La cordillera de los Andes no es solo un paisaje de postal; es el tanque de agua de la Argentina. Sin embargo, para el actual oficialismo y los sectores extractivos, parece ser el último obstáculo para un negocio de miles de millones de dólares. La Ley de Glaciares, sancionada en 2010 tras una lucha histórica de comunidades y ambientalistas, está hoy en el centro de una batalla legislativa que define mucho más que una norma técnica: define quién tiene derecho al agua.
¿Qué se propone cambiar y por qué?
El núcleo de la reforma oficialista apunta a achicar el área de protección. Actualmente, la ley protege no solo al glaciar (la masa de hielo visible), sino también al ambiente periglacial. Este último funciona como un regulador hídrico fundamental: son suelos congelados y glaciares de escombros que, aunque no parezcan un témpano azul, alimentan los caudales de los ríos en las épocas de sequía.
El proyecto del Ejecutivo propone tres ejes que encienden las alarmas:
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Reducción de criterios: Solo se protegerían glaciares que cumplan con dimensiones considerables, dejando fuera a miles de cuerpos de hielo menores que son vitales para la recarga de cuencas.
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El "negocio" de las provincias: Se busca transferir a los gobernadores la potestad de decidir qué áreas son protegidas. En provincias con fuerte lobby minero, esto equivale a "poner al lobo a cuidar las ovejas".
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Habilitación extractiva: El objetivo final es permitir la actividad minera e hidrocarburífera en zonas hoy prohibidas, donde el riesgo de contaminación de fuentes de agua dulce es irreversible.
La crítica científica y el "retroceso ambiental"
Desde el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) y diversas ONG como la Asociación de Abogados Ambientalistas, el mensaje es unánime: la reforma es inconstitucional. Viola el principio de "no regresión" ambiental, que impide que una ley nueva dé menos protección que la anterior en temas de derechos humanos y naturaleza.
"Es como proteger el hielo pero apagar el freezer", grafican los especialistas. Si se destruye el ambiente periglacial que rodea al glaciar, este termina por derretirse más rápido. En un país que ya sufre estrés hídrico y donde glaciares como el Martial Sur en Ushuaia ya se declaran extintos, flexibilizar la ley parece una apuesta suicida a largo plazo.
El rugido de las calles
Las manifestaciones no tardaron en aparecer. En San Juan, Mendoza y Buenos Aires, asambleas ciudadanas han vuelto a las plazas bajo el lema "El agua vale más que el oro". El rechazo social es el principal dique de contención frente a un avance legislativo que busca ser "exprés". Las comunidades cordilleranas, que dependen directamente de estos deshielos para su agricultura y consumo humano, son las que lideran la resistencia.
La política argentina se encuentra ante una disyuntiva ética y estratégica. ¿Priorizará la entrada de divisas inmediatas a costa de hipotecar las reservas de agua dulce más importantes del Cono Sur?.
