La soberanía no es solo una bandera o un discurso de ocasión; es la capacidad de decidir qué se hace con el suelo que pisamos. Sin embargo, los últimos datos procesados por el Observatorio de Tierras (CONICET/UBA) exponen una realidad que la narrativa oficial prefiere omitir: el 5% del territorio nacional, una superficie equivalente a toda Inglaterra, está en manos de firmas o estados extranjeros.

Lo que a simple vista parece un porcentaje bajo es, en realidad, una quirúrgica operación de ocupación sobre recursos vitales. No se trata de hectáreas de desierto olvidadas, sino de enclaves logísticos y naturales donde el Estado argentino ha comenzado a retroceder.

Los "puntos rojos": donde la ley ya es letra muerta

El análisis departamento por departamento rompe el mito de que "no se supera el límite legal". La Ley 26.737 establece un tope del 15% de extranjerización por jurisdicción, pero el mapa interactivo muestra 36 distritos que ya violan esta normativa. En cuatro casos extremos —Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta)—, la extranjerización supera el 50%.

¿Qué tienen en común estos lugares? No es casualidad: son zonas con alta concentración de agua dulce, minerales críticos para la transición energética (como el litio) o ventajas logísticas estratégicas. En San Juan, el departamento de Iglesia ya alcanza un 25% de control foráneo, mientras que en Mendoza, el sur de Malargüe roza el límite permitido justo cuando se anuncian hasta 18 proyectos de inversión minera que amenazan el recurso hídrico en plena crisis de sequía.

El podio de los dueños: Estados Unidos, Italia y España

El capital no tiene patria, pero los dueños sí tienen pasaporte. Estados Unidos lidera el ranking con 2,7 millones de hectáreas, una superficie mayor a toda la provincia de Tucumán. Le siguen Italia y España. Estos tres países concentran la mitad de la tierra extranjerizada en Argentina.

El perfil de estos propietarios no es el de colonos que vienen a trabajar la tierra, sino el de "propietarios absentistas": fondos de inversión y estados extranjeros que ven en el suelo argentino un activo financiero o un reservorio de recursos para sus propias industrias. El caso de Benetton en Cushamen (Chubut) sigue siendo el emblema de este modelo, donde la propiedad privada se superpone con conflictos sociales históricos e incendios que devastan bosques nativos.

La pulseada judicial por el DNU 70/23

El intento del gobierno de Javier Milei por derogar la Ley de Tierras mediante el DNU 70/23 no es una medida aislada, sino el corazón de un proyecto extractivista. Aunque el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata logró un amparo que frenó provisoriamente la derogación, la presión oficial no cesa.

La justicia ha señalado que el Ejecutivo no puede borrar de un plumazo una ley que protege la soberanía sobre "recursos que son centrales para la vida cotidiana". Eliminar los límites de compra no busca "inversiones productivas", como reza el discurso oficial, sino habilitar la transferencia directa de activos naturales —como los humedales del Paraná y los ambientes peri-glaciares— a manos privadas sin control estatal.

Análisis: ¿Hacia una soberanía de cartón?

La combinación de la extranjerización territorial con el avance sobre la Ley de Glaciares y la entrega de la Hidrovía del Paraná configura un escenario de "Estado ausente" por diseño. Al permitir que departamentos estratégicos de frontera o zonas ribereñas pasen a control foráneo, la Argentina pierde su capacidad de planificación territorial.

La pregunta que queda flotando no es cuánto vale la tierra, sino cuánto vale un país que no puede decidir sobre su propia agua y sus propios minerales. La "libertad" que pregona el Gobierno parece ser, en este caso, la libertad de los grandes capitales para alambrar el futuro de los argentinos.