Por Que tal tu Día

El discurso de la "motosierra" y el ajuste fiscal que el Gobierno de Javier Milei predica como un mantra innegociable acaba de chocar de frente con la realidad del Banco Nación (BNA). Lo que comenzó como un rumor de pasillo en los despachos oficiales se transformó en un escándalo de proporciones cuando se filtró la "nómina VIP" de funcionarios, legisladores y "tuiteros" de La Libertad Avanza que accedieron a créditos hipotecarios con montos y facilidades que el ciudadano común, asfixiado por la inflación, solo puede soñar.

La reacción interna fue una muestra de la fractura en la gestión. Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó aplicar un "blindaje" mediático al asegurar que "no hay nada ilegal" y que estos préstamos representan apenas el 0,2% de la cartera del banco. Sin embargo, el pragmatismo frío de "Toto" no bastó para contener el daño reputacional. En la otra vereda, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, decidió cortar por lo sano: le exigió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, beneficiario de un crédito de casi 420 millones de pesos.  

Números que no cierran y carpetas "flexibles"

La investigación sobre las carpetas crediticias revela irregularidades que exceden lo ético para entrar en el terreno de lo técnico-financiero. Diversos pedidos de informes en el Congreso, liderados por la oposición, apuntan a que los montos otorgados —que en algunos casos alcanzan los 350.000 dólares— superan ampliamente los límites de asistencia crediticia para "personas vinculadas" y los ratios de endeudamiento permitidos por la normativa bancaria estándar.

Lo más alarmante es el criterio de "estabilidad laboral". Un crédito hipotecario a 20 o 30 años se basa en la proyección de ingresos sostenibles. Resulta técnicamente inexplicable que el Banco Nación otorgue créditos de cientos de millones a funcionarios cuya permanencia en el Estado es, por definición, transitoria y volátil. Con una gestión que ya lleva cinco jefes de Gabinete en un solo ministerio en menos de tres años, ¿qué garantía de retorno tiene la banca pública si estos deudores pierden su cargo el mes que viene?

¿Primera vivienda o inversión privilegiada?

Otro de los puntos de conflicto es el destino de los fondos. Mientras la línea oficial del banco promociona estos créditos para el acceso a la "casa propia", se investiga si varios de los beneficiarios ya poseían propiedades a su nombre, transformando un beneficio social en una herramienta de capitalización personal financiada por todos los argentinos.

El contraste es obsceno: mientras el Ministerio de Capital Humano audita cada comedor comunitario bajo sospecha de irregularidad, sus propios funcionarios parecen haber encontrado en el Banco Nación una ventanilla de privilegios que la "casta" que vinieron a combatir envidiaría.