Por�Que tal tu Día

Lo que el Gobierno de Alfredo Cornejo presenta como un cierre exitoso de la paritaria 2026 es, puertas adentro del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), el inicio de una crisis de representatividad. Este lunes, el plenario provincial terminó con una votación de "empate técnico": 365 votos por la aceptación contra 353 por el rechazo. Una diferencia mínima que no refleja consenso, sino una imposición del aparato sindical sobre el mandato�de las escuelas si se tiene en cuenta la secuencia completa de este proceso.

El dato político que sacude al gremio es contundente: si se restan los votos de la conducción y la estructura jerárquica, el rechazo a la propuesta oficial habría ganado. Mendoza consolida así un esquema salarial� con un 7% para marzo y un 3% para mayo, cifras que mantienen a los docentes mendocinos en los�últimos escalones del ranking salarial nacional.

Denuncias de fraude y "votos fantasma"

La jornada estuvo marcada por un clima de extrema tensión. Delegados de base de diversos departamentos denunciaron que miembros de la conducción provincial votaron a favor de la propuesta gubernamental sin tener mandatos de escuelas que los respaldaran. A esto se sumaron acusaciones de aprietes y maniobras burocráticas, como el retiro estratégico de delegados oficialistas en el momento de la votación para no contabilizar los mandatos de rechazo que traían de sus instituciones.

En departamentos como Las Heras, San Carlos y Godoy Cruz, la negativa a la oferta de Cornejo fue aplastante. En San Carlos, por ejemplo, no hubo un solo voto a favor de la propuesta oficial. Sin embargo, el peso de la "burocracia de los plenarios" terminó inclinando la balanza a favor del Ejecutivo provincial, permitiendo que el gobernador evite el costo político de un aumento por decreto, aunque a cambio de incendiar la relación del sindicato con sus bases.

Un escenario de conflicto abierto

La aceptación de este incremento escalonado no solo es leída como insuficiente frente a la inflación, sino como una capitulación ante un ajuste integral. Mientras se votaba este acuerdo, en las escuelas se denunciaba el cierre de Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT) y una reforma educativa que profundiza la precarización.

La conducción del SUTE, alineada con los tiempos del Gobierno, optó por "administrar la derrota" bajo el argumento de evitar un castigo mayor por parte de la gestión de Cornejo. Pero la realidad en las aulas es otra: el malestar acumulado por el ítem aula, la pérdida de antigüedad y los salarios por debajo de la línea de pobreza auguran un ciclo lectivo de alta conflictividad. La paritaria se cerró en los papeles, pero en las escuelas el conflicto acaba de empezar.