Por: Que tal tu Día
En el primer Boletín Oficial de 2026, el Poder Ejecutivo sacudió el tablero institucional con el DNU 941/2025, que modifica sustancialmente la Ley de Inteligencia Nacional (25.520). La medida no solo consolida la estructura de la SIDE creada el año pasado, sino que le otorga herramientas operativas y financieras que han despertado una inmediata polémica en el arco político y jurídico.
Una estructura de control total
La reforma establece que la SIDE será el órgano rector de dos nuevas comunidades: la Comunidad de Inteligencia Nacional y un renovado Esquema Informativo del Estado. Bajo su órbita, diversas agencias nacionales (como Migraciones, Aduana, el Renaper y la Comisión Nacional de Energía Atómica) deberán compartir información estratégica de manera obligatoria.
Uno de los puntos más controvertidos es la redefinición de la contrainteligencia. El nuevo texto faculta a los agentes a investigar la "fuga de información clasificada", una disposición que gremios de prensa y organismos de derechos humanos denuncian como una herramienta potencial para perseguir al periodismo y a funcionarios críticos.
El regreso de las "aprehensiones"
Rompiendo con la tradición civilista de las últimas dos décadas, el DNU habilita al personal de inteligencia a proceder a la aprehensión de personas en casos de flagrancia o por auxilio judicial. Aunque la norma obliga a dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad, las voces críticas señalan que esto borra la frontera entre inteligencia (recolección de información) y seguridad (acción policial), prohibida expresamente desde la reforma de 2001.
La batalla por los fondos reservados
En paralelo a la estructura, el Ejecutivo dispuso una ampliación presupuestaria para la SIDE de más de $7.300 millones, sumándose a los refuerzos otorgados durante 2025. Lo que genera mayor fricción es que el grueso de estos fondos mantiene el carácter de "gastos reservados", lo que limita el control parlamentario sobre en qué se gasta el dinero de los contribuyentes.
Voces en contra: "Un cheque en blanco"
La reacción de la oposición no se hizo esperar. Sectores de Unión por la Patria y la UCR han calificado la medida como un "retroceso democrático".
• Críticas institucionales: Constitucionalistas advierten que una reforma de esta magnitud debería pasar por el Congreso y no ser impuesta por DNU.
• Preocupación por la militarización: La disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar para concentrar sus funciones en el Estado Mayor Conjunto es vista como un paso hacia la intervención de militares en cuestiones internas.
• Transparencia: "Estamos ante un sistema que busca opacidad en lugar de profesionalismo", señalaron desde bloques opositores, quienes ya anticipan que buscarán rechazar el decreto en las cámaras.
