La salida de Alejandro Vilches convirtió al caso ANDIS en una historia todavía más difícil de explicar para el Gobierno de Javier Milei. El secretario nacional de Discapacidad presentó su renuncia el lunes 21 de septiembre y pidió que tuviera efecto inmediato. En la carta enviada al ministro de Salud, Mario Lugones, atribuyó su decisión a “razones estrictamente personales”. Hasta el cierre de esta nota, el Ejecutivo no había informado oficialmente quién lo reemplazará.

La coincidencia temporal, sin embargo, es imposible de ignorar. Apenas un día antes había tomado estado público una auditoría oficial sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad que detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre dos listados internos de deuda exigible. El relevamiento abarcó la gestión de Diego Spagnuolo hasta el 21 de agosto de 2025 y examinó pagos, deudas, contrataciones, proveedores, cajas chicas, equipamiento, personal y declaraciones juradas.

Pero hay una precisión que importa y que modifica el título que empezó a circular: los $158.717 millones no son, por sí solos, un faltante de dinero demostrado. La auditoría encontró una diferencia entre la información suministrada por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, que manejaba programas como Incluir Salud. La propia documentación advierte que algunos datos podían contener errores involuntarios de carga o clasificación provenientes de prestadores. Por eso, presentar ese monto como “dinero desaparecido” o “robado” sería ir más allá de lo que permite probar el informe.

Lo que sí demuestra el documento es un problema mucho más básico y políticamente incómodo: dos áreas fundamentales del Estado no podían ofrecer la misma fotografía sobre cuánto se debía. Y cuando se habla de un organismo responsable de administrar recursos destinados a personas con discapacidad, medicamentos, prótesis, tratamientos y prestaciones esenciales, que los registros internos presenten una brecha de semejante magnitud no puede tratarse como un simple error administrativo sin consecuencias.

De hecho, el propio Gobierno había definido cuál debía ser la misión de Vilches cuando lo puso al frente de la intervención de ANDIS. El Decreto 601/2025, firmado por Javier Milei, dispuso la intervención del organismo después del desplazamiento de Spagnuolo y estableció que Vilches debía encarar una revisión profunda para reorganizarlo y asegurar una gestión eficiente y transparente. Al anunciarlo, la Casa Rosada informó que su primera tarea sería justamente realizar una auditoría exhaustiva.

Meses después, el propio Poder Ejecutivo utilizó el resultado de aquella intervención para justificar la desaparición de ANDIS como organismo autónomo. El Decreto 942/2025 señaló que el informe presentado por el interventor había detectado debilidades estructurales en el control interno, ausencia de manuales de procedimiento, fallas de trazabilidad documental, problemas persistentes en los registros y “irregularidades de gravedad” en contrataciones y en la gestión de gastos vinculados a insumos médicos, equipamiento y dispositivos de alta complejidad.

Es decir, hay algo que no admite discusión: Vilches no llegó a ANDIS para mirar hacia otro lado. Fue colocado allí para investigar qué había ocurrido bajo Spagnuolo y ordenar una estructura que el propio Gobierno consideraba comprometida. La auditoría que ahora vuelve al centro de la escena forma parte de ese proceso de revisión institucional.

Y los números que aparecen alrededor de esa revisión son enormes. Entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, los proveedores de medicamentos e insumos relevados por la auditoría recibieron $479.504 millones. Entre ellos, Suizo Argentina concentró unos $108.258 millones. El informe también observó el uso de la figura de “legítimo abono”, utilizada para pagar bienes o servicios ya entregados sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.

La utilización de ese mecanismo tampoco aparece aislada. Un pedido de informes presentado en Diputados ya había advertido, sobre la base de observaciones de SIGEN, que una parte importante de las contrataciones de ANDIS utilizaba mecanismos distintos de la licitación pública, con un 50,5% de contrataciones directas y 16,2% mediante legítimo abono al 7 de diciembre de 2023. El Congreso pidió entonces ampliar las auditorías sobre compras de medicamentos e insumos y la trazabilidad de las contrataciones.

Todo esto además ocurre con una causa judicial que sigue abierta. Diego Spagnuolo, antecesor de Vilches, fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello como presunto líder de una asociación ilícita y quedó embargado por $202.000 millones. La investigación también alcanzó a empresarios y funcionarios y derivó en nuevos llamados a indagatoria. La Justicia analiza presuntas irregularidades en contrataciones del área farmacéutica, mientras el peritaje de los audios que detonaron el escándalo continúa bajo discusión.

Por eso la renuncia de Vilches genera preguntas aunque su carta no mencione la auditoría. El Gobierno dice que son motivos personales. El contexto cuenta otra historia política: el funcionario abandona el cargo exactamente después de que se conociera un informe que vuelve a poner bajo sospecha la administración de recursos durante la etapa anterior de ANDIS y cuando, además, el oficialismo enfrenta una fuerte pelea interna por el financiamiento de las políticas de discapacidad en el Presupuesto 2027.

La tensión presupuestaria es otro capítulo imposible de separar de la salida. El proyecto de Presupuesto 2027 generó rechazo entre organizaciones de discapacidad y también fisuras dentro del propio oficialismo. Patricia Bullrich cuestionó públicamente la falta de discusión política previa sobre las partidas y el rumbo del área, mientras el Gobierno empezó a negociar modificaciones frente a la resistencia de sus aliados en el Congreso.

Vilches, además, había expuesto apenas unas semanas antes ante la Comisión de Discapacidad de Diputados. El 2 de septiembre informó sobre la normalización del organismo, las políticas implementadas y las medidas orientadas a fortalecer la transparencia. En el Boletín Oficial del 18 de septiembre todavía aparece su firma como secretario nacional de Discapacidad en una resolución que actualizó 1,7% los aranceles de las prestaciones. Tres días después, estaba fuera del cargo.

La secuencia resulta políticamente incómoda porque el Gobierno había presentado la llegada de Vilches como una etapa de saneamiento después del escándalo Spagnuolo. Si el funcionario que debía controlar y ordenar el área termina renunciando justo cuando aparece una auditoría con una diferencia de $158.717 millones, la primera obligación del Ejecutivo no debería ser pedir que nadie haga preguntas: debería ser explicar qué encontró, quién era responsable de los registros, cuánto de esa diferencia puede justificarse y qué ocurrió con cada peso observado.

Y ahí está el verdadero problema para la Casa Rosada. No hace falta afirmar que echaron a Vilches para que la secuencia sea políticamente explosiva. Tampoco hace falta afirmar que el desfasaje representa un faltante de $158.000 millones. Hay suficientes hechos concretos sin necesidad de agregar una acusación que todavía no puede probarse.

La auditoría existe. La diferencia existe. Los problemas de control existen. Los procedimientos de contratación cuestionados existen. La causa judicial existe. Spagnuolo está procesado. Y Vilches presentó su renuncia un día después de que ese nuevo capítulo llegara a la agenda pública.

Lo que falta conocer es quizá lo más importante: ¿por qué se va justamente ahora?

El Gobierno dice que por motivos personales. La auditoría obliga, al menos, a formular otra pregunta.

¿Quién pidió que se revisaran las cuentas de ANDIS y quién seguirá haciendo preguntas ahora que el funcionario que encabezó esa revisión ya no está?