El escándalo por el oro del Banco Central tiene una cifra concreta, un recorrido que todavía necesita explicaciones completas y una discusión que compromete a la conducción económica de Javier Milei. La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que las operaciones financieras vinculadas al precio internacional del metal dejaron una pérdida de $1,469 billones —equivalentes a USD 1.023 millones— durante 2025. El dato reavivó las preguntas que comenzaron a acumularse dos años antes, cuando el Gobierno trasladó lingotes de las reservas argentinas al exterior y mantuvo bajo reserva los detalles de la operación.
El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, fue categórico al dimensionar el resultado: desde que el organismo audita los estados contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA), nunca había registrado una pérdida de semejante magnitud asociada a operaciones de esta naturaleza. El informe no demuestra por sí solo la existencia de un delito ni permite atribuir automáticamente responsabilidades penales a funcionarios determinados. Sí pone sobre la mesa una cuestión de fondo: cómo se administró un activo estratégico del Estado, qué riesgos se asumieron y qué resultados obtuvo el país.
La polémica tampoco puede reducirse a una discusión contable. El oro es parte de las reservas internacionales y constituye un activo cuya administración debe evaluarse no solamente por su cotización, sino también por su disponibilidad, sus condiciones de custodia, las garantías comprometidas y los riesgos que pueden surgir cuando se utiliza como respaldo de instrumentos financieros. Para comprender por qué el nuevo informe representa un capítulo decisivo, hay que volver al comienzo de la historia.
Julio de 2024: el oro salió y las explicaciones no llegaron
La controversia estalló públicamente en julio de 2024, cuando comenzaron a conocerse denuncias sobre el traslado de lingotes fuera de la Argentina. La noticia no fue presentada inicialmente mediante un informe oficial detallado del Banco Central, sino a partir de los reclamos de la Asociación Bancaria, encabezada por Sergio Palazzo, que pidió información pública sobre eventuales envíos realizados durante junio, incluidas operaciones que se habrían efectuado los días 7 y 28 de ese mes.
La discusión tomó dimensión nacional cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció el movimiento en una entrevista televisiva. Su argumento fue que mantener el oro dentro de las bóvedas del Banco Central impedía aprovechar plenamente su potencial financiero, mientras que depositarlo en el exterior permitiría obtener rendimientos y utilizarlo con mayor flexibilidad. En ese momento, el funcionario no detalló cuánto metal se había enviado, cuál era el destino exacto ni qué contratos se habían acordado.
La explicación oficial introdujo una promesa económica: el traslado debía servir para administrar mejor los activos y generar beneficios para el país. Pero la falta de información sobre los costos, las condiciones de custodia y las operaciones previstas abrió una controversia que el paso del tiempo no consiguió cerrar. Si el objetivo era mejorar la rentabilidad de las reservas, resultaba razonable exigir que los organismos de control pudieran determinar si el beneficio esperado justificaba los riesgos asumidos.
La incertidumbre aumentó cuando el presidente Javier Milei también aludió a la posibilidad de aprovechar el oro para respaldar financiamiento. La utilización de reservas como garantía de operaciones financieras no es, por sí misma, ilegal ni inédita. El problema consiste en conocer los términos concretos de cada operación, establecer qué obligaciones se contrajeron y verificar si la estrategia terminó siendo conveniente para el patrimonio público.
Septiembre de 2024: el Banco Central confirmó el traslado, pero no reveló el destino
El 2 de septiembre de 2024, el BCRA publicó un comunicado en el que informó que había completado transferencias de parte de sus reservas de oro entre distintas cuentas. La entidad sostuvo que los movimientos no modificaban el volumen total de sus tenencias, que entonces equivalían aproximadamente a USD 4.981 millones, y justificó la reserva de información en la necesidad de proteger la seguridad de los activos.
Ese comunicado confirmó oficialmente que el traslado existió, pero no respondió las preguntas centrales: cuánto oro se había movido, dónde estaba depositado, bajo qué condiciones se encontraba y qué operaciones se habían concretado con él. La diferencia es sustancial: saber que el metal sigue registrado como parte de las reservas no equivale a conocer todas las condiciones de su custodia ni a determinar si está libre de compromisos.
En aquel momento, distintas publicaciones periodísticas señalaron a Londres y al Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) como posibles destinos. Sin embargo, esas versiones no debían confundirse con una confirmación oficial completa. La incertidumbre también alimentó las preocupaciones por la exposición de activos argentinos ante los reclamos de acreedores que litigan en tribunales internacionales.
La discusión se agravó porque el Gobierno no acompañó la decisión con una explicación pública suficientemente detallada sobre sus beneficios esperados y sus riesgos. La confidencialidad puede ser necesaria para determinadas operaciones de reservas, pero no elimina la obligación de rendir cuentas ante los organismos competentes ni vuelve irrelevante el control sobre el patrimonio estatal.
De los pedidos de información a los tribunales
La Asociación Bancaria insistió en conocer los movimientos del oro y cuestionó la falta de respuestas del Banco Central. El conflicto dejó de ser exclusivamente político cuando llegó a la Justicia: en diciembre de 2025, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al BCRA responder los pedidos de información o fundamentar de manera específica por qué determinados datos no podían divulgarse.
