La situación tiene una particularidad que vuelve relevante el reclamo de información: Adorni ya no ocupa el cargo que justificaba originalmente buena parte del esquema de protección. Su renuncia como jefe de Gabinete fue aceptada mediante el Decreto 548/2026, publicado el 30 de junio, y Diego Santilli asumió en su reemplazo. Sin embargo, la custodia continuó después de su salida del Gobierno. En julio, el entonces nuevo vocero presidencial Adrián Ravier había confirmado públicamente que Adorni seguía protegido por “motivos de seguridad”.
El Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, fundamentó la negativa a brindar detalles en la Resolución 757/2018, que establece las pautas del Servicio de Protección de Estado y Custodia. La norma determina que el Ministerio tiene a su cargo evaluar riesgos y disponer medidas de protección para determinados funcionarios y otras personas que, de acuerdo con los criterios establecidos, ameriten el servicio. También establece que una custodia puede mantenerse hasta que exista un acto administrativo que disponga lo contrario y que el protocolo operativo tiene carácter reservado.
Pero esa reserva no necesariamente responde a todas las preguntas planteadas. La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública establece como principio general que la información en poder del Estado se presume pública y permite excepciones, entre ellas aquella cuya divulgación pueda poner en peligro la vida o seguridad de una persona. Al mismo tiempo, la propia ley exige que las restricciones sean excepcionales y proporcionales al interés que buscan proteger. En este caso, según la respuesta difundida por Letra P, Seguridad confirmó que Adorni tiene custodia pero rechazó precisar su tramitación interna, motivos, cantidad de custodios, móviles asignados y duración.
La incógnita sobre quién tomó la decisión de prolongar el operativo es especialmente relevante porque la explicación oficial no fue acompañada, al menos públicamente, por una resolución específica que permita conocer los fundamentos del caso. La respuesta ministerial invoca el régimen general de custodia y sostiene que puede aplicarse a funcionarios que el Ministerio considere pertinentes, pero no identifica en la información publicada por Letra P qué autoridad dispuso la continuidad de la protección de Adorni ni qué evaluación concreta determinó que el riesgo permaneciera vigente después de su salida del Gobierno.
Hay además un antecedente que volvió polémica la cuestión de la custodia alrededor de Adorni. El 29 de abril, durante el informe de gestión que el entonces jefe de Gabinete presentó ante la Cámara de Diputados, el legislador Rodolfo Tailhade denunció públicamente que agentes asignados a la protección de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, eran utilizados para actividades particulares. Tailhade mencionó traslados de los hijos, compras y otras actividades personales. El Gobierno respondió que esos datos podían comprometer la seguridad de la familia y posteriormente denunció al diputado por presunto espionaje ilegal.
La controversia no quedó solamente en el intercambio político. En mayo, abogados de la agrupación Reset Republicano presentaron una denuncia ante la Oficina Anticorrupción por el supuesto uso irregular de recursos públicos vinculados a la custodia de Angeletti. La presentación planteó posibles delitos y faltas administrativas, pero se trata de una denuncia y no de una irregularidad judicialmente acreditada. Por otra parte, Adorni sostuvo públicamente que su familia había recibido amenazas y que había sufrido un episodio de violencia en la vía pública, argumentos que utilizó para explicar la existencia del esquema de protección.
Ese antecedente permite entender por qué el pedido de información sobre la custodia actual adquiere otra dimensión. La discusión ya no consiste solamente en saber si un exfuncionario puede conservar protección estatal, algo que el régimen contempla en determinadas circunstancias, sino en conocer qué riesgo concreto fue evaluado, quién lo evaluó y qué acto administrativo mantiene vigente la custodia. La propia Resolución 757 establece que el Ministerio debe disponer las medidas de seguridad a partir de criterios de evaluación de riesgos, mientras que la respuesta conocida hasta ahora no expone públicamente cuál fue la evaluación aplicada a Adorni.
El costo económico es otro de los puntos que quedaron fuera de la respuesta. La información publicada por Letra P no permite conocer cuánto dinero demanda el despliegue de personal y vehículos destinado al exjefe de Gabinete. La normativa prevé un servicio permanente cuando la custodia está vigente, pero no existe en la información pública citada un monto específico asociado al operativo de Adorni. Por eso, una pregunta aparentemente sencilla —cuánto le cuesta al Estado mantener esa protección— continúa sin una respuesta pública.
La continuidad del beneficio también se produce en un contexto particular para el exfuncionario. En septiembre, distintas investigaciones periodísticas señalaron que Adorni seguía utilizando un vehículo oficial y manteniendo custodia federal mientras enfrentaba una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia le había otorgado una prórroga para presentar explicaciones sobre su evolución patrimonial, y finalmente presentó su descargo el 21 de septiembre. Adorni sostiene que su evolución patrimonial tiene un sustento razonable y verificable y que no existe enriquecimiento sin explicación.
El vehículo oficial constituye otro elemento separado pero relacionado con el debate sobre los recursos estatales que continúan a disposición del exjefe de Gabinete. Según la investigación de LA NACION, se trata de una Toyota SW4 perteneciente al Instituto Nacional de Promoción Turística que continuó siendo utilizada por Adorni después de su salida del Gobierno y acumuló más de 50 infracciones de tránsito por montos superiores a los $10 millones, según los registros consultados por ese medio. El Litoral reprodujo esos datos y planteó, entre otros interrogantes, quién debe afrontar esas multas.
Hay, sin embargo, un dato que impide reducir el caso a una simple decisión discrecional: la normativa vigente contempla que determinadas personas puedan mantener custodia oficial aun después de dejar un cargo si las circunstancias de seguridad lo justifican. La Resolución 757 establece expresamente que el servicio puede alcanzar a otros funcionarios que, de acuerdo con los criterios establecidos, ameriten protección, y dispone que la custodia continúa hasta que exista un acto administrativo que ordene retirarla. Por eso, la cuestión central no es si jurídicamente puede existir custodia después del cargo, sino qué fundamentos concretos justifican que continúe en este caso particular.
La diferencia entre ambas cosas resulta fundamental. El Gobierno sí dio una explicación general —“motivos de seguridad”— y cuenta con una normativa que habilita el régimen. Lo que todavía no se conoce públicamente es qué evaluación específica sostiene esa decisión. Tampoco se informó, según la respuesta difundida por Letra P, quién dispuso la continuidad, cuántos recursos humanos y materiales están afectados, cuál es el costo del operativo y cuál es el plazo previsto para su finalización. La cartera de Seguridad fue consultada sobre esos puntos y, al momento de la publicación de la investigación, no había ampliado sus respuestas.
Así, el caso de Adorni vuelve a poner en tensión dos principios que deben convivir: la protección de una persona cuando existe un riesgo real y la transparencia sobre el uso de recursos públicos. El Estado tiene herramientas legales para reservar información que pueda comprometer la seguridad, pero también tiene la obligación de explicar, dentro de los límites que correspondan, por qué mantiene un operativo financiado con fondos públicos. En el caso del exjefe de Gabinete, esa frontera todavía aparece difusa: se sabe que la custodia continúa, pero buena parte de las razones administrativas que explican su continuidad permanecen bajo reserva.
Y mientras Adorni continúa con protección oficial más de tres meses después de dejar el Gobierno, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuesta custodiarlo, sino qué cambió desde el momento en que dejó de ser jefe de Gabinete y por qué el Estado considera que el riesgo que justificó la protección todavía permanece. Hasta que esa explicación aparezca, el Gobierno confirma la custodia pero mantiene bajo reserva los elementos centrales que permitirían evaluar públicamente la decisión.
