Por Qué tal tu Día

La corrupción no descansa, ni siquiera bajo la bandera de la austeridad extrema. El fiscal Franco Picardi ha dado un golpe de timón en la causa conocida como "Coimagate", detectando maniobras que implicaron el desvío de más de 75.478 millones de pesos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El dictamen de 228 páginas describe un entramado de "promiscuidad público-privada" donde los insumos para personas vulnerables —desde audífonos hasta prótesis— eran moneda de cambio para retornos ilegales.

En el ojo de la tormenta se encuentra Diego Spagnuolo, ex titular del organismo y abogado personal de Javier Milei, quien junto al lobbista Miguel Ángel Calvete, habría orquestado una asociación ilícita para direccionar compras hacia un reducido grupo de empresas. El mecanismo era tan burdo como efectivo: se simulaba competencia en el sistema SIIPFIS con firmas que pertenecían a los mismos dueños o núcleos familiares, como el caso de la familia Sagués, que se repartía las adjudicaciones con el grupo de Calvete en rubros sensibles como "amputación" y "cardio".

El retorno del 3%

Sin embargo, el dato que hace temblar las paredes de la Casa Rosada es la recurrente mención al "3%". No es una interpretación periodística; es la literalidad de los chats que constan en el expediente. "Con el 3% para KM está perfecto", escribió Calvete a su hija Ornella. Las pruebas acumuladas, que incluyen audios filtrados y mensajes entre ejecutivos de firmas proveedoras, sugieren que este porcentaje de coima —una suerte de "impuesto al retorno"— tenía como destino final el entorno de Karina Milei. "Ya le descontaron el 3", avisaba un empresario a Calvete en agosto de 2025, a lo que el lobbista respondía con un cínico: "Muy bueno".

La sombra de Ariel Lijo

La causa hoy duerme —o espera— en el despacho de Ariel Lijo. El magistrado, cuyo pliego para la Corte Suprema fue impulsado con vehemencia por el propio Poder Ejecutivo, debe decidir ahora si activa las 29 indagatorias que Picardi le puso sobre la mesa. El conflicto de intereses es, cuanto menos, ruidoso: el juez nominado por el Gobierno tiene en sus manos el destino procesal del mejor amigo del Presidente y las sospechas que rozan a la Secretaría General de la Presidencia.

El costo humano del cinismo

Mientras la justicia rastrea el lavado de dinero a través de empresas de vuelos privados vinculadas al "Narcoescándalo" de Fred Machado, la realidad en la calle es desgarradora. En la actual Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), el presupuesto está paralizado, los trabajadores cobran en cuotas y hay más de 6.300 trámites de medicamentos y prestaciones frenados, incluyendo tratamientos oncológicos.

El cinismo del "Coimagate" tiene rostro humano: mientras los núcleos de poder se repartían el 100% de las licitaciones de prótesis, miles de pacientes en todo el país llevan meses esperando un insumo que el Estado ya pagó a precios de lujo, pero que nunca llegó a los hospitales. La "motosierra" parece haber tenido un doble filo: uno para el ajuste social y otro para aceitar los negocios de los "amigos del poder".