El pronunciamiento judicial no estableció que el traslado hubiera sido ilegal ni resolvió que existiera un perjuicio patrimonial. Su importancia estuvo en otro punto: una negativa genérica basada en la confidencialidad o en un posible riesgo para el sistema financiero no bastaba para justificar el rechazo de toda la información solicitada.
En paralelo, los lingotes se convirtieron en una cuestión de interés para los litigios que acreedores internacionales mantienen contra la Argentina. En Estados Unidos, la jueza Loretta Preska ordenó entregar información sobre activos argentinos, incluido el oro, dentro de actuaciones vinculadas con la ejecución de sentencias contra el país. La existencia de esos pedidos no significa que los lingotes hayan sido embargados, pero sí muestra que la ubicación y las condiciones jurídicas de las reservas tienen consecuencias que van más allá de la discusión doméstica.
La controversia también llegó al Congreso. En septiembre de 2026, Santiago Bausili brindó explicaciones sobre el tema ante el Senado y sostuvo que parte del oro había sido depositado en el BIS, en Suiza, para aprovechar una oportunidad de mercado vinculada con la calidad y la aceptación internacional de determinados lingotes. La explicación agregó elementos a la versión oficial, pero no borró las críticas por la demora en informar ni reemplazó la necesidad de una auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas.
La auditoría puso una cifra al costo de las operaciones financieras
El nuevo capítulo llegó el 8 de octubre de 2026, cuando la AGN difundió sus conclusiones sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. Según la información comunicada por el organismo, durante ese año la autoridad monetaria realizó operaciones con derivados financieros liquidables en dólares cuyo activo subyacente era el oro de las reservas.
El resultado negativo registrado por esas operaciones ascendió a $1.469.155 millones en moneda de cierre, equivalentes a USD 1.023 millones. La pérdida se pagó con divisas y, según el informe, al cierre del ejercicio auditado ya no quedaban posiciones u operaciones abiertas por ese concepto.
En términos sencillos, los derivados son contratos financieros cuyo resultado depende de la evolución de un activo o de una variable de referencia. Pueden utilizarse para cubrir riesgos, pero también generan costos y pérdidas cuando el movimiento del mercado no coincide con las condiciones pactadas o con el escenario que se buscaba cubrir. En este caso, la AGN cuestionó el resultado de las operaciones vinculadas al oro y describió que el Banco Central había errado al calcular la trayectoria del precio internacional del metal.
Olmos remarcó, además, que la tenencia de oro registró durante 2025 una ganancia patrimonial superior a los $8 billones, explicada por la suba de su cotización internacional. El contraste resulta central: mientras el valor contable del metal aumentaba, los contratos financieros asociados generaban un quebranto de más de mil millones de dólares.
El oro acumulado durante gestiones anteriores, entre ellas las de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont, quedó así en el centro de una controversia por las decisiones tomadas durante la presidencia de Bausili en el Banco Central. No se trata de que la AGN haya informado que desaparecieron USD 1.023 millones en lingotes físicos, sino de que registró una pérdida por operaciones financieras vinculadas con ese activo. La precisión es indispensable para comprender el alcance real del hallazgo.
La respuesta del BCRA: sostiene que el resultado global fue positivo
La conducción de Bausili rechazó la interpretación de la AGN y difundió su propia explicación. En un comunicado del 8 de octubre, el Banco Central afirmó que su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de USD 2.505 millones durante 2025, al considerar conjuntamente la variación del valor del metal y las operaciones de cobertura financiera.
Según la entidad, los derivados se utilizaron como protección frente a una eventual caída del precio internacional del oro. Bajo esa lógica, el instrumento de cobertura puede arrojar pérdidas cuando el activo protegido sube de valor, del mismo modo que una póliza de seguro tiene un costo aunque finalmente no ocurra el siniestro. El BCRA agregó que aplica una estrategia de cobertura sobre el total de su posición en oro desde hace años y que, según su interpretación, esas prácticas se encuentran dentro de los estándares de auditoría y control.
El organismo también cuestionó la caracterización de las operaciones como especulativas y acusó a la conducción de la AGN de actuar con motivaciones políticas. La diferencia entre ambas explicaciones no es menor: una cosa es medir el resultado negativo de determinados contratos y otra evaluar el rendimiento neto de toda la posición en oro.
Por eso, una lectura rigurosa debe incluir los dos datos. La AGN cuantificó una pérdida de USD 1.023 millones en operaciones financieras específicas; el BCRA sostiene que, al sumar la valorización del metal y las coberturas, el resultado global fue positivo en USD 2.505 millones. Para determinar si la estrategia fue conveniente, es necesario examinar la metodología, los contratos, los flujos de divisas, los riesgos cubiertos y la comparación con alternativas posibles. La existencia de un resultado neto positivo no vuelve irrelevante el costo de las operaciones, del mismo modo que una pérdida en un instrumento no demuestra por sí sola que toda la estrategia haya sido perjudicial.
