o natatorios. Cuando las escuelas de verano organicen excursiones o actividades que incluyan pernocte, deberán contar con autorización escrita de los padres o tutores y contratar servicios de transporte habilitados por la autoridad competente.
De esta manera, la responsabilidad de los organizadores se extiende a las actividades que forman parte de la propuesta recreativa, incluso cuando se desarrollen fuera de las instalaciones habituales.
La ley alcanza a instituciones públicas y privadas y establece que cada escuela funcionará bajo la responsabilidad exclusiva de la persona u organismo que la organiza. Los municipios, además, están invitados a adherir a la normativa y a elaborar sus propios registros, de acuerdo con las competencias y exigencias que establezcan.
La ley nació de una tragedia y llegó después de más de un año de demora
El proyecto fue impulsado originalmente por la senadora Adriana Cano, junto con Mercedes Derrache, Cristina Gómez, Mauricio Sat, Pedro Serra y Gerardo Vaquer. La iniciativa tuvo media sanción del Senado el 14 de octubre de 2025, pero permaneció durante más de un año sin avanzar en la Cámara de Diputados.
Durante ese período, la familia de Faustino mantuvo el reclamo y volvió a presentarse en la Legislatura para pedir que la regulación se tratara antes de una nueva temporada estival. En septiembre de 2026, María José Crimi volvió a plantear públicamente que no podían comenzar otro verano sin reglas específicas para estos espacios. Recién en noviembre el proyecto consiguió despacho favorable, pasó por Diputados con modificaciones y regresó al Senado para su aprobación definitiva.
La versión final también tuvo cambios respecto del texto original. Se eliminó la clasificación entre escuelas públicas, privadas y de invierno, y se modificaron las proporciones de personal exigidas según las edades. En particular, se mantuvo el requisito de un profesor y un auxiliar cada 15 chicos menores de cinco años, mientras que para los mayores la definición quedó sujeta a la reglamentación.
La familia acompañó la sesión definitiva. Durante el tratamiento, Cano expresó una frase que sintetiza el alcance y también el límite de la ley: “La ley no repara nada, no borra ningún recuerdo, pero sí genera condiciones”. El senador Néstor Majul también destacó el trabajo de los padres y la necesidad de convertir el reclamo en una respuesta institucional.
La investigación judicial por la muerte de Faustino continúa por una vía distinta a la legislativa. En el expediente se habían imputado inicialmente cuatro personas y, según los reportes periodísticos de septiembre de 2026, la investigación incorporó otras dos imputaciones. Se trata de una causa en trámite, sin que esas imputaciones equivalgan a una condena.
El próximo paso: que la ley se convierta en controles reales
La aprobación unánime representa un avance, pero no cierra el problema. La Subsecretaría de Deportes será la autoridad de aplicación y tendrá que reglamentar la norma, organizar el registro, definir los procedimientos de inscripción y establecer cómo se fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones.
Los 180 días previstos para adecuar los trámites explican por qué las nuevas exigencias no estarán plenamente implementadas al inicio de la temporada 2026-2027. La previsión oficial y las declaraciones de la senadora Cano apuntan a que el sistema esté en funcionamiento integral para el verano 2027-2028.
Ese calendario deja un período de transición que merece atención. La sanción de una ley no modifica automáticamente las condiciones materiales de cada pileta, no capacita por sí sola a los trabajadores ni garantiza que los responsables estén controlando a los chicos dentro del agua. Para eso hacen falta reglamentación, recursos, inspecciones y un sistema de información que permita a las familias conocer qué establecimientos cumplen.
La Ley Faustino nació de una pérdida irreparable y de una familia que decidió insistir para que otras no tuvieran que atravesar lo mismo. El desafío ahora será que el nombre de Faustino no quede asociado solamente a una sesión legislativa emotiva. Que cada guardavidas esté donde debe estar, que cada trabajador sepa cómo actuar ante una emergencia y que cada padre pueda consultar si el lugar al que lleva a sus hijos cumple con las condiciones exigidas.
La ley ya tiene sanción definitiva. Lo que falta es que la seguridad deje de depender de la buena voluntad de cada institución y se convierta en una obligación controlada por el Estado.
