Qué pasó
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, junto a la Secretaría de Agricultura de la Nación, puso en marcha una ofensiva regulatoria contra la arquitectura institucional y fiscal de la vitivinicultura argentina. Tras la publicación de la Resolución 55/2026, la Casa Rosada resolvió dar por terminado el cobro coactivo de las contribuciones que sostenían a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y ordenó un informe final sobre el cumplimiento del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).
De forma paralela, la gestión de Javier Milei impulsó un anteproyecto de ley integral que busca no solo derogar la Ley 25.849 —reclamando la liquidación definitiva de la COVIAR y el traspaso de sus fondos remanentes al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)—, sino también modificar preceptos clave de la Ley General de Vinos N° 14.878 para flexibilizar la fiscalización y los parámetros de circulación enológica.
Quiénes intervienen
El conflicto expone una marcada división dentro de la industria y la política nacional y provincial:
Poder Ejecutivo Nacional:Con Federico Sturzenegger como principal vocero, el Gobierno sostiene que la COVIAR cobraba "en la ilegalidad" por considerar vencido el mandato original del PEVI sin prórroga explícita, calificando el esquema como una "intermediación compulsiva" que encarecía los costos de producción.
COVIAR y cámaras adheridas: La entidad rechazó de forma categórica las disposiciones calificándolas de "inconsultas, inoportunas e improcedentes". Bajo el argumento de que una resolución administrativa no puede cercenar una ley vigente, judicializaron el conflicto mediante amparos y cautelares.
Bodegas de Argentina y sectores privados liberadores: Entidades empresariales respaldaron el fin de los aportes forzosos, abogando por un modelo de articulación donde las contribuciones a cámaras o proyectos sean estrictamente voluntarias.
Gobierno de Mendoza e INV: Frente a la controversia, la administración del gobernador Alfredo Cornejo ha adoptado una postura orientada a "desdramatizar" el rediseño de la entidad, al tiempo que observa con atención la readecuación de competencias del INV en la supervisión de la calidad del vino.
Antecedentes
La COVIAR fue creada en 2004 mediante la Ley 25.849 con el objeto de administrar los recursos destinados a la ejecución del Plan Estratégico Vitivinícola. Financiada a través de un canon por litro despachado a cargo de elaboradores y fraccionadores, la institución unificaba en su directorio a representantes públicos de las provincias productoras y a referentes de la cadena privada.
Sin embargo, desde la cartera de Desregulación argumentan que las metas trazadas hace dos décadas —como alcanzar exportaciones por USD 2.000 millones y capturar el 10% del mercado mundial— no se cumplieron. A ello sumaron observaciones sobre la opacidad en la asignación de recursos, planteando que la continuidad del mecanismo coactivo ya no contaba con sustento legal ni económico.
Qué cambia ahora
La reestructuración en curso modifica dos ejes sustanciales del negocio vitivinícola:
1. **Financiamiento e institucionalidad:** Las bodegas quedan eximidas de abonar el arancel obligatorio a la COVIAR. De prosperar la iniciativa legislativa oficialista, la corporación cerrará sus puertas como ente público-privado por ley y sus saldos pasarán a las arcas del INV. Cualquier esquema de promoción futuro dependerá exclusivamente de aportes voluntarios.
2. **Revisión enológica y controles (Ley 14.878):** Se busca simplificar los mecanismos de intervención del INV. Entre las reformas proyectadas se contempla aligerar las trabas a la importación mediante el reconocimiento directo de certificados de origen y redefinir la clasificación de los productos aptos para consumo, modificando las atribuciones históricas del organismo fiscalizador.
Impacto político, económico y social
En el plano económico, la quita del aporte representa un alivio directo en los costos fijos para las bodegas elaboradoras. No obstante, productores de menor escala y cooperativas advierten que la disolución del PEVI elimina partidas destinadas al desarrollo de pequeños viñateros y a campañas de promoción colectiva que las pymes no pueden costear de manera individual.
En el aspecto político e institucional, la medida marca un hito en la política de desregulación del Estado nacional, desafiando el principio de concertación público-privada que rigió al sector durante los últimos 20 años.
Qué puede pasar después
El desarrollo del conflicto discurrirá por dos andariveles paralelos:
El frente judicial: Las medidas cautelares presentadas por la COVIAR determinarán si la resolución de la Secretaría de Agricultura resulta aplicable o si queda en suspenso hasta tanto el Congreso se pronuncie sobre la ley de fondo.
El debate en el Congreso: La eventual discusión del anteproyecto de desregulación pondrá a prueba las alianzas políticas de los legisladores de las provincias vitivinícolas (Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta), enfrentando el impulso desregulador del Ejecutivo nacional con la defensa de la institucionalidad regional.
