El 2 de enero de 2026, con la mayoría de los argentinos en vacaciones y la actividad política en su punto más bajo del año, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 931/2025. La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli, puso fin a dos años de salarios congelados para ministros, secretarios y subsecretarios nacionales y habilitó la recomposición salarial más alta que haya recibido el estamento político desde el inicio de la gestión libertaria.
Los ministros, que hasta diciembre cobraban $3.584.006 brutos, vieron cómo su salario escaló a lo largo de los últimos meses: en enero pasó a ser de $7.129.501; en febrero, $7.272.091; en abril llegará a $7.902.331; y en mayo ascenderá a $8.020.866. La medida alcanzó también a Adorni: el jefe de Gabinete cobra lo mismo que un ministro, según confirmaron fuentes oficiales.
La escala completa refleja el mismo patrón. Los secretarios, que en diciembre percibían $3.282.709, cobraron $6.530.145 en enero; $6.660.748 en febrero; llegarán a $7.238.005 en abril y a $7.346.575 en mayo. Los subsecretarios, que estaban en $2.981.513, pasaron a $5.930.989 en enero, $6.049.609 en febrero y $6.573.902 en abril, con proyección de $6.672.510 para mayo.
En términos porcentuales, el resultado es contundente: la comparación entre diciembre de 2025 y febrero arroja un aumento del 102%; entre diciembre y abril, un 120%; y entre diciembre y mayo, el incremento acumulado llega al 123%.
El decreto que no menciona cifras
El texto del DNU 931/2025 no fijó montos concretos. Estableció que desde enero de 2026 se aplicaría a las retribuciones de las autoridades superiores el porcentaje acumulado de los aumentos surgidos de los acuerdos paritarios del Estado en 2024 y 2025. Esa fórmula, en apariencia técnica y discreta, se tradujo en la práctica en una duplicación efectiva de los salarios más altos del Ejecutivo.
El decreto justificó la medida en la necesidad de “un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”, y sostuvo que “autoridades superiores profesionalizadas y adecuadamente remuneradas”, combinadas con “mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas”, contribuyen a fortalecer “la integridad institucional del Estado”.
El timing fue deliberado. El decreto salió a los dos días de enero, en pleno receso político y con la atención mediática puesta en las vacaciones. El oficialismo había celebrado su triunfo en las legislativas de 2025 y disfrutaba de un escenario favorable para avanzar con medidas sensibles. La presión interna había crecido en los meses previos: varios funcionarios renunciaron para migrar al sector privado, donde los salarios triplicaban o cuadruplicaban lo que cobraban en el Estado.
Los que quedan afuera del aumento
La medida no alcanzó al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel. El mandatario continuó percibiendo $4.066.018 y la titular del Senado $3.764.821, los mismos valores que tienen congelados desde diciembre de 2023. La vice había expresado anteriormente su disconformidad con ese nivel de ingresos.
La paradoja inmediata es que, al proyectarse los salarios, los ministros superan a su propio jefe: un cargo ministerial en mayo cobrará $8.020.866 brutos, mientras que el presidente de la Nación continúa en $4.066.018. Karina Milei, en su calidad de secretaria general de Presidencia, también entró en la escala de secretarias que fueron beneficiadas por el decreto.
La contradicción de la “cuarta ancla”
El Gobierno sostuvo desde el inicio de la gestión que su plan anti-inflacionario se sostiene sobre tres anclas: fiscal, cambiaria y monetaria. Sin embargo, analistas y medios identificaron una cuarta ancla que desde la Casa Rosada intentan mantener en las sombras: la salarial. Y esa ancla no aplica de la misma manera para todos.
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a cargo de Julio Cordero, se niega a homologar acuerdos paritarios que superen el techo impuesto desde la Casa Rosada — el mismo Gobierno que otorgó a sus ministros y secretarios aumentos que llegan hasta el 123%.
El contexto salarial del resto del Estado
Los números de la escala de funcionarios contrastan con el resto del Estado. Según cálculos del gremio público ATE, el promedio salarial de los trabajadores estatales nacionales es de $1.200.000, con un ingreso mínimo de $600.000 para los civiles de las Fuerzas Armadas.
Hasta marzo, los senadores cobraron $11,6 millones en bruto; los diputados rondaron los $7 millones con el plus de representación. La Corte Suprema detalla que un juez percibe un básico de $9.900.643 desde febrero de 2026.
La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que mide los salarios del sector privado y público formal, se ubicó en $1.646.344 para enero de 2026. Un ministro con el sueldo de mayo ganará casi cinco veces ese promedio.
El argumento oficial y sus límites
El Gobierno no negó los números cuando La Nación los publicó. La defensa que circuló por los pasillos de la Casa Rosada apuntó en dos direcciones: la pérdida real contra la inflación durante el congelamiento y la comparación con las escalas legislativas.
Los sueldos del personal jerárquico habían caído un 64,9% en términos reales durante los dos años de congelamiento. La inflación cerró en 117,8% en 2024 y en 31,5% en 2025, con un 5,9% adicional en los primeros meses de 2026. En ese contexto, el Gobierno calculó que la inflación acumulada es de alrededor del 194%, por encima del 123% de aumento otorgado.
Ese argumento tiene sus propias contradicciones. Los mismos funcionarios que hoy reclaman que el aumento es razonable porque la inflación fue alta son los mismos que diseñaron y aplicaron la política que generó esa inflación alta —y que al mismo tiempo frenan en paritarias a los trabajadores que buscan recuperar el mismo terreno perdido.
La decisión se produjo en un escenario político favorable para el oficialismo, tras el triunfo en las elecciones legislativas de 2025, en medio de una menor actividad por la temporada estival. El dato no es menor: el Gobierno eligió el momento de menor escrutinio público para publicar el decreto que más directamente lo beneficiaba.
