Por: Que tal tu Día

La Cámara de Senadores se convirtió hoy en el epicentro de un terremoto legislativo. En medio del tratamiento de la reforma laboral, el senador de La Libertad Avanza por Chaco, Juan Cruz Godoy, reveló la inclusión de un articulado que altera radicalmente un derecho histórico en Argentina: la percepción del salario íntegro durante las licencias por enfermedad o accidente inculpable (aquellos que ocurren fuera del ámbito laboral).

De aprobarse esta modificación, el sistema de protección del trabajador se fragmentaría bajo un nuevo concepto de "responsabilidad compartida". Según el anuncio oficial, si un empleado sufre un percance derivado de una "actividad voluntaria" (como realizar un deporte o una actividad de riesgo personal), el empleador solo estaría obligado a abonar el 50% de su salario. En casos de enfermedades consideradas "involuntarias", el pago se reduciría al 75%.

El fin de la protección total

Hasta la fecha, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) ha sido tajante: el trabajador debe cobrar el 100% de su remuneración habitual, incluyendo los aumentos que se otorguen a sus compañeros de categoría durante su ausencia. La propuesta de Godoy rompe con este principio de justicia social, bajo el argumento de que el empleador no debe cargar con el costo total de un siniestro ajeno a la productividad de la empresa.

"Si el trabajador se lesiona jugando al handball, el empleador tiene que afrontar el costo del lesionado y el de uno nuevo", sentenció el senador Godoy en el recinto, justificando que en estos casos el empleado debe asumir parte del costo económico de su recuperación.

Escenarios y plazos: ¿Cómo quedaría el esquema?

La reforma no solo afecta el bolsillo, sino que mantiene (o redefine según la interpretación reglamentaria) plazos estrictos de cobertura:

Incertidumbre y críticas

El anuncio generó un rechazo inmediato en los bloques opositores y sindicatos, quienes denuncian que la medida es "regresiva" y que castiga al trabajador por su vida privada. Además, la ambigüedad sobre qué se considera "actividad voluntaria riesgosa" abre una puerta peligrosa a la judicialización y a criterios subjetivos de las empresas para retener haberes.

Por ahora, el proyecto sigue en discusión, pero la inclusión de estos artículos —que no figuraban en el borrador original consensuado— pone en duda el apoyo de los sectores "dialoguistas" en la votación final.