La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar bajo la lupa luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, solicitó formalmente adherirse al régimen de regularización tributaria conocido como “Inocencia Fiscal”, una herramienta creada por el Gobierno nacional para permitir la exteriorización de activos e ingresos no declarados bajo determinadas condiciones.

La presentación fue realizada el 31 de mayo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), según documentación difundida en los últimos días por medios nacionales. El dato cobró especial relevancia porque la gestión se concretó pocos días antes de que Adorni deba presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, una obligación que viene generando expectativa tanto en el ámbito político como judicial.

El régimen de “Inocencia Fiscal”, reglamentado este año por el Gobierno nacional, fue presentado por la administración de Javier Milei como una herramienta destinada a simplificar la situación tributaria de contribuyentes con activos no exteriorizados y fomentar la formalización económica.

Sin embargo, el hecho de que quien recurra al mecanismo sea la esposa de un funcionario de máxima jerarquía abrió un intenso debate político. Aunque la utilización del régimen es completamente legal, distintos sectores comenzaron a cuestionar la conveniencia ética de que familiares directos de integrantes del gabinete nacional se beneficien de una herramienta impulsada por la misma administración de la que forman parte.

Un contexto que alimenta las dudas

La adhesión de Angeletti ocurre en medio de cuestionamientos e investigaciones sobre la evolución patrimonial del entorno familiar de Manuel Adorni.

Durante los últimos meses, distintas publicaciones periodísticas pusieron el foco en la necesidad de conocer en detalle la composición de los bienes del jefe de Gabinete, especialmente a partir de la presentación de su declaración jurada patrimonial, un documento que será clave para despejar interrogantes sobre ingresos, activos y evolución económica del grupo familiar.

Hasta el momento no trascendieron públicamente los montos alcanzados por la regularización ni la naturaleza de los activos incorporados al régimen. Esa información permanece protegida por el secreto fiscal, tal como establece la normativa vigente.

Precisamente esa falta de precisiones es uno de los factores que alimenta el debate político. Para especialistas en transparencia y sectores opositores, el problema no reside necesariamente en la legalidad de la medida sino en el impacto institucional que puede generar cuando involucra al círculo íntimo de funcionarios con capacidad de decisión dentro del Estado.

El costo político para el Gobierno

La controversia adquiere una dimensión adicional porque el gobierno de Javier Milei construyó gran parte de su discurso público sobre la necesidad de transparentar la administración estatal, combatir privilegios y diferenciarse de prácticas que históricamente cuestionó de otros espacios políticos.

En ese contexto, la utilización de mecanismos de regularización fiscal por parte de familiares de funcionarios de primera línea genera un escenario incómodo para la Casa Rosada, más allá de la legalidad de la herramienta.

Analistas políticos señalan que la situación puede transformarse en un problema de credibilidad para el oficialismo, especialmente porque se produce en simultáneo con otras discusiones vinculadas a la transparencia patrimonial de integrantes del gabinete.

Por ahora, el foco permanece puesto en la próxima presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni. El contenido de ese documento podría despejar buena parte de las dudas que hoy sobrevuelan el caso o, por el contrario, abrir nuevos interrogantes sobre la evolución patrimonial del entorno familiar de uno de los hombres más cercanos al presidente Javier Milei.