El relato oficial de la transparencia acaba de recibir un duro golpe de realidad desde el exterior. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025/2026, el termómetro más respetado a nivel mundial, confirmó que Argentina empeoró su calificación: obtuvo solo 36 puntos sobre 100, un retroceso que nos hunde en la tabla general frente a naciones que históricamente tenían instituciones más débiles.
Lo que más duele en los despachos oficiales no es solo la caída de cinco casilleros (del puesto 99 al 104), sino la comparación regional. Mientras Uruguay (73 puntos) y Chile se mantienen como los alumnos ejemplares del Cono Sur, Argentina se desbarranca y queda incluso por debajo del promedio de las Américas, que es de 42 puntos. Hoy, la transparencia argentina rinde menos que la de República Dominicana o Zambia, un dato que demuele cualquier pretensión de liderazgo institucional en la región.
El diagnóstico de la opacidad
Desde Poder Ciudadano, el capítulo local de Transparencia Internacional, fueron lapidarios. Su director, Pablo Secchi, vinculó este descenso directamente a la "ausencia total de interés del Gobierno en impulsar políticas anticorrupción". El informe pone la lupa sobre varios escándalos que han salpicado la gestión libertaria, como los casos de $LIBRA y las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que terminaron con el procesamiento de funcionarios.
Pero el problema no son solo los casos aislados de presunta corrupción, sino el desmantelamiento de los frenos y contrapesos. La parálisis en las designaciones de la Auditoría General de la Nación (AGN) y las restricciones impuestas por decreto al acceso a la información pública son vistas por los auditores internacionales como una señal clara: el Estado argentino está cerrando sus ventanas a la mirada ciudadana.
¿Un país "más corrupto" para el mundo?
Para los analistas internacionales, Argentina está en una "pendiente peligrosa". Al compartir el puesto 104 con países en situación de guerra o crisis profunda como Ucrania, la señal que se envía a los mercados y a los organismos de crédito es de una precariedad institucional alarmante. En este escenario, la promesa de atraer inversiones bajo la bandera de la "libertad" choca con la realidad de un sistema que, según los datos, se percibe cada vez más opaco y menos confiable.
