El 14 de febrero de 2025, a las 19:01, Javier Milei publicó desde su cuenta de la red social X un código alfanumérico de 44 caracteres. Con ese gesto, lanzó al mercado la criptomoneda $LIBRA. En los 40 minutos siguientes, el precio del token se disparó de 0,21 a 5,54 dólares y la capitalización de mercado llegó a 4.500 millones de dólares. Después, el desplome fue brutal. Operadores vinculados al empresario estadounidense Hayden Davis vaciaron el pool de liquidez. Cuando el polvo se asentó, 75.000 inversores habían perdido 280 millones de dólares. Milei borró su publicación y dijo que simplemente había difundido información que encontró en internet. Un año después, los peritos del propio Estado argentino demostraron que eso no fue lo que pasó.
La Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal, conocida como DATIP, realizó un análisis forense exhaustivo de los dispositivos electrónicos secuestrados al lobista Mauricio Novelli y a otros imputados. Los resultados son devastadores para la versión oficial. El informe confirmó que Milei mantuvo al menos siete comunicaciones con Novelli desde su teléfono personal en las horas críticas del 14 de febrero, sumando 13 minutos y 10 segundos de conversación. El primer llamado de Novelli al Presidente ocurrió a las 18.02, cuando faltaban 59 minutos para que Milei publicara el código del token. A las 18.44 y a las 18.54 Novelli volvió a llamar. Y fue el propio Presidente quien le devolvió el llamado a las 18.56, dos minutos antes del lanzamiento. No fue Novelli buscando a Milei. Fue un intercambio activo, fluido y simultáneo al lanzamiento en ambas direcciones. Ese dato solo destruye el relato de que el Presidente no sabía nada.
Pero el peritaje no se detiene en Milei. Los mismos registros revelan que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, cruzó con Novelli dos conversaciones de WhatsApp y una de Instagram. En la agenda del lobista, la hermana del Presidente aparece guardada bajo el nombre «KARINA MILEI RRPP». El asesor presidencial Santiago Caputo registra al menos 14 comunicaciones con Novelli, la primera de ellas a las 23.37 del mismo 14 de febrero, cuando el escándalo ya estaba en plena ebullición. Demian Reidel, entonces jefe de asesores económicos del Presidente, también aparece en los registros con tres comunicaciones. La cúpula del gobierno estaba en contacto permanente con el lobista en las horas que rodearon la estafa. Y hay más: el peritaje detectó que Milei le adelantó a Novelli que concedería una entrevista al periodista Jony Viale en TN, la primera nota pública con la que el Presidente buscó despegarse del escándalo, y que ambos intercambiaron ideas sobre qué responder y qué callar. Esa entrevista es recordada porque fue interrumpida en vivo por el propio Santiago Caputo para corregir al Presidente.
Los peritos también encontraron algo que los investigados no querían que apareciera: un mensaje que Novelli se envió a sí mismo el 29 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento. Era un archivo de Word. El borrador de un contrato confidencial entre Milei y Hayden Davis. El documento había sido eliminado, pero la DATIP lo recuperó mediante extracción forense. Milei negó públicamente haber firmado ese acuerdo. El fiscal Eduardo Taiano le pidió formalmente a la Secretaría General de la Presidencia, es decir a Karina Milei, que informe si existe una copia de ese documento y que, en caso afirmativo, lo entregue. La respuesta todavía no llegó. En paralelo, el mismo 30 de enero en que Milei se reunió con Davis en la Casa Rosada, registros financieros incorporados al expediente muestran que Davis transfirió 499.999 dólares a una billetera virtual a la hora exacta del encuentro. Cuarenta y dos minutos después, realizó una transferencia de monto similar.
Los imputados intentaron dilatar la causa en todos los frentes posibles. La defensa de Novelli pidió restringir el acceso a las comunicaciones por razones de privacidad. Los querellantes debieron presentar pedidos individuales para acceder al material. Y el fiscal Taiano, que tenía los teléfonos, computadoras y discos rígidos de Novelli y Morales secuestrados desde marzo de 2025, recién solicitó el informe a la DATIP en octubre, siete meses después. Ese retraso encendió las alarmas entre los abogados de las víctimas. El 10 de marzo, la querella del inversor Martín Romeo denunció ante Taiano que el borrador del contrato estaba en poder de la fiscalía desde el 17 de noviembre de 2025, pero que las partes no podían acceder a él dentro del expediente digital. La abogada especialista en corrupción Natalia Volosin, primera citada a declarar en la causa, fue convocada precisamente porque publicó imágenes de ese borrador y los querellantes sospechan que hubo una filtración de información reservada desde adentro del expediente.
Los peritos también hallaron algo que complica aún más el argumento de que Milei era un ignorante en materia cripto: la relación entre el Presidente y Novelli arrancó en 2021. En los dispositivos secuestrados aparecen videos de clases donde Milei se desempeñaba como capacitador en la empresa de Novelli, N&W Professional Traders, junto a registros de una reunión por Zoom entre Javier Milei, Karina Milei y Novelli del 23 de abril de 2021. El argumento del desconocimiento quedó pulverizado por los propios archivos del Presidente.
El frente judicial se abrió también del otro lado del Atlántico, y de manera simultánea por dos vías distintas. El estudio Burwick Law presentó una demanda colectiva ante la corte estadual de Nueva York que luego fue trasladada al fuero federal, quedando bajo la órbita de la jueza Jennifer Rochon. Esa demanda apunta directamente contra Hayden Davis y los operadores del token, pero excluyó deliberadamente a Milei para evitar complicaciones diplomáticas y agilizar el cobro de resarcimientos para las víctimas. La estrategia es clara: ir por Davis y cobrar rápido. Milei, por ahora, no es el blanco de esa acción.
Pero hay otra vía, y esa sí apunta al Presidente. Timothy Treanor, exfiscal federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos y exsupervisor de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, especializado en delitos de cuello blanco, prepara una denuncia penal en el fuero federal con un reclamo de resarcimiento que podría superar los 800 millones de dólares. La teoría jurídica que sostiene esa acción es la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero, aprobada en 2023, que penaliza el soborno de funcionarios extranjeros por parte de ciudadanos o residentes estadounidenses. Treanor sostiene que Milei es imputable en Estados Unidos por un delito federal. El presidente goza de inmunidad mientras esté en el cargo, pero esa protección tiene fecha de vencimiento.
El expediente en Argentina se tramita en Comodoro Py bajo la carátula que nadie en la Casa Rosada quiere ver: Milei, Javier Gerardo y otros s/ cohecho y negociaciones incompatibles. El delito que figura para Karina Milei es cohecho, es decir, recepción de dádivas o coimas. Hay peritos que confirmaron los mensajes, transferencias registradas el mismo día del encuentro con Davis, un contrato que la Fiscalía le pidió al gobierno que entregue y múltiples mensajes borrados de manera definitiva de los que solo se recuperó una parte. Todo forma parte de un expediente judicial formal, no de una acusación política. La pregunta que la causa todavía no responde es cuándo el fiscal Taiano decidirá avanzar con las indagatorias. La respuesta a esa pregunta podría definir el segundo tramo del mandato de Milei.