La frase presidencial fue pronunciada durante una entrevista televisiva con Luis Majul. Milei sostuvo que esas personas habían ingresado desde otros países con la intención de “dinamitar el modelo argentino” y presentó las supuestas expulsiones como parte de las dificultades que debió enfrentar su administración.
El problema apareció cuando llegó el momento de buscar el respaldo documental de semejante afirmación.
Los datos obtenidos de la Dirección Nacional de Migraciones muestran que durante 2025 fueron expulsadas 772 personas por distintos delitos. La cifra está muy lejos de los 10.000 “terroristas” mencionados por el Presidente. Además, la información oficial no identifica expulsiones específicas por terrorismo. La mayor parte de los casos correspondió a delitos vinculados con drogas, contra la propiedad, contra la integridad sexual y contra las personas.
En 2026 la distancia tampoco se achica. Los registros disponibles hasta agosto contabilizan 744 expulsiones, mientras que hubo 18.947 incidentes de entrada, es decir, personas a las que se les impidió ingresar al país. Son dos categorías completamente diferentes: quien es expulsado ya se encuentra dentro del territorio; quien es inadmitido ni siquiera logra ingresar.
Y justamente allí aparece el intento oficial de reconstruir la cuenta.
La explicación de Ravier no explica los “terroristas”
Ante la consulta de los periodistas acreditados en Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier recurrió a un informe del Ministerio de Seguridad que registra 20.630 casos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026.
Pero el propio funcionario terminó ampliando la definición utilizada por Milei. Según Ravier, allí aparecen personas con perfiles considerados de riesgo, condenados, personas con antecedentes o penas detectadas y también extranjeros que simplemente no cumplían los requisitos para ingresar.
Cuando se le preguntó concretamente si esas personas eran terroristas, la respuesta dejó abierta la categoría: habló de “posibles terroristas”, personas que podían representar una amenaza para la seguridad nacional o, directamente, personas que “por alguna razón no ingresan”.
Así, la explicación oficial terminó mezclando tres situaciones distintas: expulsados, rechazados en frontera e inadmitidos. Esa diferencia no es un detalle semántico. Es justamente la diferencia entre sacar del país a una persona que ya se encontraba en territorio argentino e impedir que alguien ingrese.
La propia comunicación del Ministerio de Seguridad del 18 de septiembre había presentado los más de 20.000 casos como una suma de extranjeros “expulsados, rechazados o inadmitidos”, no como 20.000 terroristas deportados.
Una cifra enorme que tampoco aparece en los registros antiterroristas
Hay otro elemento que vuelve todavía más difícil sostener la afirmación presidencial.
Argentina cuenta con el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), creado precisamente para identificar personas, entidades y organizaciones vinculadas con terrorismo o su financiamiento. La normativa establece mecanismos específicos para la inclusión en ese registro y exige fundamentos vinculados con amenazas reales o potenciales a la seguridad nacional.
Durante 2026 el Gobierno incorporó allí organizaciones como Fuerza Quds, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y Chone Killers, mediante resoluciones oficiales. Es decir, cuando el Estado utiliza formalmente la categoría de terrorismo, existen procedimientos y registros concretos que permiten identificar a quiénes alcanza esa calificación.
Nada de eso aparece en la estadística migratoria utilizada para justificar los 30.000 casos mencionados por Milei.
De hecho, el diputado Maximiliano Ferraro presentó pedidos de acceso a la información y de informes para que el Gobierno explique cuántas personas fueron efectivamente expulsadas, cuántas estuvieron vinculadas con causales de terrorismo, cuántas tuvieron imputaciones o condenas y cuántas aparecen en el RePET. También pidió conocer qué evidencia existe detrás de la afirmación de que esas personas llegaron al país para “dinamitar el modelo argentino”.
El número que se infla cuando se mezclan categorías
La secuencia permite reconstruir cómo una cifra migratoria termina convertida en una afirmación mucho más contundente.
Por un lado están las expulsiones efectivamente ejecutadas. Por otro, los rechazos o incidentes de entrada. Y dentro de estos últimos aparecen motivos muy diferentes: infracciones migratorias, falta de documentación, impedimentos judiciales, residencia cancelada y documentación falsa o adulterada.
Según el detalle publicado a partir de los registros oficiales, entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 hubo 18.947 incidentes de entrada. De ellos, 8.008 fueron clasificados como infracciones migratorias, 6.298 por falta de documentación habilitante y 4.566 por impedimentos judiciales, entre otras categorías.
Convertir ese universo heterogéneo en una cifra de “terroristas expulsados” supone un salto que los datos publicados por el propio Estado no permiten realizar.
Chequeado calificó como falsa la afirmación de Milei sobre los 10.000 terroristas expulsados durante 2025. Su contraste con la información oficial determinó que fueron 772 expulsiones y que no se identifican casos específicos de terrorismo en esa estadística.
Una bomba discursiva con una pregunta todavía sin respuesta
El problema no es solamente que 30.000 sea una cifra difícil de encontrar en los registros. Es que la afirmación presidencial agrega una característica extraordinariamente grave a esas personas: las presenta como terroristas infiltrados que buscaban atacar el modelo económico y político del Gobierno.
Eso exige algo más que una estadística de controles migratorios.
Si efectivamente existieron miles de personas vinculadas al terrorismo, deberían existir expedientes, investigaciones, alertas, imputaciones, condenas, registros de inteligencia o alguna otra documentación que permita conocer quiénes eran y por qué fueron consideradas una amenaza.
Hasta ahora, esa información no fue presentada públicamente.
Incluso la explicación de Ravier evitó identificar organizaciones terroristas, fuentes de financiamiento, investigaciones judiciales o casos concretos. La respuesta terminó siendo considerablemente más amplia y menos precisa que la afirmación original del Presidente.
Y ahí aparece la verdadera dimensión de la polémica: el Gobierno sí puede mostrar un endurecimiento de los controles migratorios y miles de personas rechazadas o inadmitidas. Lo que no muestran los datos publicados es que esas personas sean 30.000 terroristas expulsados de la Argentina.
La diferencia no es menor. Entre una cosa y la otra hay un abismo.
Milei convirtió una política de control migratorio en una afirmación de seguridad nacional de enorme magnitud. Cuando se buscaron los números detrás de esa afirmación, aparecieron cientos de expulsiones y miles de rechazos migratorios, pero no los 30.000 terroristas que describió el Presidente.
Por ahora, la cuenta oficial sigue sin cerrar. Y la explicación brindada desde Casa Rosada, lejos de despejarla, terminó dejando una pregunta todavía más incómoda: ¿de dónde salió exactamente el número de 30.000 y dónde está la evidencia que permite llamarlos terroristas?
