La gestión de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete ha ingresado en su etapa más crítica. Lo que comenzó como una serie de cuestionamientos mediáticos y denuncias en redes sociales se transformó, en las últimas horas, en una causa judicial de alto impacto que sacude los cimientos de la Casa Rosada. La Justicia Federal ha decidido avanzar con la imputación formal del funcionario por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y dádivas, marcando un punto de inflexión para el Gobierno en este marzo de 2026.
El fiscal federal Gerardo Pollicita, tras analizar la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, encontró elementos suficientes para imputar a Adorni. El foco principal de la investigación es el crecimiento patrimonial del 500% que el funcionario habría experimentado en un solo período fiscal, cifra que no guarda correlación con sus ingresos declarados como servidor público.
El lote 380: El misterio de Exaltación de la Cruz
Uno de los pilares de la imputación es la propiedad ubicada en el exclusivo Country Indio Cuá Golf Club. Según el expediente, se trata del lote 380, una vivienda cuyas expensas figurarían a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, por montos cercanos a los $700.000, pero que no habría sido debidamente detallada en las Declaraciones Juradas Patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción. La Justicia ya ha solicitado informes al Registro de la Propiedad Inmueble para confirmar si existió una maniobra de ocultamiento mediante sociedades pantalla.
Vuelos privados y la sombra de las dádivas
La causa también investiga los polémicos vuelos en jet privado a Punta del Este realizados durante el último Carnaval. La sospecha de los investigadores apunta a que dichos viajes habrían sido costeados por la productora Imhouse S.A., vinculada al periodista Marcelo Grandío. Ante la reciente intervención y auditoría de los contratos de la TV Pública con productoras privadas, el fiscal busca determinar si existió una contraprestación irregular que configure el delito de dádivas.
Las sombras que aún planean sobre el patrimonio
Más allá de los datos confirmados, la investigación judicial se adentra ahora en terrenos pantanosos. Existiría la posibilidad de que el Jefe de Gabinete hubiera utilizado un "vínculo posesorio" para eludir controles, mientras que fuentes judiciales sugieren que los gastos mensuales con tarjetas de crédito del núcleo familiar podrían ascender a los $30 millones, cifra que triplicaría sus ingresos oficiales. Asimismo, la Justicia estaría tras el rastro de una supuesta mansión en la localidad de Martínez, valuada en más de un millón de dólares, que el fiscal Pollicita no descartaría incluir en el peritaje integral.
A pedido de la fiscalía, el juez Ariel Lijo ha dado luz verde a una batería de 12 medidas que incluyen el levantamiento del secreto bancario y fiscal, informes de Migraciones y la citación del broker de vuelos Agustín Issin. El silencio de Adorni ante estas inconsistencias solo parece alimentar un incendio que ya llegó a la puerta de su despacho.
