El conflicto por el endeudamiento de las familias dejó de ser solamente una discusión financiera y se convirtió en una pulseada política dentro del Congreso.

El oficialismo busca ganar tiempo y evitar que la Cámara de Diputados avance directamente sobre un paquete de iniciativas destinado a regular las condiciones de los créditos otorgados por bancos y billeteras virtuales, en medio de una fuerte polémica por los costos de financiamiento de plataformas como Mercado Pago.

La maniobra quedó expuesta después de que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, instruyera al diputado libertario Santiago Pauli para convocar para el próximo 2 de septiembre a una reunión informativa de la Comisión de Finanzas.

El movimiento tiene una consecuencia política evidente: llevar nuevamente el debate al ámbito de comisión antes de la sesión que distintos bloques opositores pretenden impulsar el 9 de septiembre.

Según reconstrucciones periodísticas, el oficialismo busca de esta manera restarle respaldo entre los bloques aliados a la Casa Rosada y evitar que la oposición consolide una mayoría que le permita avanzar con proyectos destinados a aliviar la situación de los hogares endeudados.

La oposición interpreta la convocatoria como una maniobra para dilatar el tratamiento parlamentario.

Y el trasfondo no es menor: Mercado Pago quedó en el centro de una discusión que combina tasas de crédito, morosidad, protección de consumidores y el creciente peso político de las grandes plataformas financieras.

De 34 proyectos a casi 50: el Congreso se prepara para discutir el endeudamiento

La dimensión del problema se refleja en la cantidad de iniciativas presentadas.

Pauli convocó a la Comisión de Finanzas para discutir inicialmente 34 proyectos relacionados con el endeudamiento. Para el cierre de la semana, ese número ya se acercaba a 50 iniciativas, de acuerdo con el relevamiento difundido por medios que siguieron la negociación parlamentaria. Los proyectos no apuntan todos contra una empresa determinada.

El universo es mucho más amplio e incluye propuestas vinculadas con la protección de consumidores sobreendeudados, modificaciones al régimen de tarjetas de crédito, límites y condiciones para determinadas prácticas financieras, mecanismos de prevención del sobreendeudamiento y protección de las cuentas sueldo.

También aparece un proyecto para declarar una emergencia crediticia de las familias durante dos años. El problema, por lo tanto, excede a Mercado Pago.

Pero la compañía de Marcos Galperin terminó convirtiéndose en el símbolo de una discusión que tiene como escenario una economía donde cada vez más personas recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos.

Un pedido de informes presentado en Diputados ya había reclamado al Poder Ejecutivo información sobre el endeudamiento de los hogares y el financiamiento otorgado por billeteras virtuales y plataformas fintech. Ese antecedente demuestra que el tema no apareció de golpe con la polémica de agosto.

Los 133 votos que encendieron la alarma oficialista

El dato que explica la reacción del oficialismo es político.

La oposición consiguió 133 votos para impulsar el tratamiento de proyectos relacionados con el endeudamiento de las familias. La amplitud de ese respaldo es lo que preocupa a la conducción de Diputados: no se trata solamente de una iniciativa de un bloque opositor, sino de una convergencia que puede incorporar a sectores radicales, peronistas, socialistas, de la Coalición Cívica, del pichettismo y de distintos espacios provinciales.

La discusión, entonces, empieza a escapar de la lógica tradicional de oficialismo contra oposición. Cuando un proyecto consigue reunir voluntades de espacios ideológicamente diferentes, la Casa Rosada tiene un problema mayor: los aliados circunstanciales pueden convertirse en el factor decisivo para imponer una agenda que el Gobierno preferiría administrar en comisión.

Ese es precisamente el riesgo que intenta neutralizar la convocatoria de Pauli. La estrategia consiste en volver a ordenar la discusión dentro de una comisión que el oficialismo puede controlar políticamente, evitando que el debate llegue al recinto con una mayoría opositora ya consolidada.

¿Qué tiene que ver Galperín con todo esto?

Formalmente, los proyectos parlamentarios no constituyen una legislación diseñada exclusivamente para Mercado Pago. Pero es imposible analizar el conflicto actual sin observar el lugar que ocupa la compañía dentro del mercado crediticio.

Mercado Pago es una de las principales billeteras digitales del país y está habilitada por el Banco Central para operar dentro del sistema de pagos. A través de Mercado Crédito, además, participa del financiamiento de consumidores y pequeñas empresas.

La CNV registra múltiples fideicomisos financieros vinculados con Mercado Crédito, respaldados por carteras de créditos de consumo. Uno de los programas autorizados durante 2026 contempla activos por casi $110.000 millones, una muestra del tamaño que alcanzó el negocio de securitización de esos préstamos.

La discusión parlamentaria llega, por lo tanto, cuando las billeteras dejaron de ser simplemente herramientas para pagar con QR. Son también actores cada vez más importantes del mercado de crédito.

