Por: Que tal tu Día
La retórica oficial del gobierno de Javier Milei ha sido implacable contra las leyes laborales actuales. Manuel Adorni, hoy Jefe de Gabinete, ha sido uno de los voceros más fervientes al calificar el sistema vigente como "arcaico" y denunciar una supuesta "mafia de los juicios laborales" que, según el discurso oficial, asfixia a las pymes. Sin embargo, los registros judiciales revelan una realidad personal que contradice su prédica política: Adorni utilizó esas mismas leyes para obtener una compensación económica de aproximadamente 60.000 dólares.
El origen de la demanda
La causa se remonta a una demanda iniciada por Adorni contra la empresa Mapemfi S.A. (concesionaria oficial de Renault), donde trabajó durante casi 15 años. En su presentación judicial, el hoy funcionario denunció prácticas que hoy su propio espacio político busca flexibilizar o eliminar de las sanciones:
• Trabajo "en negro": Adorni declaró que percibía una suma fija mensual fuera de registro.
• Irregularidades en la registración: Afirmó que su fecha de ingreso real fue dos años antes de la que figuraba en los papeles.
• Falta de aportes: Reclamó que esta modalidad le impidió cobrar correctamente aguinaldos, vacaciones y realizar aportes a la seguridad social.
Del reclamo al cobro millonario
En 2017, el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 66 dio curso al reclamo. El conflicto finalizó con un acuerdo conciliatorio en el que la empresa se comprometió a pagarle 1.000.000 de pesos. Al tipo de cambio de ese momento (alrededor de 16 pesos por dólar), la cifra representaba unos 63.000 dólares.
Hoy, desde su posición de poder, Adorni presenta la "modernización laboral" como una urgencia nacional. El proyecto que defiende busca, entre otros puntos:
1. Eliminar las multas por trabajo no registrado (justamente las que engrosaron su indemnización).
2. Implementar un fondo de cese laboral para sustituir las indemnizaciones por despido.
3. Reducir la responsabilidad solidaria de las empresas principales sobre sus contratistas.
¿Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hice?
La filtración de este antecedente ha generado un fuerte impacto en el arco sindical y político. Los críticos señalan la contradicción ética de un funcionario que se benefició de la protección del Estado y las leyes laborales "proteccionistas" para resguardar sus derechos, pero que ahora trabaja activamente para que otros trabajadores no tengan la misma posibilidad de defensa ante el empleo informal.
