La visita de un Papa suele convocar algo más que una ceremonia religiosa: concentra expectativas, multitudes y una dimensión institucional que excede cualquier gobierno. Pero la misa de León XIV en el Monumento a los Españoles dejó en la Argentina una postal difícil de disimular. Mientras miles de personas se congregaron para participar de la celebración, alrededor del evento se organizó un espacio reservado para invitados especiales, con carpas climatizadas, catering diferenciado y miles de acreditaciones. La fe también tuvo su sector exclusivo.
La polémica no quedó reducida a las imágenes de famosos disfrutando de las comodidades del espacio VIP. Detrás de esa carpa aparece una contratación estatal por $8.690 millones, adjudicada a DF Entertainment mediante una compulsa abreviada por urgencia en la que, pese a que fueron convocadas tres empresas, solamente se presentó una oferta. Y, en medio de ese entramado, surgió otro nombre conocido en las controversias por los contratos públicos: Tech Security, la empresa de seguridad en la que tienen participación los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El diputado nacional Esteban Paulón llevó el escándalo al Congreso con un proyecto de resolución dirigido a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y al canciller Pablo Quirno. La iniciativa busca conocer quiénes integraron las listas de invitados, qué criterios se utilizaron para distribuir las acreditaciones, quién organizó los espacios preferenciales y cuánto dinero público se destinó a sostener esos privilegios. La pregunta que atraviesa el episodio es bastante más amplia: ¿cómo terminó una celebración multitudinaria convertida en un evento con servicios diferenciados para una minoría?
$8.690 millones y una sola oferta: el negocio de la producción
El expediente oficial permite reconstruir una parte sustancial de la operación. La contratación quedó registrada en COMPR.AR bajo el proceso 79-0012-CDI26, con el objeto de brindar un servicio integral de producción y coordinación general para la misa y la vigilia de jóvenes. La Jefatura de Gabinete invitó a DF Entertainment, Oymyakon SA y Five Pro Events SA. Sin embargo, el acta de apertura del 20 de octubre solamente registró una propuesta económica: la de DF Entertainment, por $8.690.000.000.
La adjudicación se formalizó el 23 de octubre mediante la Resolución 338/2026 y la orden de compra 79-0028-OC26 quedó perfeccionada tres días después. El procedimiento elegido fue una contratación directa bajo la modalidad de compulsa abreviada por urgencia. No hubo una licitación pública con competencia abierta y, en los hechos, el Estado terminó evaluando un único precio para una prestación integral de enorme magnitud.
Hay un dato que vuelve todavía más discutible el argumento de la urgencia: la visita papal estaba prevista para noviembre y el Gobierno ya había organizado una estructura específica para coordinarla desde septiembre. El DNU 1103/2026, publicado el 28 de septiembre, creó una Unidad Ejecutora Especial Temporaria dentro de la Jefatura de Gabinete, con facultades para planificar la visita, impulsar las contrataciones y aprobar gastos con cargo al Presupuesto General de la Administración Pública Nacional. La solicitud de contratación de DF, en cambio, fue cargada el 14 de octubre, apenas unas semanas antes de los actos.
El calendario no prueba por sí mismo una irregularidad, pero deja planteado un interrogante concreto sobre la planificación: si la visita era conocida con meses de anticipación y existía una unidad especialmente creada para organizarla, ¿qué circunstancias hicieron indispensable recurrir a un procedimiento de urgencia y terminar con una sola oferta económica?
Una carpa para 4.000 invitados y catering diferenciado
El pliego de condiciones muestra que el sector VIP no fue un detalle improvisado ni una comodidad menor. La contratación incluyó acreditaciones anticipadas para hasta 4.000 personas y 3.500 sillas destinadas a ese sector, además de otras 1.200 sillas plásticas para diferentes ubicaciones, entre ellas una plataforma de accesibilidad.
