Por: Que tal tu Día
La ciudad de Ushuaia se convirtió en las últimas horas en el epicentro de un sismo político y diplomático. Un Boeing C-40 Clipper, perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y operado bajo el Comando de Movilidad Aérea (código "Reach"), aterrizó en el Aeropuerto Internacional "Malvinas Argentinas" bajo un manto de silencio por parte del Gobierno Nacional.
Fuentes extraoficiales y reportes de la prensa local confirman que la aeronave trasladó a una delegación bipartidista del Congreso de EE. UU., encabezada por Morgan Griffith, miembro clave del Comité de Energía y Comercio. Aunque la Embajada estadounidense deslizó que se trata de una misión civil para tratar temas de minerales críticos y medio ambiente, el despliegue militar y la falta de un comunicado formal de la Casa Rosada han encendido las alarmas.
Un puerto en disputa
El episodio no ocurre en el vacío. Hace apenas cinco días, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses. La medida, justificada por presuntos desvíos de fondos y fallas en la infraestructura, fue calificada por el gobernador Gustavo Melella como un "avasallamiento a la autonomía provincial".
La coincidencia temporal entre la toma de control nacional del puerto —puerta de entrada estratégica a la Antártida— y la llegada de la delegación de Washington ha alimentado especulaciones sobre un posible acuerdo logístico de alto nivel entre la administración de Javier Milei y el gobierno de Donald Trump.
Reacciones y hermetismo
Mientras el personal de la Prefectura Naval custodia el acceso a las áreas logísticas del puerto tras la intervención, sectores de la oposición y excombatientes de Malvinas han expresado su "creciente preocupación" por lo que consideran una entrega de soberanía en el Atlántico Sur. Por su parte, el Gobierno nacional mantiene el hermetismo, limitándose a la ejecución administrativa de la intervención firmada por Iñaki Arreseygor.