Y allí aparece el problema que el Congreso intenta discutir: qué límites debe tener el costo de financiar a una persona que necesita dinero y qué mecanismos debe tener el Estado para impedir que una deuda pequeña se transforme en una bola de nieve.

Tasas de hasta 1.376%: el número que encendió la polémica

El dato más impactante de la discusión surgió al analizar el costo financiero de algunos préstamos.

Un relevamiento publicado por El Cronista mostró que Mercado Pago exhibía una Tasa Nominal Anual máxima del 249%, una Tasa Efectiva Anual de hasta 863% y un Costo Financiero Total Efectivo Anual que podía alcanzar el 1.376%, dependiendo del perfil del usuario.

La compañía, sin embargo, sostiene que esas tasas máximas corresponden a perfiles considerados de mayor riesgo y que la tasa disminuye a medida que el usuario construye historial de pago.

Según la propia empresa, sus tasas pueden comenzar desde el 48% y variar según el perfil crediticio. También asegura utilizar un sistema de scoring basado en miles de variables para determinar las condiciones de cada préstamo. Ese argumento es central para comprender la controversia.

No todos los usuarios pagan la tasa máxima. Pero el problema que discuten legisladores y organizaciones de consumidores es que el sistema puede colocar a personas sin acceso al crédito bancario tradicional frente a costos financieros extremadamente elevados. Y justamente quienes menos alternativas tienen son quienes pueden terminar pagando más.

El otro número que preocupa: 12,8% de mora familiar

La discusión parlamentaria tampoco ocurre en un vacío económico.

El Banco Central informó que durante junio de 2026 el indicador de irregularidad de las financiaciones a las familias alcanzó 12,8%, mientras que la mora de las empresas se ubicó en 3,5%. El organismo señaló que el aumento de la cartera irregular se produjo en un contexto de expansión del crédito. El dato es especialmente relevante porque muestra que el problema del endeudamiento no puede reducirse a una disputa política contra una empresa. Hay una tensión mucho más amplia: las familias están recurriendo al crédito mientras aumenta la dificultad para devolverlo. Eso cambia completamente la discusión.

Cuando el crédito se utiliza para comprar una vivienda o financiar una inversión productiva, la deuda puede estar asociada a una generación futura de ingresos. Cuando se utiliza para pagar alimentos, servicios, alquiler, medicamentos o gastos corrientes, el problema es diferente.

El préstamo deja de ser una herramienta de crecimiento y comienza a convertirse en un mecanismo para sostener el consumo que el ingreso corriente ya no alcanza a financiar.

La paradoja del modelo: crédito para sostener lo que el salario no alcanza

La economía argentina atraviesa una transformación en la forma de acceder al financiamiento. La digitalización facilitó el crédito inmediato. Un teléfono puede convertirse en pocos segundos en una ventanilla bancaria. Pero esa facilidad también tiene un lado oscuro: la distancia entre pedir dinero y comprender cuánto se terminará pagando es cada vez más pequeña.

Especialistas vienen recomendando observar el Costo Financiero Total y no quedarse solamente con la cuota o con la tasa anunciada, precisamente porque el costo final puede multiplicarse por comisiones, seguros y otros conceptos.

El propio Banco Central difundió recientemente una guía de educación financiera ante el aumento de los incumplimientos familiares. La coincidencia temporal resulta incómoda.

Mientras el Congreso discute cómo proteger a los endeudados, el organismo monetario reconoce que la mora de las familias llegó a un nivel elevado. La pregunta inevitable es si alcanza con pedirle al ciudadano que aprenda a comparar tasas cuando las condiciones económicas lo empujan cada vez más hacia el financiamiento.

Una polémica adicional: quién produce los datos que defiende a Mercado Pago

La disputa se volvió todavía más política cuando trascendió el vínculo profesional de uno de los economistas cuyos análisis sobre la mora fueron celebrados públicamente por Milei y Galperín. La Nación informó que Matías Fernández, autor de un análisis difundido en redes y reivindicado en la discusión pública, es socio de la consultora Pública, que presta servicios a Mercado Libre y Mercado Pago.

El dato no invalida automáticamente sus números. Pero obliga a observarlos con mayor cuidado. En una discusión donde están en juego regulación, millones de usuarios y una empresa de enorme peso económico, la transparencia sobre quién financia, produce y difunde los análisis debería ser una regla básica.

La controversia incluso generó respuestas de especialistas y del Centro de Economía Política Argentina, que cuestionó las interpretaciones sobre la mora difundidas por la compañía y sus defensores.

El capítulo más sensible: los beneficiarios de programas sociales

La discusión adquirió otra dimensión a partir de las operaciones de crédito ofrecidas a personas que reciben prestaciones sociales.

Una investigación de El Destape señaló que desde 2024 más de 1,8 millones de beneficiarios de programas sociales cobran prestaciones en cuentas de Mercado Pago y cuestionó el funcionamiento de los préstamos ofrecidos a esos usuarios. También planteó interrogantes sobre los mecanismos mediante los cuales se descuentan las cuotas cuando se acreditan las prestaciones.