También se contempló una carpa identificada como “VIP 1 – Iglesia”, de 30 por 40 metros, con capacidad para 250 personas, piso, alfombra beige, entelado y climatización. A eso se sumó otra estructura de cinco por cinco metros identificada como “Presidencia (JM)”, con terminaciones similares. El esquema contemplaba, además, un servicio de catering diferenciado: prestaciones de coffee para la misa, las sacristías, el coro y el encuentro de jóvenes, junto con servicios específicos identificados como “Coffee Presidencia”.
El contrato se estructuró bajo la modalidad llave en mano y con un único renglón, por lo que los $8.690 millones no aparecen desagregados en una lista de precios que permita conocer cuánto costó cada carpa, cada servicio de comida, la seguridad, la conectividad o el control de accesos. El monto incluye un conjunto amplio de prestaciones y no permite establecer cuánto representó específicamente el montaje del VIP.
La discusión, por lo tanto, no pasa por cuestionar que un acontecimiento de semejante convocatoria necesite logística, seguridad, atención sanitaria o infraestructura. Esas necesidades son evidentes. El problema aparece cuando, dentro de una celebración abierta a la comunidad, se construye un circuito de privilegios cuyo costo termina incorporado a una contratación financiada por el Estado y cuyos beneficiarios todavía no fueron identificados públicamente.
Los Menem aparecen otra vez en escena
Pero la historia tiene un segundo capítulo, que vuelve a poner a la familia Menem en el centro de las preguntas sobre los negocios vinculados al Estado. Durante la misa de León XIV se registró la presencia de personal de Tech Security en el sector de acreditaciones. La empresa tiene entre sus socios a Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián Menem, hermanos de Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados.
La firma no es una desconocida en el mundo de las contrataciones públicas. Su historia societaria registra que Martín Menem fue socio hasta diciembre de 2023, cuando transfirió sus cuotas a su hermano Adrián, pocos días antes de asumir como diputado nacional. Desde entonces, los registros societarios identifican a Adrián y Fernando Menem junto con Pablo Ariel Vázquez como integrantes de la sociedad.
El antecedente más resonante de los últimos años fue el contrato de vigilancia del Banco Nación. En julio de 2025, Tech Security obtuvo una preadjudicación por más de $3.933 millones para prestar servicios durante 24 meses en edificios de la entidad bancaria estatal. La contratación generó cuestionamientos políticos y mediáticos por los vínculos familiares, aunque el banco informó que habían participado cinco oferentes y que la empresa presentó la propuesta más económica para ese renglón. La firma también negó irregularidades.
Ahora, la presencia de personal de Tech Security en la misa vuelve a colocar a la compañía en una escena donde se cruzan el poder político, los contratos y los recursos públicos. La coincidencia no es menor: una empresa vinculada a los hermanos del titular de Diputados aparece trabajando en un acontecimiento organizado por el Gobierno nacional, mientras la contratación principal fue adjudicada a una productora privada por casi $8.700 millones.
Hay, sin embargo, una precisión que no puede perderse entre la indignación y los titulares: la orden de compra publicada por el Estado identifica a DF Entertainment como adjudicataria, no a Tech Security. El expediente de producción contempla un servicio integral de seguridad y permite la intervención de prestadores para distintos rubros, pero la documentación pública consultada no identifica a Tech como subcontratista de este evento ni permite establecer cuánto habría cobrado. La presencia de sus agentes está reportada; el vínculo contractual específico y el eventual pago siguen sin aparecer acreditados.
Esa zona opaca es precisamente la que vuelve relevante el caso. Si Tech Security fue incorporada por DF, la pregunta es bajo qué condiciones y por qué monto. Si intervino por otra vía, habrá que conocer quién la convocó y quién afrontó el costo. Y si su tarea no tuvo relación contractual con la producción estatal, también corresponde precisar en qué carácter trabajó durante el operativo.
La historia de la empresa explica por qué estas preguntas no son un detalle. Tech Security ya había sido objeto de investigaciones periodísticas por sus contratos con organismos estatales y por los vínculos societarios de los hermanos Menem. La transferencia de las acciones de Martín a Adrián modificó formalmente la composición de la firma, pero no borró la relación familiar que sigue presente en sus registros.
