El 24 de marzo de 1976, a las 3:21 de la madrugada, una cadena de radio y televisión interrumpió la programación normal para leer el primer comunicado de la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla. El gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón había sido derrocado. Lo que siguió fueron siete años de terrorismo de Estado, 30.000 desaparecidos, centros clandestinos de detención, vuelos de la muerte, robo de bebés y exilio masivo. El 10 de diciembre de 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín, Argentina recuperó la democracia. Desde entonces, cada 24 de marzo fue una fecha de memoria colectiva, de marcha callejera y de reafirmación de los consensos democráticos construidos sobre la tragedia. Hasta este año.
El gobierno de Javier Milei llegó al 50° aniversario con una postura que rompe con cuatro décadas de política de Estado en materia de derechos humanos. No habrá acto oficial el martes. No habrá discurso presidencial. Pero hubo algo más llamativo todavía: el Gobierno declaró feriado puente turístico el lunes 23, extendiendo el fin de semana largo previo al aniversario. Los organismos de derechos humanos leyeron esa decisión como una señal inequívoca: el Ejecutivo prefiere que la gente se vaya de vacaciones el lunes antes que marche el martes 24. La combinación — feriado puente el día previo y ausencia oficial el día del aniversario — no pasó desapercibida para nadie.
Lo que el Gobierno hizo en cambio fue una movida institucional de alto voltaje político: la Secretaría de Inteligencia del Estado publicó el miércoles 19 de marzo un primer lote de 26 documentos desclasificados con 492 páginas del período 1973-1983, abarcando tanto la dictadura como el gobierno de Isabel Martínez de Perón. La elección del período no es casual: incluir los años previos al golpe es la forma de instalar la narrativa de que el terrorismo de Estado tuvo antecedentes en la violencia de los años 70 y que no puede analizarse de forma aislada. Es la teoría de los "dos demonios" en formato de decreto oficial, publicada en el Boletín Oficial a cuatro días del aniversario. Patricia Bullrich fue la voz más explícita del Gobierno: "El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político. Se terminó el monopolio de la memoria." Lo que los documentos desclasificados no incluyen, hasta ahora, es información sobre los crímenes cometidos durante la dictadura.
En el Senado, el debate fue otro termómetro. El cuerpo aprobó una declaración por los 50 años del golpe, pero el bloque de La Libertad Avanza se abstuvo. No votó en contra. Se abstuvo. La diferencia es política y semántica al mismo tiempo: no rechazar explícitamente la conmemoración pero tampoco acompañarla. El Gobierno prepara además un mensaje sorpresa para el martes 24, con el mismo slogan de "verdad completa" que usó el año pasado y buscando la participación de hijos de desaparecidos. En 2025 había publicado un video de 20 minutos protagonizado por Agustín Laje que cuestionó la cifra de los 30.000 desaparecidos, tuvo más de doce millones de reproducciones y generó una polarización inmediata. Milei lo retuiteó con el comentario "Memoria, Verdad y Justicia." Esta semana no hay video todavía. Hay archivos desclasificados y un feriado puente. La estrategia comunicacional cambió de forma. El contenido ideológico es el mismo.
Del otro lado, el cuadro es igualmente significativo. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo convocaron a una vigilia para esta noche con la consigna "Que digan dónde están" y "Florecerán mil pañuelos." Por segundo año consecutivo la marcha del 24 será unificada entre los organismos cercanos al kirchnerismo y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que históricamente marcaba diferencias irreconciliables con el peronismo. La amenaza común los unió. El acto central en Plaza de Mayo comenzará el martes a las 16:30 con la lectura de un documento conjunto. La Iglesia Católica emitió un comunicado a través del Episcopado: "Hoy decimos de manera rotunda: nunca más a la violencia de la dictadura y siempre más a una democracia justa. Mutilar la historia abre la puerta a repetir los mismos errores."
El contraste entre el aparato estatal y la sociedad civil es el dato político más relevante de esta conmemoración. Mientras el Gobierno desclasifica archivos para ampliar el relato histórico hacia la violencia previa al golpe, los organismos señalan que desde diciembre de 2023 la Secretaría de DDHH fue degradada a subsecretaría y perdió el 40% de su personal, el Museo Sitio de Memoria en la ex ESMA redujo funciones y plantilla, el Archivo Nacional de la Memoria fue degradado y el presupuesto para acompañamiento a víctimas fue eliminado. Un estudio conjunto del CELS y la UBA señala que 7 de cada 10 argentinos rechazan la dictadura. El Gobierno disputa el relato de la minoría que no lo hace.
Argentina llega al 50° aniversario del golpe dividida sobre cómo nombrar lo que pasó, cómo recordarlo y qué consecuencias tiene en el presente. Esa división no es nueva. Lo que sí es nuevo es que por primera vez en cuatro décadas el Estado nacional no está del lado de la memoria institucionalizada sino de la disputa por ese relato. El martes 24 de marzo de 2026 va a ser, como cada año, una prueba de temperatura política. Y como cada año, la respuesta llegará desde la calle.
