El viaje fue el 12 de febrero. El vuelo de vuelta fue el 17 de febrero. La factura del vuelo de vuelta está fechada el 9 de marzo. Entre el viaje y el comprobante pasaron veinte días. El 9 de marzo fue exactamente el día en que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez en LN+ del escándalo de los vuelos privados de Manuel Adorni a Punta del Este. La factura no es un dato administrativo menor. Para la Justicia, según explicó en A24 el periodista Nicolás Wiñazki, ese comprobante es "trucho o posiblemente fraguado." Y esa es exactamente la hipótesis que el juez federal Ariel Lijo está investigando.

El mapa de las facturas que tiene en su poder el juzgado es el siguiente. La empresa Alpha Centauri S.A., propietaria del jet privado, entregó a la Justicia los comprobantes de los vuelos. El vuelo de ida, del 12 de febrero, aparece facturado el 4 de febrero por USD 4.830 a nombre de IMHOUSE S.A., la productora del periodista Marcelo Grandio. El vuelo de vuelta forma parte de un paquete de diez vuelos por USD 42.250 comprado por el broker aeronáutico Agustín Issin Hansen, con domicilio en Uruguay. Hasta ahí, dos facturas. Pero apareció una tercera: Issin le facturó a Grandio, como persona física, el vuelo de vuelta de Adorni por USD 3.000. Esa tercera factura tiene fecha del 9 de marzo. El concepto dice: "vuelo 17/02/2026 PDP-FDO." Punta del Este a Fernando, la ruta exacta del regreso de Adorni. La factura del viaje de vuelta la emitieron veinte días después de que el viaje ocurrió y el mismo día que el escándalo se hizo público.

Hay además una inconsistencia numérica que los investigadores no pasan por alto. Adorni dijo públicamente que el vuelo costó USD 3.800. La factura del vuelo de ida dice USD 4.830, más de mil dólares por encima de lo declarado. El vuelo de vuelta aparece facturado por USD 3.000. La explicación que dio Issin antes de que apareciera la tercera factura fue que "el vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva." Lo que no explicó es por qué la emitió veinte días después.

El nudo del escándalo tiene un nombre que el Gobierno no puede ignorar: Marcelo Grandio. El periodista es amigo personal de Adorni, viajó en el vuelo de ida a Punta del Este junto al funcionario y su familia, dijo primero que fue invitado por Adorni y que el Estado pagó su pasaje, y luego se contradijo diciendo que pagaron a medias. Su empresa IMHOUSE S.A. pagó el vuelo de ida del jefe de Gabinete por USD 4.830. Y lo que la Justicia mira con particular atención es que la TV Pública, donde Grandio tenía un programa hasta que estalló el escándalo, depende de la Secretaría de Comunicaciones y Medios, que a su vez depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros que Adorni encabeza. Una empresa amiga del jefe de Gabinete, con contratos del Estado que ese mismo jefe de Gabinete supervisa, pagó sus vuelos privados de vacaciones.

El juez Lijo ordenó esta semana una batería de medidas que convierte el caso en una investigación penal en toda regla. Levantó el secreto fiscal de IMHOUSE S.A. y de Agustín Issin Hansen y el secreto bancario de IMHOUSE, y le pidió al Banco Santander información completa sobre la cuenta corriente de la productora, sus movimientos y su legajo. Le pidió a la PSA los registros de todas las cámaras del aeropuerto de San Fernando para verificar si se cumplieron los trámites de Migraciones y Aduana. Y le pidió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que informe si existe algún expediente, autorización, misión oficial, licencia o liquidación de viáticos relacionados con el viaje de Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita, por su parte, pidió certificar si existen otras causas vinculadas al objeto procesal de este expediente, lo que anticipa una probable unificación con la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en paralelo por pedido de Marcela Pagano.

El Gobierno identificó esta semana a la persona que grabó el video del vuelo: una delegada sindical vinculada a La Cámpora y al diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño. Desde Casa Rosada instalaron esa versión para enmarcar el escándalo como una operación política. El problema es que la existencia del video no es la causa de la investigación judicial. La causa es la ruta del dinero. Y esa ruta, con las facturas que tiene en su poder la Justicia, lleva a una empresa con contratos estatales, a un periodista que trabajaba en un canal que dependía del propio Adorni, y a un comprobante emitido veinte días después del viaje con fecha exacta del regreso.

Adorni acumula hoy tres causas judiciales abiertas en Comodoro Py: el vuelo a Punta del Este, el enriquecimiento ilícito por la casa no declarada en el country de Exaltación de la Cruz y los vínculos de la consultora de su esposa con organismos del Estado bajo su supervisión. En cada una de ellas el Gobierno eligió la misma estrategia: resistir, culpar a la oposición y esperar que pase. Lo que no calcularon es que cada semana que pasa la Justicia avanza un paso más. Esta semana ese paso fue levantar el secreto fiscal. El próximo puede ser la indagatoria.