Ese punto merece especial atención legislativa. Si una persona recibe un ingreso estatal destinado a alimentación o subsistencia y simultáneamente tiene una deuda cuyo pago se descuenta automáticamente de ese flujo, el debate deja de ser solamente financiero.

Pasa a ser una cuestión de protección social. La pregunta es hasta dónde puede llegar el crédito privado sobre ingresos que tienen una finalidad asistencial. Y allí el Estado tiene una responsabilidad que no puede delegar completamente en las reglas del mercado.

La denuncia judicial por "usura"

La controversia también llegó a los tribunales. El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia contra Marcos Galperín y directivos de Mercado Libre por presunta usura y solicitó que se suspendiera provisoriamente el cobro de determinados préstamos otorgados mediante Mercado Pago y Mercado Crédito.

La presentación fue realizada ante la Justicia criminal y correccional y se encuentra en etapa de investigación. No existe una condena ni una resolución judicial que haya determinado que Mercado Pago cometió el delito denunciado.

La precisión es fundamental. La palabra "usura" se instaló en la discusión política y mediática, pero jurídicamente constituye una imputación que deberá ser analizada por la Justicia. Por eso, el problema que el Congreso tiene delante es incluso más importante que determinar si existe o no un delito.

Debe establecer si las reglas actuales ofrecen suficiente protección a los consumidores frente a costos financieros que pueden alcanzar niveles extraordinarios.

El Gobierno que habla de libertad ahora debe decidir qué hace con el abuso financiero

Aquí aparece la contradicción política que atraviesa todo el conflicto. El Gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su identidad alrededor de la defensa de la libertad económica, la competencia y la reducción de las regulaciones. Mercado Libre y Marcos Galperín, además, se convirtieron en uno de los principales símbolos empresariales asociados al proyecto libertario.

Pero ahora el Congreso enfrenta una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la libertad contractual se ejerce entre partes con capacidades económicas completamente diferentes?

Una persona que necesita dinero para llegar a fin de mes no negocia en igualdad de condiciones con una plataforma financiera. Puede aceptar la tasa disponible o no obtener el préstamo. El mercado puede definir el precio. Pero el Estado define las reglas. Y justamente para eso existe el Congreso.

La pulseada que viene

La convocatoria de Pauli para el 2 de septiembre será ahora uno de los puntos centrales de la disputa.

La oposición pretende mantener el impulso conseguido y llegar al 9 de septiembre con respaldo suficiente para avanzar sobre las iniciativas vinculadas con el sobreendeudamiento. El oficialismo intentará evitarlo. La maniobra parlamentaria puede tener éxito si consigue que algunos aliados que acompañaron la ofensiva opositora retrocedan o prefieran discutir primero los proyectos en comisión. Pero los 133 votos conseguidos previamente muestran que la discusión no será sencilla para Menem. El escenario tampoco es completamente favorable a la oposición: reunir una mayoría coyuntural para emplazar una comisión no significa necesariamente aprobar una ley ni conseguir consenso sobre todos los proyectos.

Por eso, lo que está en juego en los próximos días es más que una sesión. Es quién fija la agenda.

Galperín, Mercado Pago y una frontera que el Gobierno todavía no define

La disputa revela una transformación profunda de la economía argentina. Las billeteras digitales ya no compiten únicamente por ser medios de pago. También administran ahorros, ofrecen inversiones, otorgan créditos y construyen sistemas propios de evaluación del riesgo.

Mercado Pago pretende además profundizar su inserción en el sistema financiero argentino. La compañía avanza en su proyecto para obtener una licencia bancaria, mientras el mercado sigue con atención la relación entre Mercado Libre, Mercado Pago y la regulación del Banco Central.

En ese contexto, el debate sobre las tasas no es menor. Si el Congreso establece reglas más estrictas, puede afectar el modelo de negocio de las fintech. Si no lo hace, puede dejar a millones de consumidores expuestos a condiciones que algunos legisladores consideran abusivas. Y si el Gobierno utiliza su mayoría circunstancial o sus aliados para bloquear el debate, la discusión política será inevitable: ¿está defendiendo la libertad de mercado o está protegiendo a una empresa que se convirtió en uno de los actores económicos más cercanos al poder?

Esa es la pregunta que quedó instalada. Y la convocatoria de Martín Menem a través de Santiago Pauli no la resuelve. Por el contrario, la vuelve todavía más visible.

Porque detrás de la pelea parlamentaria por una comisión y una sesión hay algo mucho más concreto: familias que se endeudan para sostener su vida cotidiana, tasas que pueden alcanzar cifras extraordinarias, una mora que ya preocupa al Banco Central y un Congreso que deberá decidir si el mercado puede seguir fijando solo las reglas del crédito digital.

La discusión recién empieza. Y esta vez, el problema no está en una pantalla. Está en el bolsillo de millones de argentinos.