Paulón lleva el escándalo al Congreso
El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para que Karina Milei y Pablo Quirno expliquen cómo se organizó el sector VIP, quién definió las invitaciones, qué criterios se aplicaron para seleccionar a los asistentes y quién pagó los servicios especiales. El planteo también apunta a las contrataciones realizadas para la visita papal, los procedimientos de urgencia y el destino de los recursos públicos.
La iniciativa se conoció después de que circularan imágenes de empresarios, funcionarios y figuras del espectáculo en el espacio exclusivo. Entre los asistentes que quedaron expuestos en las redes sociales aparecieron Valeria Mazza y su marido, mientras que distintos cuestionamientos señalaron que periodistas que contaban con acreditación previa tuvieron dificultades para acceder a determinados sectores del evento.
Paulón resumió el planteo con una pregunta que concentra buena parte de la controversia: quién invitó a esas personas, con qué criterio y quién pagó los servicios que recibieron. El reclamo parlamentario no cuestiona la visita del Papa ni la celebración religiosa. Pone el foco en la utilización de recursos públicos y en la distribución de privilegios dentro de un acontecimiento que convocó a miles de ciudadanos.
La discusión también alcanza a la dimensión global de los gastos. Según una reconstrucción de Chequeado, la organización de la visita papal tuvo financiamiento de distintos niveles del Estado y de la Iglesia. La Conferencia Episcopal Argentina informó que había recaudado más de $5.500 millones mediante aportes empresariales y de fieles. A su vez, la Provincia de Buenos Aires comunicó gastos previstos para los actos de Luján y otras actividades, mientras que Nación contrató distintos servicios por montos millonarios.
Una visita millonaria y una rendición de cuentas pendiente
La contratación de DF Entertainment no fue el único gasto nacional. Una investigación de Con Interés, basada en órdenes de compra de COMPR.AR y registros presupuestarios, reconstruyó siete contratos por $17.387 millones para la misa y la vigilia, con una partida presupuestaria de $20.000 millones. Otra reconstrucción periodística, publicada por Letra P antes de que se completaran algunas adjudicaciones, había estimado contrataciones por más de $20.350 millones. Las cifras corresponden a momentos y criterios de cómputo diferentes, por lo que no deben sumarse ni confundirse.
El contraste con la visita de León XIV a España también resulta ilustrativo. La Conferencia Episcopal Española publicó una rendición de cuentas que informó gastos por 29,3 millones de euros y detalló el origen de los recursos: 44,7% aportado por empresas y entidades civiles, 31% por instituciones de la Iglesia, 20% por administraciones públicas y 4,3% por colectas y donaciones. Además, el informe fue acompañado por una revisión de EY. No se trata de comparar mecánicamente dos países con escalas y organizaciones distintas, sino de advertir que una visita papal puede tener una estructura de gastos identificable y una rendición pública de sus fuentes de financiamiento.
En la Argentina, en cambio, la discusión recién empieza a partir de una carpa VIP que expuso una contradicción difícil de ignorar: una celebración que convocó a miles de fieles terminó rodeada de acreditaciones exclusivas, catering especial y contratos millonarios tramitados por urgencia. Y cuando en ese mismo escenario aparece una empresa vinculada a los hermanos de Martín Menem, los interrogantes dejan de ser solamente protocolares.
El Gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su identidad política alrededor de la crítica a los privilegios de la política y a los negocios asociados al poder. La misa de León XIV dejó una imagen que pone esa promesa frente a un espejo incómodo: un evento popular con espacios reservados para los invitados del poder, una contratación estatal multimillonaria con una sola oferta y una firma de seguridad ligada a la familia Menem trabajando en el lugar.
La visita del Papa ya terminó. Lo que sigue pendiente es conocer quiénes integraron aquella lista privilegiada, cuánto costó cada uno de esos servicios y qué papel desempeñó Tech Security. Porque una cosa es organizar un acontecimiento histórico y otra muy distinta es que, alrededor de él, vuelvan a aparecer los mismos apellidos, las mismas empresas y las mismas preguntas sobre el uso del dinero público.