El oro subía de precio: ¿qué se buscaba cubrir y a qué costo?
El contexto internacional vuelve más exigente la discusión. Según el Consejo Mundial del Oro, durante 2025 la cotización del metal alcanzó 53 máximos históricos y la demanda mundial superó las 5.000 toneladas, mientras los bancos centrales mantuvieron compras elevadas. La tendencia reforzó el valor del oro como activo de reserva y diversificación en un escenario internacional marcado por la incertidumbre.
Ese comportamiento no demuestra automáticamente que la estrategia argentina fuera equivocada. Una cobertura puede tener sentido incluso cuando el activo sube, porque su función es reducir la exposición a un movimiento adverso, no garantizar ganancias en todos los escenarios. Pero sí obliga a formular preguntas concretas: qué caída del precio se buscaba cubrir, qué volumen de oro quedó involucrado, qué costo se consideró aceptable, qué alternativas se evaluaron y quién autorizó las condiciones de los contratos.
También debe distinguirse entre el traslado físico y las operaciones financieras. Enviar lingotes al exterior no genera por sí mismo una pérdida contable equivalente a USD 1.023 millones; la auditoría vinculó esa cifra con los derivados registrados durante 2025. Para establecer si el movimiento de 2024 fue necesario, si facilitó esas operaciones o si produjo beneficios adicionales, hace falta conocer el expediente específico sobre la gestión de las reservas físicas.
La diferencia es decisiva para evitar una conclusión engañosa: el dato contable está cuantificado, pero no permite atribuir automáticamente todo el quebranto al costo del traslado ni afirmar que los lingotes hayan desaparecido. Lo que sí hace es aumentar la exigencia de transparencia sobre una decisión que el Gobierno justificó por su potencial para mejorar la rentabilidad de las reservas.
La auditoría sobre los lingotes todavía debe responder las preguntas pendientes
La propia AGN informó que trabaja en una auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas de oro. Ese expediente debe permitir reconstruir por qué se decidió trasladar los lingotes, cuál fue su destino, qué condiciones de custodia se pactaron, qué operaciones se realizaron con ellos y si existió algún beneficio concreto para el país. El organismo indicó que el informe fue remitido al Banco Central para que presentara su descargo.
Ese trabajo es fundamental porque la auditoría de los estados contables y la revisión de los movimientos físicos no son lo mismo. La primera permite examinar la registración y el resultado de determinadas operaciones; la segunda debe aportar información sobre la trazabilidad del metal, las decisiones administrativas, los contratos involucrados y las condiciones bajo las cuales se mantuvieron las reservas fuera del país.
También será necesario determinar qué funcionarios intervinieron, qué áreas técnicas recomendaron las operaciones, qué controles se aplicaron y qué información recibió el directorio del Banco Central. Las eventuales responsabilidades deberán establecerse a partir de documentación y procedimientos formales, no de inferencias políticas ni de la sola existencia de una pérdida.
La actuación de los auditores externos también merece una evaluación técnica, aunque no corresponde dar por probada una omisión profesional o una infracción penal sin evidencia concreta. El punto es establecer si los estados contables reflejaron adecuadamente las operaciones, sus riesgos y sus resultados, y si los controles disponibles fueron suficientes.
Una cifra confirmada y un interrogante que sigue abierto
El caso del oro expone una tensión entre la discrecionalidad necesaria para administrar reservas y la obligación de explicar cómo se utilizan los activos públicos. El Banco Central tiene facultades para gestionar sus tenencias, pero esas atribuciones no eliminan la necesidad de controles, información verificable y rendición de cuentas, especialmente cuando las operaciones comprometen instrumentos financieros complejos y montos extraordinarios.
La pérdida de USD 1.023 millones señalada por la AGN es un dato concreto sobre las operaciones con derivados durante 2025. La defensa oficial, que presenta un resultado neto positivo de USD 2.505 millones para la posición total en oro, forma parte de la misma discusión y debe contrastarse con los documentos técnicos. Ninguno de esos números, por sí solo, resuelve la auditoría pendiente sobre los lingotes ni determina responsabilidades personales.
La pregunta política permanece: ¿qué beneficio obtuvo la Argentina al trasladar parte de su oro al exterior y qué controles aseguraron que las decisiones posteriores protegieran el patrimonio público? La respuesta no puede limitarse a invocar la confidencialidad ni a mostrar un resultado agregado. Debe surgir de contratos, registros, informes de auditoría y explicaciones completas.
El Gobierno de Milei, Caputo y Bausili defendió el movimiento del oro como una forma de optimizar las reservas. Dos años después, la discusión ya no se limita a la ubicación de los lingotes: incluye el costo de operaciones financieras por más de mil millones de dólares, una disputa técnica entre el Banco Central y la AGN y una auditoría específica que todavía debe esclarecer las condiciones de la operación original.
La Argentina necesita saber dónde están sus reservas, cómo se utilizaron y qué obtuvo a cambio. La transparencia no es un detalle administrativo: es la condición mínima para evaluar si una decisión financiera tomada en nombre del país realmente lo benefició.
